En los múltiples debates que ha generado esta crisis financiera sobre qué es necesario cambiar y cómo, las agencias de rating son un tema recurrente. Su papel fue fundamental en la génesis de la crisis y lo está siendo en su resolución, y en los dos momentos rodeado de una intensa polémica. En lo que respecta a la génesis, la crisis de las subprime en EE UU evidenció fallos generalizados de prevención y evaluación de riesgo a los que las grandes agencias de rating no supieron anticiparse. Ahora, cuando muchas economías tratan de recuperar el pulso, las mismas agencias golpean con virulencia y reducen sus perspectivas sobre la capacidad de recuperación y repago de algo habitualmente tan seguro como la deuda soberana. ¿Hasta qué punto están legitimadas?
Críticas al margen, la calificación crediticia es un pilar fundamental para la monitorización de la estabilidad financiera, la creación de precios y la evaluación de riesgos. Eso sí, se trata al fin y al cabo de un mercado, un mercado con fallos. Entre ellos, cabe destacar varios. Es una industria excesivamente concentrada a escala internacional, dominada por las tres grandes (Moody’s, Standard & Poor y Fitch). Para dar respuesta a esta elevada concentración de poder, se está considerando como una opción factible que merece la pena intentar crear agencias nacionales capaces de competir con las tres grandes. También hay fallos en el sistema de incentivos, muy importantes. En particular, la fijación de precios de las agencias de rating es uno de los aspectos que precisa de una intensa revisión. Aun cuando buena parte de las comisiones que estas agencias cobran están prefijadas, muchas de ellas están sometidas a negociación en la práctica, lo que entraña una incidencia potencial sobre la calificación obtenida en función de la cantidad desembolsada.
Además, está demostrada la existencia de prácticas de «rating shopping», mediante las cuales si el emisor no está contento con la calificación conseguida, puede intentar obtener otra de otra agencia más favorable. Junto a estas prácticas, existe un grado importante de incertidumbre sobre quién, cómo y bajo qué criterios se elaboran estos rating.
La perspectiva de España es muy importante en estas cuestiones por dos razones. Junto a otras economías periféricas europeas, las agencias de rating han sido especialmente duras e inflexibles en sus decisiones respecto a la calificación de nuestra deuda soberana, con decisiones a destiempo y desacompasadas respecto al ritmo de reformas que se desarrollan en España. La segunda razón es porque en España, como en otros países europeos, hay margen para unir a algunos proveedores en la industria de la información empresarial y crear una agencia de calificación de dimensión suficiente que pueda competir a escala europea.
Estas y otras cuestiones las he comentado con algo más de extensión en un artículo que he publicado hoy en El Pais para quien pueda ser de interés:

http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Claves/futuro/agencias/rating/elpepueconeg/20110410elpneglse_11/Tes.

Pronto volverá el debate y esperemos que con nuevos aires y decisiones sobre estas importantes agencias.

2 Comentarios

  1. Si efectivamente las agencias son necesarias para el ordenado funcionamiento del sistema financiero, también deberían estar sometidas a un control exhaustivo, para evitar que operen en función de los intereses de sus clientes, de forma exclusiva, sin tener en cuenta otras circunstancias ni condiciones, como por ejemplo la incidencia de sus decisiones en la economía de países enteros.

    Por eso, considero que las querellas presentadas contra ellas por presuntos delitos, como por ejemplo en España, están justificadas, y las apoyo.

    Quien así también lo piense, puede apoyarla y difundirla:

    http://actuable.es/peticiones/apoyo-querella-contra-agencias-calificacion-moody-s

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