(viñeta de Berger & Wyse – The Guardian, 1 de julio 2017)
La denominada por varios medios y organismos internacionales Great Lockdown crisis está poniendo de manifiesto, una vez más, la importancia de los gobiernos y las instituciones para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Con el propósito de entender por qué la calidad (de los gobiernos) importa, basta con comparar la actuación gubernamental ante la pandemia de la Covid-19 en países como Nueva Zelanda, Singapur, Islandia, Australia o Finlandia, con la respuesta de Donald Trump en Estados Unidos o el presidente Bolsonaro en Brasil; por no citar a Italia o España. Estas serían las conclusiones, entre otras, del controvertido estudio del Institute of Certified Management Accountants de Australia, donde se evalúa la capacidad de liderazgo de los gobiernos y los sistemas nacionales de salud para hacer frente a la pandemia.
En la década de los noventa del siglo pasado, el economista norteamericano y premio Nobel de Economía Douglass North (North, 1990) ya apuntó que unas instituciones sólidas son un elemento esencial para que las economías puedan reaccionar y adaptarse a los cambios de manera eficiente, maximizando su capacidad de adoptar la innovación y asimilar el conocimiento, lo que en última instancia genera externalidades positivas en varias esferas del bienestar. Acemoglu, Johnson y Robinson (2005) consideran que las instituciones deben asegurar una provisión eficiente de bienes públicos, proporcionados por los gobiernos y dirigidos a la creación y sostenibilidad de un sistema de bienestar que garantice la calidad de vida de los ciudadanos. Rodrick, Subramanian y Trebbi (2004) incluso han llegado a afirmar que una vez que se tiene en cuenta la calidad de los gobiernos, los demás determinantes del desarrollo pasan a ocupar un segundo plano. En esta misma línea, Ketterer y Rodríguez-Pose (2018) afirman que si bien los factores geográficos afectan al crecimiento regional, su impacto se ve empequeñecido por la influencia preponderante de las instituciones.
Con este marco teórico, en un trabajo recientemente publicado en la revista Papers in Regional Science, en colaboración con los profesores Jesús Peiró-Palomino y Vicente Ríos, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Por qué unas regiones muestran un mejor comportamiento en términos del bienestar de sus ciudadanos que otras? Con el propósito de encontrar una respuesta, en la investigación utilizamos datos correspondientes a 168 regiones europeas pertenecientes a 20 países. La información recogida se refiere a las diferentes dimensiones del bienestar consideradas en la OECD Regional Well-being Dataset; por ejemplo, renta, educación, salud, trabajo, medioambiente, seguridad o compromiso cívico, entre otras. Además, se incluyen una serie de potenciales variables explicativas del bienestar, entre las que destaca la calidad de los gobiernos, medida según el European Quality of Government Index elaborado por el Quality of Government Institute de la Universidad de Gothenburg. El cálculo de este indicador se basa en las percepciones y experiencias de los ciudadanos europeos sobre la calidad, la imparcialidad y el nivel de corrupción en la educación, la salud pública y la aplicación de la ley por parte de sus gobiernos.
Siguiendo las pautas del Better Life Index de la OCDE, hemos utilizado esta información para calcular, en primer lugar, un indicador agregado de bienestar para cada una de las regiones consideradas en el análisis; seguidamente, hemos aplicado modelos econométricos espaciales Bayesianos para estimar la relación entre el bienestar de las regiones europeas y la calidad de sus gobiernos. Los resultados muestran que existen importantes disparidades regionales de bienestar en Europa, con un marcado patrón espacial (Figura 1). Los habitantes de los países periféricos del Sur (Portugal, España, Italia y Grecia), junto a los ciudadanos de la mayoría de los Estados del Este, disfrutan de niveles de bienestar relativamente bajos; contrariamente, la mayoría de las regiones de Alemania, Francia, el Reino Unido, Finlandia y Suecia proporcionan a sus habitantes niveles de bienestar bastante más elevados. Las diferencias observadas entre países no ocultan la existencia de notables disparidades internas, particularmente en Francia, España, Italia y el Reino Unido. En el caso español, tan solo Madrid, Navarra y, particularmente, el País Vasco se situarían entre las regiones europeas que proporcionan un mayor nivel de bienestar a su población.
Figura 1. Bienestar de las regiones europeas
Los resultados recogidos en el Cuadro 1 muestran con claridad que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el bienestar de las regiones europeas y la calidad de sus respectivos gobiernos. Este resultado es, además, robusto a distintas especificaciones econométricas, así como a diferentes métodos de cálculo del indicador agregado de bienestar; es destacable también que las distintas dimensiones de la calidad de los gobiernos consideradas en el análisis (calidad de los servicios públicos, imparcialidad y control de la corrupción) tienen una estrecha relación positiva con el bienestar de los ciudadanos. Además, la calidad de los gobiernos afecta tanto al bienestar global como a la gran mayoría de sus dimensiones, en particular algunas tan relevantes como el empleo, el compromiso cívico, la educación o la renta. Un resultado adicional de la investigación que puede resultar de interés es el hecho de que, inicialmente, el nivel de bienestar de las regiones europeas se reduce conforme aumenta su autonomía en materia de política económica e impuestos; sin embargo, una vez alcanzado un cierto nivel de autonomía, que según nuestros resultados se situaría algo por encima del actual nivel de los Länder alemanes, la relación entre autonomía económica y bienestar se convierte en positiva.
Cuadro 1. Calidad de los gobiernos y bienestar regional en Europa
En definitiva, más allá de las recetas convencionales de invertir en capital humano, capital físico o infraestructuras, la inversión en calidad institucional (compromiso cívico, efectividad de las administraciones públicas, calidad de la regulación, transparencia de la gestión política, separación efectiva de poderes, control de la corrupción) y, también, de los gobiernos se convierte en un ingrediente esencial para el progreso social y el bienestar de los ciudadanos. Unas instituciones de más calidad y una mayor cualificación y capacidad de nuestros gobiernos no solo ejercerían un efecto directo sobre el bienestar, sino que impulsarían de manera indirecta la eficacia de otras políticas económicas y sociales.
