Por Antoni Garrido (Universitat de Barcelona)
Esta entrada es un resumen de la ponencia que su autor presentó en las XL Jornadas de Alicante sobre Economía Española que organizan anualmente el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante y ALdE
Se resumen a continuación las principales conclusiones de la ponencia “El sistema financiero español 1985-2025: cambios estructurales e institucionales” impartida en el marco de las XL Jornadas de Alicante sobre Economía Española. En la página web de las Jornadas se pueden consultar los gráficos y cuadros utilizados en la citada presentación.
Como el resto de los sectores, el sistema financiero español ha experimentado en los últimos cuarenta años una radical transformación, siendo la casi triplicación de su tamaño relativo (en porcentaje del PIB) la primera prueba de ello.
Una parte considerable de esa mayor profundidad financiera de la economía española refleja el notable crecimiento que experimentaron los mercados financieros hasta el estallido de la crisis financiera. Eso es, por ejemplo, lo que ocurrió en los mercados monetarios en general y en el interbancario en particular debido, entre otras razones, a la creciente sofisticación de la política monetaria. La introducción del euro incrementó adicionalmente el perímetro de tales mercados, ya que igualó los tipos de interés a corto plazo en toda la eurozona.
Las crecientes necesidades de recursos que desde mediados de los años ochenta del siglo pasado registró la hacienda pública estimularon por su parte el desarrollo de un potente mercado de deuda pública. La eliminación del riesgo de tipo de cambio que implicaba la pertenencia a la UEM, las favorables expectativas que generaba la integración y la (consiguiente) mejora del rating favorecieron su compra por inversores extranjeros, convirtiéndola en el título más negociado en todos los mercados financieros españoles.
El elevado ritmo al que creció el crédito en la fase expansiva 1994-2007, muy superior al registrado por los depósitos, explica la intensa actividad emisora desplegada también por las entidades financieras en dicho periodo. Favorecido por la reducción de los costes de emisión han crecido también las emisiones realizadas por las empresas no financieras. El tamaño relativo de este último segmento del mercado sigue siendo pese a todo pequeño, ya que son pocas las empresas españolas que cumplen los requisitos –elevado tamaño y disponer de un adecuado rating– que permiten emitir y colocar en el mercado bonos y obligaciones a medio y largo plazo.
En lo que respecta al segmento de renta variable, la privatización de buena parte de las empresas públicas, la salida a bolsa de nuevas sociedades y la tendencia alcista que mostraron los precios en las últimas décadas del siglo XX incrementaron sustancialmente la capitalización del mercado español. La entrada masiva de las familias españolas en el mercado (reflejo de sus mayores niveles de renta), el desarrollo de los inversores institucionales, la mejora en los sistemas de negociación y, como ya ocurriera con la deuda pública, la entrada de inversores extranjeros aumentó también considerablemente el volumen de negociación.
El estallido de la crisis financiera truncó de raíz las dinámicas anteriores y redujo también el número de empresas admitidas a cotización. Recuperados parcialmente en los años posteriores gracias a la reactivación de la economía, los niveles actuales de capitalización de la bolsa española la sitúan en una posición intermedia en los rankings internacionales por tamaño.
Pese a que de las treinta y cinco empresas que lo integraban el año de su creación (1992) tan solo siete siguen formando parte del IBEX-35, la composición sectorial de la bolsa española sigue siendo muy parecida a la existente tiempo atrás. No en vano, el peso de los sectores bancario, energía y transportes y comunicaciones) en la actualidad es casi el mismo que ostentaban treinta años antes (55,6% frente al 60,1%).
El crecimiento de los mercados, en la medida que incrementa el volumen de títulos emitidos y negociados, ha impulsado el de los intermediarios financieros no bancarios y, más concretamente, sus tres modalidades más significativas: los fondos de inversión, los fondos de pensiones y las compañías aseguradoras. La mayor formación de los ahorradores (y la consiguiente demanda de una gestión más profesionalizada de su cartera de activos), el progresivo envejecimiento de la población y las dudas crecientes sobre la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones han sido, con todo, los causantes últimos de su expansión, pese a lo cual su importancia relativa en España sigue siendo muy reducida en comparación con la que ostentan en los países anglosajones.
La necesidad de ampliar la oferta disponible, que se tradujo en la creación de “fondos de fondos”, y la entrada en vigor de la MIFID II, que condiciona el cobro de comisiones a la prestación de servicios de asesoramiento, ha llevado a la mayor parte de las gestoras a ofrecer a sus clientes productos comercializados por las principales gestoras del mundo, incrementando así el grado de internacionalización de las carteras de activos de los inversores españoles.
