No son pocos los países que a la vista de la dificultad para cerrar sus brechas fiscales y colocar la deuda resultante en los mercados piden, de una u otra forma, el aval de la Unión Europea, y en particular solicitan la posibilidad de la emisión de eurobonos. España está entre ellos, aunque en los últimos días ha remitido algo la prima de riesgo específica a nuestra deuda soberana.
Contrapongo a ello la situación de la deuda autonómica. No hay hoy mayor responsabilidad fiscal, en el marco de la financiación autonómica, que la que se otorga a la deuda de una Comunidad. El Ministerio deja efectivamente en manos de los gobiernos territoriales el marrón de tener que buscar quien quiera financiar su deuda, aun habiendo sido ésta autorizada, en correspondencia a una participación de déficit en un escenario de consolidación pactado y con la aceptación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (donde, recordemos el Gobierno Central tiene mayoría e impone la distribución de la capacidad de déficit entre el Gobierno Central y las Autonomías que nada tiene que ver con el peso de cada una de las partes en la distribución del gasto público). Si toda la financiación autonómica tuviera ésta impronta (plena responsabilidad fiscal), ello parecería coherente. Pero con unas participaciones impositivas que excepto en el IRPF son más trasferencias, vestidas con porcentajes de imputación que no replican estrictamente la realidad, sorprende la situación en las antípodas, de la deuda. Cada administración sigue su particular ‘road show’, peregrinando hacia mercados e instituciones financieras, como si las CC.AA. no fuesen Estado, como si los organismos centrales no los financiáramos entre todos. Y además con el añadido de las sombras de duda que de vez en cuando surgen de las propias declaraciones de altos cargos ministeriales que arrojan incertidumbre sobre la solvencia de las cuentas de algunas CC.AA. Hecho que encarece la prima de riesgo de la Comunidad (cuando consigue acceder a los mercados), e incrementa sus costes financieros (lo que resta margen de gasto para otras partidas necesarias), en perjuicio de los ciudadanos contribuyentes de la Comunidad con una financiación central insensible a ello. Que este traspaso total de responsabilidad se centrase en aquellas cuantías de deuda que sobrepasasen el déficit o la deuda aprobada, aún; pero para los niveles autorizados, que recogen a menudo la propia incapacidad, o falta de voluntad, del Estado de dotar de una mejor financiación a quienes se ocupan de la mayor parte del gasto social, sorprende y mucho.
En la misma línea se podría reflexionar acerca de los rescates de países, que, de tener que darse, debieran ser más bilaterales y voluntarios que mutualizados y forzosos en la zona euro. Ello se debe a que suponen una transferencia de riesgo entre los países, por ejemplo, entre los que han buscado y mantenido la ortodoxia y los que no, ya que los primeros, con la mutualización, acabarían sufriendo una prima de riesgo más elevada. Este fenómeno también puede ocurrir en algunas CC.AA. que no acaben aplicando los escenarios de consolidación, no asumiendo como propia la necesidad de la reducción del gasto, si el Estado por la vía de la nivelación horizontal los acabara compensando (rescatando) de algún modo. Nada que decir si lo hace la Administración Central a partir de la parte de recursos que le sean propios, pero sorprendería de nuevo, y mucho, que lo hiciera con los de todos, penalizando en particular a los gobiernos que hubieran hecho los deberes.
(Artículo publicado en La Vanguardia el pasado 4 de abril)
