Por Inmaculada Aguiar Díaz, Ewelina Mónika Mruk y María Victoria Ruiz Mallorquí (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
El crédito comercial surge de un acuerdo entre las empresas y sus clientes con el fin de que estos últimos puedan aplazar el pago de sus compras. Gracias a este crédito comercial, se abre una vía de financiación fundamental para las relaciones comerciales a nivel mundial, si bien se observa que existen diferencias en el crédito comercial entre países. La concesión de crédito representa un riesgo de impago para el proveedor, lo cual puede derivar en un litigio judicial. Por ello, es posible que en países en los que la justicia no funciona de forma eficiente (procesos más largos y costosos), las empresas sean más reticentes a conceder crédito a otras empresas. El trabajo titulado “How judicial efficiency impacts trade credit and doubtful receivables” publicado en la revista Journal of Law and Economics en enero de 2024 por las firmantes de este post, trata de determinar hasta qué punto la eficiencia judicial contribuye a explicar las diferencias en el crédito comercial concedido y en su morosidad en los países de la eurozona.
¿Por qué el funcionamiento de la justicia puede influir en la concesión de crédito comercial y en su morosidad? Para responder a esta pregunta, se debe partir del hecho que el crédito comercial es un contrato de venta a crédito en el que existe el riesgo de incumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo. Parte de ese riego puede mitigarse con las cláusulas contractuales. Pero los contratos son incompletos y no pueden mitigar el riego totalmente, debido fundamentalmente a la distinta información que tienen las partes. Es entonces cuando aparece la justicia como mecanismo para mitigar los problemas mencionados, ya que el sistema judicial aporta una garantía para asegurar un mayor cumplimiento de las condiciones de pago recogidas en la relación contractual mercantil entre deudor y acreedor. De esta forma, sería lógico pensar que si no existe un mecanismo que asegure un cumplimiento eficiente de esos contratos, se podría dar un comportamiento oportunista en la intención del deudor de incumplir con las condiciones de pago. Esto haría que el riesgo de crédito para el acreedor se incrementara y llevará a una reducción del crédito comercial que concede a sus clientes. Por tanto, un entorno judicial débil puede, por un lado, incentivar una reducción del volumen de crédito comercial concedido, y, por otro lado, puede motivar el impago de los deudores, lo cual afectaría al nivel de crédito comercial moroso.
Para analizar la relación entre la eficiencia en el funcionamiento de la justicia y el nivel de crédito comercial concedido y moroso, el estudio utiliza una muestra de 1.526 empresas no financieras cotizadas localizadas en 16 países que integran la zona euro en el periodo 2011-2021, con información en la base de datos OSIRIS. La muestra está formada con predominio de empresas francesas y alemanas (casi el 51%), seguidas de las de Italia, Grecia, Finlandia, Bélgica, España y los Países Bajos, que representan alrededor del 36% de la muestra. Los ocho países restantes representan conjuntamente menos del 13%. Esta distribución se debe en parte al grado de desarrollo del mercado de valores en cada país.
El gráfico 1 recoge las medias del crédito comercial sobre ventas y del crédito comercial moroso sobre crédito comercial total en los países analizados en el estudio.
Gráfico 1. Crédito comercial concedido y crédito comercial moroso (media, 2011-2021)
Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la base de datos OSIRIS
El nivel medio de crédito comercial concedido en la eurozona se sitúa en torno al 18%, aunque difiere según los países. Se observa un cierto patrón geográfico. El crédito concedido a clientes es mayor en los países del sur de Europa, como Grecia (28%), Italia (26%), Portugal (21%) y España (22%), y menor en Estonia (7%), Malta (9%), Luxemburgo (11%), Austria y Países Bajos (13%). En cuanto al crédito comercial dudoso, la media de toda la muestra se acerca al 5%, aunque oscila entre el 1% de Finlandia y el 15% de Grecia. Los países con mayor índice de créditos dudosos son Grecia (15%), Portugal (12%) y Chipre (10%).
