Abundando en la expropiación de YPF, Rogelio Velasco, Profesor en la IE Business School, nos envía esta nueva entrada.

La decisión del Gobierno argentino de expropiar las acciones de Repsol en YPF representa un duro golpe para los intereses de las empresas españolas en Argentina y en otros países de América Latina. No es sólo Repsol y quizás no sea sólo Argentina. Hace sólo unos días, se produjo una caída de la red de Movistar en Buenos Aires que mantuvo sin conexión a los abonados durante algunas horas. El Gobierno argentino advirtió que impondría la multa máxima a la operadora española. Esta decisión del Ejecutivo argentino puede alentar a otros gobiernos populistas americanos a hostigar a empresas extranjeras que suministran servicios básicos en los países. La expresión «esta empresa es nuestra -YPF-  sólo que tiene inversores extranjeros» muestra el punto de vista del Gobierno argentino. El suelo y el subsuelo tienen un especial valor sentimental para los ciudadanos, al asociar esos elementos a la patria y sus habitantes. Las compañías mineras y petroleras son las que más sufren las decisiones económicas populistas de los gobiernos. Y todos los gobiernos peronistas son populistas.
Hasta hace pocos años, al viajar por zonas rurales y alejadas, las gasolineras de YPF, con sus banderas, eran el único símbolo que mostraba al viajante que se estaba en ese país. YPF tiene un gran valor sentimental para los argentinos.  El atropello que ha sufrido Repsol es inadmisible. Mucho más si se tiene en cuenta que dio entrada a uno socio local -para mejorar las relaciones con el Gobierno- al que le concedió un crédito que ha ido pagando con los propios dividendos obtenidos. Un negocio redondo.
Repsol tendrá que acudir a un organismo internacional -dependiente del Banco Mundial-  para denunciar la expropiación. Otras empresas españolas tienen experiencia. Telefónica ya demandó al Gobierno hace años, ganó el juicio, pero perdonó los 2.500 millones de dólares que demandaba (por la congelación ilegal de tarifas) para mantener buenas relaciones. Otras, empresas francesas, norteamericanas y españolas han tenido que marcharse de Argentina porque los contratos firmados con el Gobierno central, autoridades provinciales o ayuntamientos, no han sido cumplidos por decisiones unilaterales, haciendo inviable la prestación de los servicios.
El Gobierno español debe tener cuidado a la hora de adoptar medidas de réplica por la satrapía cometida. España es el primer inversor en ese país. Muchas de sus empresas operan en sectores regulados por el gobierno. Telecomunicaciones, Televisión, Electricidad, etc. Una réplica española, seguida por otra del Gobierno argentino y a continuación otra, puede desembocar en una espiral muy destructiva. YPF carece de los recursos financieros, del capital humano y de la tecnología para la explotación de los nuevos yacimientos en varias provincias. El Gobierno tendrá que explicar ahora cómo va a llevarlo a cabo. Aunque no les guste y la mayoría no lo reconozca, Argentina funciona, en gran medida, gracias a las multinacionales que operan la telefonía, electricidad, aguas, etc. Antes de su entrada los servicios eran, sencillamente, catastróficos.
Argentina presume de ser un país que pertenece al primer mundo, al mundo desarrollado. Hechos de este tipo demuestran que todavía les queda un largo camino que recorrer para pertenecer a ese club.

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