Los días 9 y 10 de noviembre se han celebrado las Jornadas de Alicante sobre Economía Española. Se trata de una cita ya clásica (alcanzaban este año su XXXII edición) que destaca por la calidad de sus ponentes. De entre las excelentes presentaciones, la que más me ha impresionado ha sido la de la profesora María Ángeles Davia, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre la desigual distribución de los costes sociales de la crisis. La mayoría de los hechos que explicó en su ponencia son consecuencias de la crisis con las que estamos familiarizados. Lo impresionante era verlas documentadas con rigor, mediante cifras y gráficos, en forma de visión de conjunto. Cada problema por separado sería grave. Todos juntos resultan demoledores.

La Gran Recesión trajo consigo desequilibrios presupuestarios, en forma de mayor déficit público. La consiguiente acumulación de deuda pública provocó, en países como el nuestro, una crisis de la deuda soberana y la recaída en la recesión. Los posteriores recortes del gasto público han afectado a partidas esenciales de la cohesión social. En los países del Sur de Europa, se ha reducido el gasto público en educación, sanidad, políticas de apoyo a la familia y la infancia, discapacidad y otras formas de protección social. De esta forma, pilares esenciales del Estado del Bienestar se han visto erosionados. Evidentemente, los efectos de estos recortes se reparten de forma desigual: afectan más a los grupos sociales más desfavorecidos.

Esto ha ido acompañado de reformas laborales, que pueden tener efectos positivos desde el punto de vista de la competitividad, pero que tienen así mismo otros efectos sociales negativos. Los trabajadores han visto como sus salarios se reducían o se mantenían congelados durante años. Otras condiciones laborales, relacionadas con los horarios y la movilidad, han empeorado. El despido se ha facilitado. Los nuevos contratos tienden a ser precarios (temporales o a tiempo parcial). La protección al desempleo ha endurecido los requisitos y ya no cubre a los parados de larga duración (casi tres de cada cuatro parados no recibe hoy prestaciones en España, si basamos el cálculo en los datos de la EPA). Las políticas activas de empleo han sufrido fuertes recortes presupuestarios. Va ganado fuerza el fenómeno de la pobreza laboral: personas que están trabajando sin que eso les garantice salir de la marginalidad. Afecta a un 13.1% de los trabajadores españoles, según hemos sabido estos días.

Las consecuencias de tales políticas son las previsibles: tanto la desigualdad en la distribución de la renta como la pobreza han aumentado. En España, el porcentaje de la población que vive en hogares con un nivel de renta indicativo de riesgo de pobreza ronda el 28%. Dentro de esa grave situación general, los problemas son particularmente agudos entre algunos colectivos más vulnerables, como los jóvenes, los niños y las mujeres.

Los jóvenes han sufrió la lacra del desempleo en porcentajes muy superiores al resto de la población. Los que logran trabajar, padecen de forma desproporcionada bajos salarios, horarios sin límites y empleos precarios. Tienen también dificultades de acceso a la vivienda, lo que impide su emancipación hasta edades tardías. Se ha ido formando una considerable bolsa de NINIs (jóvenes que ni se forman, ni trabajan). No pocos jóvenes españoles, ante semejante panorama, han tenido que optar por la emigración a países extranjeros.

Aún más sangrante resulta la situación de la infancia. El riesgo de pobreza entre los niños es aún más alto que para el conjunto de la población. Los indicadores más amplios elevan la cifra hasta el 40%. El problema suele estar ligado a la falta de empleo de los padres. El riesgo de abandono escolar temprano se suma a este negro cuadro, creando las bases para que lo sufrido en la infancia deje secuelas, se perpetúe y dificulte la movilidad social en el futuro.

Las mujeres son otro grupo que ha sufrido más que la media las consecuencias de la crisis. Los problemas del mercado de trabajo afectan especialmente a la población femenina (por ejemplo, en forma de salarios más bajos y mayor precariedad, con fuerte presencia en el empleo a tiempo parcial involuntario).

En vista de semejante panorama, resultan más fáciles de entender las tensiones políticas y la radicalización que vivimos en los últimos tiempos. Hunden sus raíces en los efectos sociales de la grave crisis económica, agudizados por una deficiente respuesta frente a ella. Como bien supo ver el presidente Kennedy: “Si una sociedad libre no es capaz de ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”.

Álvaro Anchuelo Crego, Universidad Rey Juan Carlos

(Publicado el 15 de noviembre de 2017 en el diario online República de las Ideas)

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