Para determinar el nivel de eficiencia de la justicia en cada uno de los países analizados, se utiliza una variable cuantitativa y otra cualitativa obtenidas ambas de la base de datos Doing Business del Banco Mundial. La primera viene determinada por la duración de los procedimientos judiciales relacionados con disputas comerciales (a mayor duración, menor eficiencia). La segunda por la denominada Rule of Law, indicador que capta las percepciones sobre la medida en que los agentes económicos de un país confían en las normas de la sociedad y las acatan, y en particular la calidad del cumplimiento de los contratos, entre otros. Este indicador se sitúa entre -2.5 y 2.5, siendo los mayores valores indicativos de una mayor eficiencia judicial. En el gráfico 2 se representan los niveles medios de ambas variables para cada país en el período analizado.
Gráfico 2. Medidas de eficiencia judicial en los países de la eurozona (medias, 2011-2021)
Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de la base de datos OSIRIS
La duración media global de los procedimientos judiciales es de 1,84 años y oscila entre 0,88 años en Luxemburgo y 3,84 años en Grecia. En cuanto al índice Rule of Law, la media nacional para todos los periodos y países es de 1,29, y los valores oscilan entre el 0,32 de Grecia y el 2,03 de Finlandia (seguida de Austria con 1,85). Esto demuestra que el funcionamiento de los tribunales en Europa varía significativamente de un país a otro.
No obstante, una simple comparación entre ambos gráficos no es suficiente para analizar la relación entre eficiencia comercial y crédito comercial, ya que es necesario considerar otras variables que afectan al comportamiento de las empresas, como tamaño, antigüedad rentabilidad, endeudamiento, liquidez, crecimiento de las ventas y el sector al que pertenecen. Así mismo, el crédito comercial está afectado por el nivel de desarrollo económico, por lo que se considera el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita del país en cada año. Por ello, se ha realizado el análisis aplicando métodos que permiten controlar por estas variables. Concretamente, un modelo de regresión multivariante de datos de panel (15.230 observaciones empresa-año).
Los resultados obtenidos en el estudio ponen de manifiesto que efectivamente una mayor eficiencia judicial aumenta el crédito comercial concedido por las empresas analizadas, y viceversa. Concretamente, un incremento de un año de la duración de los procedimientos judiciales (menor eficiencia judicial) se traduce en una reducción del 3,06% en el volumen de crédito comercial concedido, mientras que un aumento de una unidad del indicador Rule of Law incrementa el crédito el crédito comercial concedido en un 8,49%. En relación al crédito comercial moroso, los resultados encontrados también evidencian que una mayor eficiencia judicial reduce el crédito comercial problemático, de tal forma que un aumento de un año en la duración de los procedimientos judiciales (menor eficiencia judicial) representa un aumento del 2,52% en el volumen de crédito comercial moroso, mientras que un aumento de una unidad del Rule of Law reduce el crédito comercial dudoso en un 4,66%.
Para comprobar si estos resultados se mantienen al utilizar diferentes variables o métodos, se realizaron diversos análisis. Por un lado, se utilizaron medidas alternativas para medir el crédito comercial concedido y el moroso; se introdujeron nuevas variables de control y se eliminaron las observaciones de Alemania y Francia, debido al predominio de estos países en la muestra. Por otro lado, se aplicaron otros métodos de estimación para controlar por los ceros en las variables relacionadas con el crédito comercial, así como para distinguir entre las variables a nivel país (eficiencia judicial), y las variables a nivel de empresa. Todos estos análisis reportan resultados similares a los modelos originales en cuanto al signo de las relaciones y significación, lo cual demuestra la robustez de los resultados obtenidos.
Estos resultados ponen de manifiesto que cuando el sistema judicial es más eficiente, las empresas tienen más confianza y conceden un mayor volumen de crédito comercial a sus clientes. Al mismo tiempo, con un sistema judicial que funcione mejor, los deudores tenderán a cumplir con sus compromisos, lo cual reducirá la morosidad comercial. En definitiva, los resultados indican que el funcionamiento eficaz de la justicia favorece las relaciones empresariales. Por ello, en el estudio se plantea que los responsables políticos deberían invertir en la mejora de los sistemas judiciales, lo que, en última instancia, apoyará a las empresas y contribuirá a desincentivar el incumplimiento de las condiciones de pago en las relaciones contractuales entre las mismas.
