El gráfico anterior refleja uno de los principales cambios experimentados por la sociedad española en los últimos cuatro decenios: el sustancial aumento de la cuota femenina en el empleo total. De acuerdo con la EPA, entre los terceros trimestres de 1976 y 2015, la participación de las mujeres en la población ocupada ascendió 16,8 puntos porcentuales, emplazándose en un 45,2% en el último de ellos. En términos absolutos y en números redondos, el empleo agregado se incrementó en 5,7 millones de personas, correspondiendo a las mujeres 4,5 millones, lo que implica que el 80% de dicha ampliación ha sido destinada a la ocupación femenina. Recurriendo a Eurostat, en 2014 nuestro dato anual (45,6%) resiste muy dignamente la comparación con los resultantes para los cuatro grandes estados de la UE: Italia (42,3%), Alemania (46,8%), Reino Unido (47,0%) y Francia (48,2%).
A lo largo de la fase temporal contemplada, la terciarización de la economía española, ha favorecido la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. En efecto, el empleo femenino posee una definida especialización productiva. Nueve de cada diez ocupadas en España desarrollaban su actividad en los servicios en 2015TIII, frente a una fracción de dos tercios en el caso de los varones. En el proceso de integración de las mujeres en el mercado de trabajo cabe, como en casi todo, diferenciar dos vectores: crecimiento y composición. En cuanto al primero, la cuota femenina en el empleo no terciario –que ha experimentado un descenso de 3,5 millones de personas de ambos sexos– ha sufrido una merma, al pasar del 22,2% al 20,5% entre los dos terceros trimestres citados. Por el contrario, en el sector servicios ha avanzado desde el 37,2% inicial al 52,6% actual, lo que da lugar a que el efecto crecimiento haya sido positivo. Recurriendo a un sencillo ejercicio podemos aproximarnos al papel desempeñado por ambos vectores. Si a las cuotas femeninas en la ocupación de los cuatro grandes grupos de actividad –Agricultura, Industria, Construcción y Servicios– de 2015TIII le imputamos la composición sectorial del empleo agregado en 1976TIII, el peso de las mujeres en la población ocupada se situaría actualmente en un 34,4%. Por consiguiente, el efecto crecimiento –monopolizado por los Servicios– habría contribuido con seis puntos a la ampliación de la participación femenina en el empleo español, lo que supone poco más de la tercera parte de la mencionada ganancia de 16,8 puntos. Casi las dos tercera partes, por tanto, del aumento de dicha cuota se explicarían por el efecto composición, es decir, por el hecho de que la participación de las actividades terciarias en el empleo agregado presenta un intenso avance, al doblarse a lo largo del periodo: 37,2% en 1976; 76,9% en 2015. Nos encontramos, pues, con un protagonismo absoluto de los Servicios en los dos vectores que han impulsado ese logro de un gran calado económico y social.
Otra de las transformaciones estructurales usualmente citadas es la construcción del Estado del Bienestar, muy conectada con la anterior, dado que la ampliación del empleo de las AAPP es uno de los factores explicativos de la terciarización. Aunque puedan existir ciertos problemas de comparabilidad, la EPA refleja que, entre los dos trimestres citados, el empleo público en España ha pasado de 1,4 a 3,0 millones de personas, lo que ha supuesto un alza de su peso en la ocupación total de un 10,6% a un 16,5%. De nuevo, prácticamente el 80% de ese incremento del empleo ha sido absorbido por las mujeres, cuya participación en la ocupación generada por las AAPP se ha acrecentado de un 25,3% a un 54,0%. El impulso dado a determinadas actividades, como Educación y Sanidad y Servicios Sociales, explican buena parte de esa importante ganancia; téngase en cuenta que, en la actualidad, las mujeres representan las dos terceras partes del empleo en la primera, elevándose a los cuatro quintos en la segunda.
Una última y breve consideración sobre otra de las transformaciones estructurales: la mejora en la distribución de la renta, que a su vez hay que conectar con el incremento de la ratio Gasto público/PIB. Los estadísticos habitualmente utilizados están huérfanos de la perspectiva de género. Por ejemplo, en la distribución personal de la renta la unidad de análisis convencional es el hogar. Cabe imaginar una distribución perfectamente equitativa: todas las personas pasarían a la escala de rentas con el mismo ingreso equivalente. Supongamos, además, que siempre es el varón el que aporta la totalidad de los ingresos y las mujeres se dedican exclusivamente a las labores domésticas. Los índices utilizados son insensibles a tal eventualidad, sentenciando que hay plena equidad social: ¿Tiene sentido ese dictamen? Puede que alguno, pero desde el punto de vista del rol asignado a hombres y mujeres en la sociedad, ese hipotético estado distributivo carece de la más mínima dosis de equidad.
La inserción laboral de las mujeres constituye un hecho crucial si nos atenemos a la cobertura de uno de los ineludibles objetivos de cualquier sociedad con decencia democrática: la igualdad de género. Obvio es que todavía falta mucho camino por recorrer, desde el desigual reparto del trabajo no remunerado hasta la amplitud de la brecha salarial, lo que no debe conducir a menospreciar la positiva senda que muestra el gráfico. Por otro lado, la puesta en valor de la mitad del capital humano existente en la sociedad constituye un logro que, desde una perspectiva económica, hay que valorar debidamente. En suma, desde nuestra perspectiva, estamos en presencia de una transformación estructural de la economía española que, poseyendo entidad propia, guarda una estrecha relación con tres de las que están más asentadas en la literatura. La cuarta –la creciente integración de la economía en el mercado global– parece, en principio, que es independiente de la cuestión que ha sido objeto de este breve examen.
