Por L. Dary Beltrán Departamento de Economía (Universidad Loyola Andalucía)
Este post se publicó en el blog La Riqueza de las Regiones de la Asociación Española de Ciencia Regional. Fruto del acuerdo de colaboración entre este blog y el blog de ALDE, cada trimestre reproduciremos en nuestro blog algunos post que, por su temática, también pueden ser interesantes para nuestros asociados.
En España, la pobreza y la exclusión social son fenómenos atípicos en un país con un alto nivel de renta, lo que refleja la incapacidad de generar mejores condiciones y nos obliga a pensar en la necesidad de reestructurar las políticas públicas actuales. Así pues, migrar hacia una transformación social llevaría a lograr un cambio real con equidad, pero para ello es necesario implementar medidas estructurales que articulen las decisiones de política económica tomadas en los diferentes niveles de gobierno.
Los indicadores actuales de riesgo de pobreza, desigualdad, baja participación de los salarios en el valor agregado y brecha salarial de género reflejan los grandes desafíos en materia de inclusión social como consecuencia de una serie de problemas estructurales, deficiencias en el mercado laboral, insuficiente recaudación tributaria y capacidad redistributiva, que han sido acentuadas tras la pandemia.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2022), el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) aumentó hasta el 27,8% frente al 27% de 2021. El 8,3% de la población se encontraba en situación de privación material y social severa, frente al 8,5% del año anterior. Este aumento se produjo en 2 de las 3 componentes. El porcentaje de la población con baja intensidad de empleo pasó del 10,0% al 11,6% y el porcentaje de la población en riesgo de pobreza pasó de 21,0% a 21,7%. Por el contrario, la privación social se redujo hasta el 8,3%. Esta desigualdad en España se acentúa por el bajo efecto redistributivo de las políticas públicas del Estado en comparación con otros países europeos.
Entre las recomendaciones internacionales se encuentra la de reforzar el Sistema de Garantía de Ingresos de España. De esta forma, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado en 2020 refuerza los diferentes modelos de políticas de renta mínima que se han ido implementando con gran disparidad por las distintas Comunidades Autónomas. Y, aunque esta medida dentro del Programa de Renta Garantizada busca lograr una sociedad inclusiva que fortalezca la transformación social y garantice un ingreso económico regular, dicha medida a su vez incrementa el ingreso disponible de los hogares generando un importante impacto económico, adicional al potencial impacto en los indicadores de pobreza. En este sentido, junto con las profesoras Delgado y Campoy-Muñoz de la Universidad Loyola Andalucía, hemos medido dicho impacto con el objetivo de dar una idea del efecto en términos económicos que, en las etapas de evaluación de programas de gobierno no se toman en cuenta dentro de los indicadores de medición.
Para ello, se ha utilizado un modelo de equilibrio general aplicado calibrado con una Matriz de Contabilidad Social para España con hogares desagregados por decil de ingreso, género y cualificación. Utilizando los rangos de ingresos anuales de la encuesta de presupuestos familiares y los límites inferiores del ingreso promedio anual por decil, se definen a los hogares que tendrían derecho a recibir el IMV, es decir, aquellos cuyo límite superior del decil sea inferior a la renta garantizada. Así se han identificado como candidatos a percibir la transferencia a los hogares de los cuatro primeros deciles. Posteriormente se ha distribuido el IMV reportado por la Seguridad Social entre los hogares por decil y género que tienen derecho a percibirlo según la renta anual garantizada por tipo de hogar.
Entre los resultados obtenidos, resaltamos que, la proporción de hogares con mujeres beneficiarias es mayor que los hogares con hombre beneficiarios. Estamos hablando de un 68,19% frente a un 31,81%. Asimismo, hemos encontrado que, adicional al impacto en los indicadores de pobreza y desigualdad, el IMV aportaría al incremento del PIB un 0,21% con un especial incremento en el consumo de 0,38%, lo que a su vez señala que, la medida, podría incentivar implícitamente a la economía. Sin embargo, el resultado más importante lo podemos ver en el ingreso disponible. El primer punto para destacar es que, a pesar de que el shock se introduce en los primeros cuatro deciles, todos los hogares muestran aumentar su ingreso disponible. Por un lado, el mayor impacto se produce en los hogares con un sustentador principal femenino, con la excepción de los dos últimos deciles. Esto se debe al efecto multiplicador generado en la economía, que permite que el proceso redistributivo beneficie tanto a las actividades productivas como a todos los deciles. La explicación del incremento del ingreso disponible de los deciles más altos proviene del efecto causado en el consumo, pues, suelen ser los propietarios del capital, por lo que, al incrementar el consumo, su excedente bruto de explotación también incrementaría.
El segundo y más importante punto proviene de la relación entre el aumento de los ingresos con la reducción de los índices de pobreza y desigualdad. Cuanto mayor es el poder adquisitivo de los hogares, menos vulnerables son y menor es el riesgo de pobreza; las personas de bajos ingresos tienen menores niveles de bienestar, por lo que es muy importante diseñar medidas que garanticen un nivel de ingresos para mantener un nivel de vida mínimo. Como es bien sabido, los niveles de ingresos pueden determinar el potencial de un individuo para adquirir bienes y servicios que ayuden a generar capacidades, es decir, el total de recursos disponibles a lo largo de su vida, dependiendo del entorno, determinará el desarrollo de un determinado potencial para alcanzar un conjunto de capacidades básicas.
Por lo tanto, esta medida puede ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad siempre y cuando logre una eficiencia en la elegibilidad de los beneficiarios del programa y el montante otorgado en función de la situación económica del hogar. Según el estudio «Programas de renta mínima en España», las rentas mínimas representan un porcentaje muy bajo del gasto total, sin embargo, el impacto en la reducción del riesgo de pobreza y desigualdad podría ser muy importante. Aunque, aún no tenemos resultados cuantitativos del impacto en la pobreza y la desigualdad, hemos calculado un coeficiente de eficiencia con el fin de conocer la rentabilidad obtenida en términos de ingreso disponible del programa. Como resultado obtuvimos que, por cada euro proveniente del IMV que se introduce al ingreso disponible de los hogares dentro de los cuatro primeros deciles desagregados por género, se multiplica de media en los hogares beneficiarios en 1,57 veces.
En conclusión, la respuesta a nuestro interrogante es depende, pero ¿de qué? Del alcance de la medida, de su eficiencia y la focalización de los hogares beneficiarios. No obstante, la diferencia radica en su ejecución acompañada de otras medidas. La recuperación económica y social de España está condicionada a la resolución de sus problemas estructurales, destacando la necesidad de reforzar las medidas fiscales para incentivar el crecimiento, fundamentalmente a través de la implementación de reformas en el sistema de prestaciones y en el sistema tributario que garanticen la inclusión social. Por lo tanto, medidas de ajuste estructural podrían ayudar a recuperar la estabilidad macroeconómica, mejorar la distribución del ingreso e implementar mejores estrategias de desarrollo.