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Por Mª Dolores Garza Gil y Manuel M. Varela Lafuente de la Universidad de Vigo.

 

Las condiciones de acceso a los recursos marinos y de explotación de los mismos y la suma de acciones individuales ha conducido a dos problemas económicos fundamentales: la sobrepesca en muchos recursos marinos, en situaciones alejadas del punto de lo que se conoce como rendimiento máximo sostenible de los stocks de peces (la cantidad máxima que se puede capturar dadas las condiciones naturales del stock); y la ineficiencia económica ligada al exceso de esfuerzo pesquero (sobre-dimensión de flota y regulación no suficientemente adecuada). Ambas cuestiones están presentes también en la pesca europea. La Comisión Europea ha reconocido en los últimos años unos resultados mediocres en la gestión de estos recursos y ha puesto en duda con ello algunos de los fundamentos de la política de conservación seguida hasta entonces. Una lectura en clave económica nos permite separar las dos partes principales del problema: recursos inadecuadamente explotados (con poblaciones alejadas de posiciones de rendimiento máximo) y flotas pesqueras ineficientes (mantenidas en buena medida por programas de ayuda socialmente costosos).

En este contexto, se planteó la nueva reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que ha entrado plenamente en vigor el pasado año. Los cuatro objetivos fundamentales que persigue son los siguientes: garantizar la sostenibilidad ecológica; simplificar la regulación a partir de un fuerte núcleo decisor pero con más descentralización en la implementación de las medidas; diseñar sistemas de gestión basados en derechos de pesca; y desarrollar la sensibilidad hacia la diversidad de pesquerías y pescadores.

Centrándonos, precisamente, en la conservación de los recursos marinos, las directrices básicas que se definen son, a nuestro entender, las cinco siguientes: Establecer Planes Plurianuales, bajo criterios de sostenibilidad, como elemento clave de la conservación de los recursos vivos en aguas comunitarias; A partir de ellos, las posibilidades de pesca y los criterios de asignación por países seguirán determinados por el sistema de totales de capturas (TACs) y cuotas; En coherencia con esto, se debe adaptar la capacidad pesquera (buques y características de los mismos) a las posibilidades de pesca disponibles, incluyendo incentivos a la selectividad y la adaptación a las nuevas medidas de gestión de capacidad; Prohibición de los descartes (obligación de desembarque) y minimización de capturas no deseadas, para lo que también se aplicará la adaptación de los buques mencionada en el punto anterior (hasta ahora especies y tamaños no autorizados deberían ser devueltos al mar); y Establecimiento de sistemas de concesiones de pesca transferibles, como elemento importante para la gestión de capacidad.

Podemos detenernos algo más en los puntos principales. Respecto a los Planes Plurianuales, se consideran el elemento clave para mantener los recursos en niveles para producir el rendimiento máximo sostenible, resaltándose que la conservación de los mismos es el pilar fundamental para alcanzar los objetivos de la PPC. Respecto a TACs y cuotas, la PPC sigue aplicando el principio de proporcionalidad (Principio de Estabilidad Relativa) y anualmente establecerá las posibilidades de pesca en aguas de la UE, en principio por especie y área; esas cantidades se distribuirán entre los Estados miembros según criterios de asignación medioambientales, sociales y económicos (en la práctica, se mantiene la proporcionalidad por país a través de cuotas). Respecto a la eliminación de los descartes y reducción de capturas no deseadas, se ha ido implementando de forma gradual en los últimos años hasta su total eliminación en 2019. Y en relación a los sistemas de concesiones transferibles y ajuste de capacidad, los Estados miembros pueden establecer un sistema de cuotas transferibles de pesca y aplicar a lo largo del tiempo medidas para ajustar la capacidad pesquera de su flota a sus posibilidades de pesca, con el objetivo de lograr un equilibrio estable y duradero entre ambas.

En resumen, la nueva Política Pesquera Común:

   .Garantiza la sostenibilidad ecológica a largo plazo, condición sine qua non para que todo lo demás funcione adecuadamente. No obstante, algunos aspectos esenciales quedan algo difusos: cómo concretar el enfoque ecosistema, cómo abordar los eventuales impactos del cambio climático, o cómo articular incentivos sobre estrategias de pescadores.

   . Simplifica la regulación y fortalece el núcleo decisor central. Esta posición, interesante desde la perspectiva de la reducción de costes de transacción y de la eficiencia económica, está muy relacionada con la visión que parece dominante en la CE sobre carácter y conducta de los Estados miembros. Se descentralizan soluciones a nivel regional, pero se preserva para la Comisión la gran palanca del control y sanción. Es decir, se trata de ser fuerte en los principios generales (sostenibilidad) y flexibles en la parte operativa, trasladando acuerdos que permitan buscar eficiencia económica a los acuerdos regionales y a las estrategias empresariales.

   . Refuerza la condicionalidad, flexibilidad y vínculos financiación-objetivos. La PPC avanza en esta línea para mejorar las formas de gasto de los Estados, la adaptación a situaciones cambiantes, evitar efectos secundarios y mejorar la viabilidad económica.

   . Establece sistemas de gestión basados en derechos de pesca, con cláusula de responsabilidad (que penaliza o premia, quitando o asegurando derechos de pesca para el futuro). Ello partiendo del supuesto de que las empresas pesqueras son también responsables de la sostenibilidad del recurso público, ya que se benefician de él. Pagan por ello y, simultáneamente, se benefician si los resultados de su gestión son positivos.

   . Desarrolla la sensibilidad hacia la diversidad de pesquerías y pescadores. En un escenario marítimo tan amplio e institucionalmente tan complejo como el comunitario, debe haber una gran sensibilidad hacia los diversos tipos de pesquerías, de pescadores y de actividades relacionadas. Esto implica un esfuerzo de adaptación en la búsqueda de soluciones para cada escenario, de manera que se eviten pérdidas de identidad y de posibilidades socialmente valiosas (que podrían ser irrecuperables en caso de abandono).

La asunción de principios y directrices de la PPC y de la iniciativa del Blue Growth pueden ayudar para avanzar en esta dirección hacia una gestión sostenible de los recursos marinos y con más garantías para la propia actividad pesquera.