El crecimiento de los mercados financieros y de los intermediarios no bancarios ha reducido la importancia relativa de las entidades bancarias como proveedores de financiación y como destinatarias del ahorro. Nótese, a título de ejemplo, que el efectivo y los depósitos bancarios suponen en la actualidad el 35 por 100 de los activos financieros de los hogares españoles, frente al 63 por 100 que representaban a mediados del decenio de 1980. Las entidades bancarias siguen desempeñando, no obstante, un papel crucial en la canalización de los flujos financieros de la economía española. Entre otras razones porque el crédito bancario sigue siendo la principal, por no decir la única, vía de financiación de que disponen familias y pequeñas empresas. El grueso de las gestoras que comercializan fondos que existen en España son además filiales de las propias entidades bancarias, que se aseguran así unos considerables ingresos en concepto de comisiones.
Al igual que ocurre con las carteras de activos, el sistema bancario español presenta en la actualidad un elevado grado de internacionalización reflejando la política de expansión (principalmente en países de Latinoamérica que presentaban reducidos niveles de desarrollo financiero y en los que era factible a priori conseguir mejoras de eficiencia incorporando sistemas de gestión y de organización más avanzados) que siguieron los grandes bancos españoles en las últimas décadas del siglo XX.
Por lo que respecta a la estructura del sector bancario, las fusiones que tuvieron lugar a finales del siglo XX para hacer frente al aumento en el tamaño del mercado potencial (Europa en el caso de los bancos, España en el de las cajas de ahorros) y la crisis bancaria que tuvo lugar en el periodo 2008-2012 han reducido significativamente el censo de entidades. Tan o más importante, han provocado la práctica desaparición del subsector de las cajas de ahorros, integrado en la actualidad tan solo por dos entidades (Caixa d’Ontinyent) y Caixa de Pollença) frente a las cuarenta y siete que operaban en 2005.
La reducción del censo ha causado el lógico aumento en el grado de concentración del sistema bancario español hasta el punto de que la cuota de mercado de las cinco entidades más grandes bordea ya el 70%. La entrada en el sector de nuevos competidores de base tecnológica (las llamadas empresas fintech), el incremento en la capacidad de elección que generan los nuevos canales digitales y la presencia de las cooperativas de crédito en las zonas rurales están amortiguando el impacto negativo de la mayor concentración sobre la competencia. Aminoran también el riesgo de exclusión financiera, esto es, posibilitan que sea reducido el porcentaje de población que no dispone de un proveedor de servicios financieros.
Tras crecer de forma ininterrumpida desde mediados de los años ochenta hasta 2007, y reflejando la necesidad de eliminar las duplicaciones generadas por las fusiones postcrisis y los nuevos hábitos de la población, el número de sucursales y empleados del sector bancario ha disminuido de forma drástica, siendo ya los niveles actuales de ambas variables inferiores a los existentes a principios del periodo analizado.
La introducción masiva de nuevas tecnologías y la recién comentada reducción de la estructura bancaria han mejorado considerablemente los niveles de eficiencia operativa de los bancos españoles. Si bien es cierto que dicha mejora no ha impedido que en el periodo analizado hayan acaecido dos episodios de crisis bancarias (1993 y 2011-2012), también lo es que el sistema bancario español lleva ya diez años registrando niveles de rentabilidad superiores a la media de la UE.
Obligados por la presión de los reguladores, los bancos europeos y, por tanto, los españoles mantienen en la actualidad mayores y mejores niveles de recursos propios que el pasado reciente. El estallido de la crisis de la deuda soberana se llevó también por delante el andamiaje basado en la armonización /coordinación de las normativas nacionales que había estado en vigor desde la entrada en vigor del Mercado Único. Para romper el bucle entre riesgo soberano y bancario que puso en cuestión la supervivencia del euro era preciso traspasar a organismos supranacionales las competencias en materia de supervisión y resolución de entidades en crisis, y eso fue lo que se hizo poniendo en marcha la Unión Bancaria. La negativa de algunos países (con Alemania a la cabeza) a aceptar la mutualización de los riesgos ha impedido completarla, implantando un seguro de depósitos paneuropeo, y no debe pues extrañar que el grado de integración real de la banca minorista en la eurozona sea muy reducido.
