Por Hugo Cruces (European Commission, Joint Research Centre y EQUALITAS), Adrián Hernández (Universidade de Vigo y EQUALITAS) y Edlira Narazani (Center for Research on Pensions and Welfare Policies, Turín)
Imagine que recibe una prestación pública de 600 euros al mes por no tener ingresos. Le ofrecen un empleo a tiempo parcial que le reportaría 400 euros mensuales, pero cada euro que gana se descuenta íntegramente de la prestación. ¿Lo acepta? Es posible que piense que no merece la pena. Este era, precisamente, un problema de diseño del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en su configuración original de 2020. Un tipo marginal efectivo del 100 % para los beneficiarios que empezaban a trabajar podría constituir, en la práctica, una trampa de inactividad.
El IMV nació en plena pandemia como la primera prestación nacional de garantía de ingresos mínimos en España, un país donde este tipo de protección había estado históricamente fragmentada entre las Comunidades Autónomas a través de las Rentas Mínimas de Inserción. Su cuantía se calcula como la diferencia entre el umbral de renta garantizada y los ingresos del hogar, proporcionando un nivel de ingreso mínimo a los hogares más vulnerables. Sin embargo, su diseño inicial no contemplaba adecuadamente los incentivos al empleo. Cada euro ganado en el mercado laboral se traducía en un euro menos de prestación, un problema bien documentado en la literatura económica sobre políticas de transferencias condicionadas por renta.
La reforma de septiembre de 2022: un incentivo para compatibilizar empleo y prestación
Consciente de esta limitación, el Gobierno introdujo en septiembre de 2022 el denominado incentivo al empleo, un mecanismo de exención de ingresos laborales a la hora de calcular la cuantía de la prestación. Este mecanismo permite a los beneficiarios del IMV que aumenten sus ingresos laborales conservar total o parcialmente la prestación durante un periodo de hasta dos años. En concreto, si los ingresos laborales adicionales no superan el 60 % de la renta garantizada del IMV, se ignoran completamente en el cálculo de la prestación. En la práctica esto significa que, para un hogar unipersonal, los primeros 400 euros de ingresos mensuales (aproximadamente) no reducen la prestación.
Además, la reforma diferencia entre perfiles de beneficiarios: las familias con hijos reciben un tratamiento más favorable que los hogares sin menores, reflejando tanto sus mayores necesidades como las barreras adicionales que afrontan para acceder al empleo. Por ejemplo, un hogar monomarental donde la progenitora no trabajaba previamente puede ver exento hasta un 40 % del incremento de sus ingresos, frente al 30 % de un adulto sin hijos en la misma situación.
Este tipo de mecanismos no es una novedad en Europa. Países como Bélgica, Estonia, Grecia, Italia y Finlandia han incorporado fórmulas similares en sus esquemas de renta mínima. La evidencia sugiere que este tipo de mecanismos incrementan los efectos positivos de los sistemas de ingresos mínimos.
¿Qué nos dicen las simulaciones?
Para anticipar los posibles efectos de esta reforma, en nuestro artículo utilizamos dos modelos de microsimulación: EUROMOD, el modelo de impuestos y prestaciones de la Unión Europea, y EUROLAB, un modelo de oferta laboral que permite estimar cómo reaccionan los hogares ante cambios en sus restricciones presupuestarias. Ambos modelos se alimentan con microdatos representativos de la población española (EU-SILC 2022).
Encontramos que la reforma genera aumentos de oferta laboral, concentrados en los hogares de menor renta. Las mujeres del primer quintil de renta aumentarían su participación laboral (margen extensivo) un 2,6 %, y los hombres un 1,8 %. Al desagregar por tipo de hogar estimamos que los hogares monomarentales incrementan su participación un 2 % y las horas trabajadas (margen intensivo) un 1,6 %. Para los monoparentales, tanto la participación como las horas aumentan en torno a un 0,6 % (ver Tabla 1).
Un resultado especialmente relevante es que la mayor parte del aumento de empleo se canaliza a través del trabajo a tiempo parcial. Esto tiene sentido: un empleo a tiempo completo haría que la mayoría de los hogares superasen el umbral de renta garantizada del IMV, perdiéndolo por completo. El empleo a tiempo parcial, en cambio, permite combinar salario y prestación, suponiendo un aumento del ingreso disponible del hogar comparado con la situación pre-incentivo. Las madres de hogares monomarentales muestran la reacción más intensa, con un aumento de su participación en trabajos a tiempo parcial del 5,3 %.
