Renta básica: ¿Una alternativa viable?

Por Francisco Lara (Universitat de les Illes Balears) y Xisco Oliver (Universitat de les Illes Balears y Equalitas)

¿Es viable reemplazar el sistema actual de impuestos y ayudas sociales por una renta básica universal? Esta idea reaparece cada cierto tiempo en el debate público como una posible solución a la pobreza y la complejidad administrativa. En 2020 se aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como ayuda selectiva para los hogares más pobres tras la pandemia. Sin embargo, el IMV requiere solicitudes complejas, lo que ha supuesto que, si bien el IMV ha llegado a un 20% de los hogares pobres, potencialmente podría haber llegado a 50% (según los datos de la AIReF de 2026). En cambio, la renta básica sería un pago universal e incondicional, garantizando un nivel mínimo de ingresos. En nuestro estudio  analizamos una propuesta concreta: sustituir el IRPF actual por un único impuesto proporcional que financie ese ingreso básico y universal en España.

Para avanzar en esta discusión, hemos querido poner números y estructura a una propuesta concreta.

¿Qué significa una renta básica financiada con un tipo proporcional?

En la situación actual, el IRPF es un impuesto progresivo con varios tramos y deducciones. En nuestro ejercicio simulamos reformas que eliminan el IRPF tal como existe y aplican un tipo único a las rentas, con el fin de financiar una renta básica a todos los individuos. Concretamente, analizamos cuatro escenarios en los que la renta básica equivale al 50%, 60%, 70% u 80% del umbral de pobreza, que define la renta por debajo de la cual consideremos que un hogar es pobre. En 2016 el umbral de pobreza era de 8.522 €/año por cada adulto equivalente (éste, sirve para considerar las economías de escala que existen en hogares con tamaños diferentes). En cada caso el tipo único se ajusta para que la recaudación total permanezca constante (para no afectar a las arcas públicas y garantizar su viabilidad financiera). Así, por ejemplo, en el escenario más modesto el Estado daría unos 4.261 €/año a cada adulto equivalente y aplicaría un impuesto único del 32,8%; en el más ambicioso la renta sería 6.818 €/año con un impuesto del 46,3%.

Este esquema tiene ventajas y desventajas. Por un lado, proporciona simplicidad y combatir la pobreza. Por otro lado, un tipo único muy alto puede desalentar el trabajo entre las personas más productivas, reduciendo su oferta laboral y si es demasiado bajo se reduce la progresividad. En nuestro análisis evaluamos precisamente este equilibrio: cuánta redistribución (renta básica) se gana y cuántos incentivos (trabajo) se pierden.

El dilema equidad–eficiencia e implicaciones de política económica

Para explorar estos efectos usamos un modelo de microsimulación con comportamiento. Centramos el análisis en parejas con o sin hijos. Estos hogares son particularmente sensibles a cambios en el salario neto (después de impuestos): reaccionan más reduciendo o aumentando horas de trabajo si varía su salario hora después de impuestos. Esto los hace especialmente interesantes para el estudio, pero al mismo tiempo si se extrapolase los efectos de la reforma a toda la población, implicaría unos menores efectos en términos de reducción de la oferta de trabajo, los ingresos y, consecuentemente, la recaudación de impuestos sería mayor. En otras palabras, nuestros resultados reflejan un “peor caso” en cuanto al coste de las reformas simuladas.

Nuestros hallazgos principales se muestran en la tabla 1 y confirman que la reforma tendría un fuerte impacto distributivo, pero también efectos notables en la oferta laboral:

• Pobreza: La tasa de pobreza (porcentaje de personas por debajo del umbral) caería de un 8,4% en la situación actual a porcentajes mucho más bajos según la generosidad de la renta básica. Por ejemplo, incluso la reforma con una renta básica menor reduce la pobreza al 7,8%, mientras que la más ambiciosa la baja hasta el 4,4%. En la práctica, esto significa casi la mitad de las personas pobres que existen hoy dejarían de estarlo. Además de ser menos frecuente, la pobreza sería menos profunda. El índice de brecha de pobreza (qué tan alejados están los ingresos de los pobres respecto al umbral) se reduce drásticamente. En el escenario más ambicioso el ingreso promedio de un hogar pobre sube de 4.279 € actuales a 7.525 €, y la brecha de pobreza cae del 49,8% actual a solo el 11,8%. Es decir, quienes sigan bajo la línea de pobreza lo estarían de forma mucho más leve.
• Desigualdad: El coeficiente de Gini (medida común de desigualdad) baja sustancialmente. En el escenario con una renta básica más generosa se pasaría de 0,267 a 0,209 (en este indicador, menor es más igualitario), mientras que en el escenario menos redistributivo simulado se reduce ligeramente la desigualdad (hasta el 0.252).
• Oferta laboral: La reforma conduciría a una notable reducción de las horas trabajadas. En la reforma con una renta básica más generosa, los hombres las reducen en un 21% y las mujeres en un 22%. Dado que se da un ingreso sin condiciones, algunas personas optan por trabajar menos horas. Esta reacción es especialmente marcada en los hogares de ingresos bajos (los más beneficiados por la renta básica en términos relativos al total de sus ingresos).
• Ingreso bruto y eficiencia: Como consecuencia de la reducción de horas de trabajo, la renta bruta total disminuye. Dicho de otro modo, la economía produce menos renta total bajo esta reforma: lo que implica una pérdida de eficiencia económica. La reducción del ingreso bruto es menor (9,3% con la mayor renta básica simulada) a la reducción en horas debido a que los que los que obtienen mayores ingresos modifican muy poco su oferta de trabajo en comparación a los de menores ingresos.

El dilema equidad–eficiencia e implicaciones de política económica

De lo anterior surge una clara disyuntiva entre equidad y eficiencia. A mayor renta básica (más equidad social) mayor caída de empleo (menos eficiencia). La reforma provoca una mejora de la desigualdad y pobreza, pero a costa de una pérdida de eficiencia.

Para evaluar el impacto neto se calcula una función de bienestar social que combina ingresos y desigualdad. Curiosamente, cuando consideramos solo el ingreso medio vemos una pérdida en la medida de bienestar (entre –3% y –5,5% según el escenario). Sin embargo, al incorporar el valor del ocio (tiempo libre) en la función de bienestar, el bienestar prácticamente permanece inalterado. Esto se debe a que, aunque se ganan menos euros en total, los hogares disfrutan de más horas de ocio que valoran positivamente. En resumen, las pérdidas de eficiencia derivadas de trabajar menos se compensan con la reducción de la desigualdad, resultando en un bienestar social similar.

Nuestro estudio sugiere que una renta básica financiada con un tipo impositivo proporcional que sustituya el IRPF y las prestaciones actuales sí es factible desde el punto de vista fiscal y tendría efectos redistributivos fuertes. Podría llevar a reducciones reales de pobreza e iniquidad, simplificando el entramado de ayudas sociales. En este esquema la gran mayoría de prestaciones se sustituirían por un único pago universal, evitando los actuales “efectos trampa” de pobreza y la burocracia de múltiples subsidios y prestaciones. Además, al utilizar un impuesto proporcional, el sistema tributario sería más transparente.

Sin embargo, también advertimos que un salto a este modelo tiene costes en empleo que no pueden ignorarse. Una reforma así requeriría medidas complementarias para incentivar el trabajo: por ejemplo, políticas de formación, mejoras en el mercado laboral, o ayudas específicas de activación. También hay que calibrar con cuidado el monto de la renta básica y el tipo impositivo: un tipo muy alto desanima excesivamente, pero si es muy bajo no se recaudaría lo suficiente de los que ganan más.

Las simulaciones realizadas en el trabajo constituyen un ejercicio teórico sobre el que conviene reflexionar más profundamente en caso de querer implementarlo en España. En primer lugar, las simulaciones se realizan para una muestra de parejas con o sin hijos, que son muy comunes, pero no incluyen otras estructuras familiares. Segundo, la elección de un tipo proporcional en las simulaciones es muy útil por su sencillez y porque sabemos que tiene unos efectos neutros sobre las medidas relativas de desigualdad o pobreza utilizadas. No obstante, en el caso de querer implementar en España una reforma similar a las analizadas, convendría explorar la posibilidad de introducir uno o dos tipos impositivos adicionales para mejorar la progresividad (y así evitar una reducción grande de impuestos para los hogares que perciben mayores rentas). También debemos tener presente que las reformas simuladas no contemplan otras dimensiones de los hogares más allá de su renta y su ocio que pueden suponer unas necesidades diferentes para determinados colectivos y que ahora se recogen tanto en el IRPF como en el sistema de prestaciones. Por ejemplo, hogares en los que haya miembros con una discapacidad reconocida, familias monoparentales o numerosas podemos entender que tienen unas necesidades mayores que deben ser tenidas en cuenta por el sistema fiscal.

A pesar de ello, creemos que el ejercicio realizado es relevante para explorar la dirección en la que se tendría que mover el sistema actual para lograr los objetivos que se pretendan en materia de equidad y eficiencia.