La información suministrada recientemente por el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) junto con la incluida en la memoria anual del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios (FGDEC) posibilita calcular el volumen total y la composición de los recursos movilizados para hacer frente a la reciente crisis bancaria española. Según tales fuentes, en el periodo 2008-2016 se han empleado o comprometido fondos por un importe de 293.398 millones de euros (cuadro 1). El grupo BFA-Bankia, no hace falta casi decirlo a estas alturas, ha sido la entidad que ha recibido un mayor volumen de apoyos en términos absolutos (¡¡¡ 60.000 millones de euros ¡¡¡) mientras que Catalunyabanc (26.000 millones) y Banco de Valencia (19.600 millones) lo han sido en términos relativos. No es preciso tampoco recordar que la mayor parte de los recursos han sido aportados por el Sector Público (259.354 millones de euros) y que en el cómputo anterior no están incluidos los quebrantos que han experimentado accionistas y tenedores de instrumentos híbridos.

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La tipología de los apoyos es ciertamente dispar; 19.342 millones de euros se gastaron en adquirir activos financieros de elevada calidad a una cincuentena de entidades, que pudieron así paliar los problemas de liquidez que acarreó el cierre de los mercados mayoristas. El mismo objetivo –paliar la falta de liquidez- fue la razón de ser de las líneas de crédito extraordinarias por un importe de 16.300 millones de euros que otorgaron el Banco de España y el FROB a principios de la crisis a algunas entidades (Caja Castilla La Mancha, Cajasur, Banco Gallego, CAM y Banco de Valencia); 161.676 millones de euros son avales concedidos por el Estado a entidades de crédito y más recientemente a la Sociedad para la Adquisición de Activos procedentes de la Reestructuración de Activos (SAREB) para facilitar la colocación de sus emisiones de deuda; 63.687 millones de euros son el capital que se ha inyectado en las entidades en crisis y en la SAREB; 28.667 millones de euros son los comprometidos en esquemas de protección de pérdidas otorgados a las entidades en crisis (o a sus compradores) y 3.726 millones otras ayudas tales como la cobertura de los costes que pueda acabar generando la mala comercialización de instrumentos híbridos. Como señala con acierto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, estos tres últimos tipos de apoyos son más distorsionadores que el resto por su más difícil reversibilidad, razón por la cual están sujetos a previa autorización por las autoridades.

En el momento de redactar estas líneas (finales de octubre de 2016) no existe ya el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAFF), liquidado con beneficios a mediados de 2012. Todas las líneas de crédito extraordinarias han sido asimismo canceladas tras la recapitalización/venta de las entidades beneficiarias. Se han recuperado también la práctica totalidad (109.836 millones de euros) de los avales concedidos a bancos y cajas y se ha reducido en 7.305 millones el saldo vivo de avales en poder de la SAREB. En el frente de las inyecciones de capital, y como bien recuerda el Banco de España, se ha recuperado 3.990 millones de euros gracias a los retornos generados por Banca Cívica (977 millones), Catalunya Banc (782 millones), NCG (783 millones), Liberbank (124 millones), Ibercaja (20 millones) y Bankia (1.304 millones).   Se han recuperado también 673 de los 1.803 millones de euros que el FGDEC invirtió en la adquisición a tenedores de instrumentos híbridos de las acciones que recibieron a cambio de tales instrumentos. Si añadimos a las partidas anteriores los intereses cobrados por la subscripción de preferentes y otros instrumentos (1.351 millones de euros según el FROB) se habría recuperado ya algo más de la mitad (158.797 millones de euros) de los recursos comprometidos.

Desconocemos cuánto más se va a recuperar, pero podemos dar por hecha (entre otras razones porque vence en marzo del 2017) la no ejecución y, por tanto, la cancelación del aval por valor de 1.059 millones de euros concedido en 2012 al Banco CAM, y el repago (991 millones de euros) de los bonos obligatoriamente convertibles del Banco CEISS y el Grupo Caja 3. A partir de aquí entramos en “terreno desconocido”; Esto es, no sabemos si la SAREB será capaz de devolver los avales pendientes y el capital, ni cuál será el coste final de los esquemas de protección de activos (el último cálculo estima que las perdidas serán de 10.390 millones de euros, menos de la mitad que el máximo aprobado) ni por supuesto cuanto aportarán las desinversiones en Bankia (su valor de mercado en estos momentos es de 7.800 millones de euros, de los que el 65% corresponde al FROB) y BMN. Lo que sí sabemos es que están en juego nada y nada menos que 134.000 millones de euros, de los cuales cien mil millones serían de naturaleza pública.

 

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