Poco margen de maniobra tiene la mayoría de los gobiernos para  influir en el crecimiento  de sus economías a corto plazo. Las  limitaciones de las políticas económicas son tanto más significativas cuanto más serias vuelven a ser  las amenazas recesivas. Desde luego sobre la eurozona, donde su viabilidad como unión monetaria sigue cuestionada. Y dentro de ella, la economía española. Nunca un gobierno en nuestro país había afrontado un proceso electoral con un cuadro de resultados económicos tan adverso y con tan poca capacidad para influir en su corrección a corto plazo. Revisemos esos rasgos básicos.

 Desaceleración global. Cuatro años después de la emergencia de la crisis financiera, y tres desde la quiebra de Lehman Brothers, la economía mundial vuelve a registrar una desaceleración. Esa inflexión en la senda de la recuperación es más explícita en las economías a las que se han  dirigido las exportaciones españolas en los últimos meses, y muy especialmente las de la eurozona. La demanda mantendrá la debilidad observada en el segundo trimestre  en el conjunto del área monetaria, quizás con la excepción de Bélgica donde la excepcional ausencia de gobierno desde hace meses no ha permitido orientaciones presupuestarias tan contractivas como en las demás economías.

 Intensificación de las tensiones financieras. Los mercados financieros siguen cotizando con una desconfianza diferencial lo que ocurre en Europa. Los  de bonos  penalizan la confusión y la parálisis política. Una de las paradojas la aporta el tratamiento tan desigual que conceden los inversores a los títulos de deuda pública de EEUU o Japón, por un lado, y a los de la mayoría de la eurozona, por otro. Los países europeos que comparten moneda tienen una deuda y un déficit públicos inferiores a EEUU y los propósitos de enmienda a este respecto han sido mucho más radicales que los enunciados al otro lado del Atlántico. Sin embargo, desde hace meses, los mercados secundarios asignan a los bonos del degradado Tesoro estadounidense tasas de rentabilidad reales negativas. Parecen cotizar en mayor medida la capacidad política, de gobierno, en definitiva, que las precipitadas profesiones de fe en una ortodoxia que por sí sola no garantiza la devolución de las deudas.

La renovada vulnerabilidad de los sistemas bancarios de la eurozona, su reflejo en las excepcionales pérdidas de valor bursátil es inquietante. En mayor medida si tenemos en cuenta el elevado grado de bancarización de la eurozona y las restricciones crediticias que siguen sufriendo las empresas no financieras. Algunos grandes bancos alemanes han perdido más del 50% de su valor en los últimos doces meses, a pesar de que  ese sistema bancario es el que más ayudas públicas ha recibido desde el inicio de la crisis. Y es que, la otra exigencia que condiciona las variaciones de la aversión al riesgo de los inversores es el grado de adecuación de las políticas económicas a propiciar el crecimiento económico.

 Políticas económicas condicionadas. La capacidad para estimular la demanda en la eurozona es limitada. Semanas antes de ese 13 de julio en el que la Fed anunció excepcionalmente que no subirá los tipos de interés, desde el nivel nulo actual, hasta mediados de 2013, el BCE elevaba los suyos. Es probable que el banco central americano anuncie decisiones de estímulo adicionales, mientras que no es tan evidente que el BCE enmiende sus errores con la misma celeridad.

Las políticas que en las condiciones actuales dispondrían de mayor capacidad de neutralización de las amenazas recesivas son las presupuestarias. Pero no son precisamente las más factibles. También en este punto se ha acentuado la diferenciación entre EEUU y la eurozona, tras el anuncio la pasada semana del programa de estímulo de la administración americana. En la eurozona asistimos a la adopción simultánea de decisiones contractivas del crecimiento, con bastante independencia de la posición cíclica de las economías o del grado de deterioro de las finanzas públicas y el correspondiente escrutinio por los mercados de bonos.

Lleva razón la directora gerente del FMI al advertir de que frente a las amenazas recesivas las exigencias de estímulo a corto plazo pueden perfectamente compatibilizarse con las de reforzamiento de los compromisos de saneamiento de las finanzas públicas a un horizonte menos inmediato. Esa complementariedad es mucho más factible en Alemania que en las economías más castigadas por los mercados de bonos.

España inerme. La economía española se encuentra expuesta en los dos frentes: crece muy poco y sigue en el centro de las tensiones financieras. Ha sido el sector exterior,  la demanda de bienes y servicios de nuestros principales socios, lo que ha impedido la entrada en recesión. Pero ahora esos países demandarán menos. El ritmo de crecimiento necesario para que nuestra economía pueda crear empleo es muy superior al anticipado para este y el próximo año.

Frente a un cuadro tal, el gobierno no dispone apenas de capacidad de maniobra. Ninguna de las políticas convencionales de demanda está disponible. Las de carácter estrictamente monetario dependerán de lo que haga el BCE. Las políticas presupuestarias, aunque formalmente dependientes del gobierno, hace tiempo que lo único que pueden depararnos son restricciones adicionales de gasto. El BCE o las autoridades alemanas bendicen esa suerte de sacrificios, como el muy cuestionable derivado de la reforma constitucional, pero los mercados de bonos ya empiezan a dudar de la rentabilidad del radicalismo fiscal a corto plazo. Los mercados de deuda pública valoran favorablemente esos propósitos de enmienda, pero sin que lleguen al límite de sacrificar las posibilidades de crecimiento económico. Los mercados de acciones tampoco serán favorables: en su comportamiento influyen mucho más las posibilidades de crecimiento de los beneficios de las empresas que cotizan. Y estos valorarán si la demanda, allí donde venden las empresas, crece suficientemente.

Uno de esos subgrupos empresariales con mayor importancia en todos los índices bursátiles, pero de forma destacada en el más representativo de la bolsa española, son los bancos. En la anticipación de la capacidad de generación de beneficios de los españoles concurren dos factores. Las posibilidades de recuperación de sus activos, fundamentalmente los créditos a empresas, familias y AAPP y, dependiendo en gran medida de ello, la devolución de sus propias deudas a los acreedores en los mercados mayoristas. El acceso a esos mercados no es ahora mucho más fácil que en los peores momentos de la crisis financiera global.

Las autoridades españolas solo podrán trabajar en aquellas políticas que no incorporen desembolsos. Podrán hacerlo en aquellas reformas que mejoren la capacidad competitiva y, en definitiva, el muy dañado crecimiento potencial de la economía. En los mercados de factores, desde el de trabajo, facilitando por ejemplo la extensión de la contratación a tiempo parcial, hasta el propio sistema financiero. Junto al Banco de España y, deseablemente, con el concurso del principal partido de la oposición debería urgir la normalización del sistema bancario: la conclusión definitiva y lo más racional posible del proceso de concentración y capitalización de cajas de ahorros, es una de las prioridades. La normalización solo se habrá conseguido cuando el crédito vuelva a fluir.

Con todo, las probabilidades de que la economía española abandone la zona de mayor peligro en que ha estado sumida en muchos años, depende en mucha mayor medida de que desaparezca la parálisis política dominante en la eurozona.

(artículo publicado en El Pais Negocios, 18 de septiembre de 2011)

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