Tabla 1. Cambios estimados en la oferta laboral por tipo de hogar y género (Δ % respecto al escenario base)
| Tipo de hogar | Horas (Hombres) | Horas (Mujeres) | Participación (Hombres) | Participación (Mujeres) |
| Pareja con hijos | +0,31 % | +0,09 % | +0,34 % | +0,10 % |
| Pareja sin hijos | +0,04 % | +0,03 % | +0,05 % | +0,04 % |
| Monomarental con hijos | +0,55 % | +1,58 % | +0,62 % | +2,00 % |
| Adulto/a sin hijos | +0,08 % | +0,35 % | +0,11 % | +0,53 % |
| Total | +0,18 % | +0,22 % | +0,21 % | +0,29 % |
Fuente: elaboración propia con EUROMOD y EUROLAB, datos EU-SILC.
Limitado efecto distributivo
Más allá de los efectos sobre el empleo, la reforma tiene ciertas implicaciones distributivas. Nuestras simulaciones sugieren que el coeficiente de Gini se reduce muy ligeramente, y que la tasa de riesgo de pobreza (AROP) también desciende de forma limitada. La reducción es más apreciable cuando se utiliza un umbral de pobreza del 40 % de la mediana (pobreza extrema), pues es más próximo al umbral de renta garantizada del IMV: en ese caso, la tasa AROP cae 0,3 puntos porcentuales. También se observa una caída en la pobreza laboral, es decir, la situación de personas que, a pesar de estar empleadas, se encuentran por debajo del umbral de pobreza.
El elefante en la habitación: el bajo take-up
Es importante interpretar estos resultados con cautela. Nuestras estimaciones asumen una implementación completa del IMV, es decir, que todos los hogares elegibles efectivamente lo solicitan y lo reciben. Sin embargo, la realidad dista de este supuesto: según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), aproximadamente un 56 % de los hogares elegibles no reciben la prestación. Este bajo take-up es, quizá, el principal obstáculo para que el IMV cumpla plenamente su función, y convierte nuestros resultados en estimaciones del límite superior de sus posibles efectos reales.
Además, el incentivo al empleo tiene una duración limitada a dos años desde el primer incremento de ingresos. Esta limitación temporal puede condicionar las decisiones de los beneficiarios. Tampoco debemos olvidar que el empleo a tiempo parcial, siendo la vía principal por la que opera la reforma, no siempre es una elección voluntaria en España: la parcialidad involuntaria es un fenómeno extendido, especialmente entre las mujeres, y las transiciones de empleo parcial a tiempo completo no siempre se materializan.
Un paso en la dirección correcta
La reforma del IMV de 2022 representa un intento de conciliar protección social y empleo: mantener la red de seguridad para los más vulnerables y, al mismo tiempo, eliminar la penalización monetaria implícita que podría generar una trampa de inactividad.
Nuestros resultados sugieren que la reforma va en la dirección correcta, aunque es insuficiente. Los efectos estimados son positivos, si bien modestos en términos agregados, y se concentran donde más se necesitan: en los hogares de menor renta y, particularmente, en las familias monomarentales.
Caben destacar las limitaciones del estudio. Nuestro trabajo plantea una evaluación ex ante que asume, por una parte, una cobertura completa del IMV (full take-up), y por otra, una anticipación racional de los efectos del incentivo al empleo por parte de sus beneficiarios. Esto último significa que los beneficiarios valoran aceptar un trabajo hoy previendo su futura compatibilidad con la prestación.
Para que el potencial de esta reforma se materialice plenamente es necesario abordar el grave problema de cobertura del IMV y mejorar el incentivo al empleo. Sería conveniente extenderlo no solo a sus actuales beneficiarios, sino también a beneficiarios potenciales, así como garantizar que sus efectos sean perceptibles e inmediatos. Asimismo, convendría complementarlo con políticas activas de empleo que faciliten una integración laboral real y sostenida, y no una incorporación precaria al mercado de trabajo.
En definitiva, un buen diseño de política pública importa. Los detalles técnicos de cómo se retira una prestación condicionada por renta cuando los ingresos aumentan pueden marcar la diferencia entre un sistema que limita la compatibilidad entre prestaciones y empleo, y otro que la favorece. La evidencia sugiere que España ha empezado a plantear reformas en la buena dirección, aunque queda camino por recorrer.
