Por Ester Martínez-Ros, profesora titular del Departamento de Economía de la Empresa en la Universidad Carlos III de Madrid y directora de la Escuela de Formación Continua de la UC3M.
Los fondos públicos son fundamentales para ayudarnos a transformarnos en una economía más verde y sostenible. En España, el uso de créditos fiscales para la innovación verde y tecnológica creó beneficios indirectos en el empleo para las MIPYMES (o microempresas) y las PYMES. Esperamos que esta lección del pasado pueda ayudar a configurar una mejor dirección futura para las políticas fiscales verdes, en la que los países puedan seguir innovando y aprovechando las tecnologías existentes para la transición hacia un nuevo mundo más seguro, más verde y más sostenible para todos.
Se necesitan programas públicos y políticas de incentivos para impulsar la I+D y las inversiones en innovaciones verdes
Muchas cuestiones medioambientales, como el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero y la degradación del medio ambiente, siguen siendo uno de los problemas más acuciantes. En el mundo actual, no basta con satisfacer tanto los objetivos económicos como los ecológicos para responder a la presión constante para ser verde, sino que también es necesario innovar para la transición a la nueva normalidad, para impulsar aún más la eficiencia y para encontrar nuevas formas de generar ingresos en este entorno extremadamente dinámico. Las imperfecciones del mercado crean unas condiciones en las que no se puede alcanzar un nivel óptimo de innovación a menos que se pongan en marcha políticas públicas para estimular la innovación (Porter y van der Linde, 1995; Rennings, 2000; OCDE, 2011). Especialmente en el caso de las innovaciones ecológicas, que se enfrentan a dos externalidades: una externalidad de innovación y una externalidad medioambiental, los factores de empuje tecnológico y de atracción del mercado por sí solos no proporcionan suficientes incentivos (Rennings, 2000). El crecimiento sostenible requiere políticas necesarias, instituciones de apoyo, ambición ecológica, innovación y competencias avanzadas.
Los incentivos fiscales y la financiación directa han sido los dos instrumentos políticos más utilizados para impulsar el desarrollo sostenible
En lo que respecta a las políticas de tecnología e innovación, los incentivos fiscales (es decir, exenciones, créditos y amortizaciones aceleradas) y la financiación directa son los dos instrumentos políticos más utilizados para motivar a las entidades privadas a ser responsables con el medio ambiente. Los incentivos fiscales son más favorables al mercado que la financiación directa. Además, los incentivos fiscales tienen una menor carga administrativa y ayudan a reducir el riesgo de «elegir a los perdedores» más que los instrumentos de financiación directa (Dechezleprêtre et al., 2016). La mayoría de los países de la OCDE han utilizado incentivos fiscales, ya que han descubierto que los créditos fiscales proporcionan un mayor rendimiento a los esfuerzos de innovación, manteniendo los efectos indirectos positivos, beneficiando a la economía en su conjunto (OCDE, 2011).
Beneficios indirectos de los créditos fiscales sobre el empleo: El caso de España.
En nuestro trabajo, analizamos el efecto de los créditos fiscales a la innovación medioambiental (IE) y a la I+D e innovación tecnológica (I+D+i) sobre el nivel de empleo de empresas de diferentes tamaños en España, ya que España ofrece un contexto interesante. Aunque España ha impulsado fuertemente su plan de estrategia sostenible mediante el aumento del gasto público en la protección del medio ambiente a través de sus políticas medioambientales más fuertes, sus ingresos por impuestos relacionados con el medio ambiente como proporción del PIB han disminuido desde el año 2000. El análisis de más de 170.000 empresas se basa en los registros del impuesto de sociedades de 2008 del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España. El conjunto de datos contiene registros de empresas que optaron por el Régimen Especial de Empresas de Reducida Dimensión, dirigido a las pequeñas empresas. Nos centramos en las pequeñas empresas, ya que son la columna vertebral de una economía (Baumann y Kritikos, 2016), pero suelen quedar fuera de los análisis. Aproximadamente el 97% de las empresas en España en 2008 tenían 19 empleados o menos (INE, 2009). Curiosamente, las pymes españolas (más de 10 empleados) han sido responsables de más de la mitad de la inversión empresarial en I+D, una tendencia contraria a la de la mayoría de los demás países de la OCDE (INE, 2010; OCDE, 2015). Los gráficos 1 y 2 ilustran el porcentaje de empresas con IE y crédito fiscal para I+D+i por sectores.
Nuestro resultado es el primero que ilustra la relación entre los dos tipos de incentivos fiscales sobre el empleo. Muestra que existen relaciones positivas entre el empleo y los créditos fiscales a la IE y a la I+D+i tanto para las mipymes como para las PYME. Con ambos créditos fiscales combinados, la magnitud es mayor para las MIPYMES que para las PYMES (Gráfico 3). El impacto es mayor en el sector de la industria para las mipymes, pero el impacto es mayor en los sectores de energía y agua, y de servicios para las pymes. Cuando se comprueba el efecto conjunto, los resultados muestran que los efectos de ambos créditos fiscales sobre el empleo son independientes entre sí, tanto para las mipymes como para las pymes.
Nuestros resultados confirman que los regímenes de incentivos fiscales aportan beneficios adicionales a los previstos inicialmente. No obstante, los resultados deben interpretarse con cautela, ya que los cambios netos en el empleo no solo dependen de las políticas verdes, sino también de otros factores, como el funcionamiento del mercado laboral (OCDE, 2014), el uso de los ingresos procedentes de otros impuestos medioambientales (Bowen, 2012) y la naturaleza y la complejidad de los propios instrumentos fiscales verdes. El gobierno debe seguir participando en las políticas ecológicas y tecnológicas para garantizar que los planes de intervención política sean potentes y eficaces. El cambio tecnológico no se produce si no hay inversión privada (Jaffe et al., 2005). Las políticas medioambientales y los incentivos a la I+D son los principales impulsores y formadores del desarrollo sostenible. Un conjunto de investigaciones (por ejemplo, Hall y Lerner, 2010) proporciona una base sólida para diseñar políticas adecuadas de apoyo a la innovación; sin embargo, las leyes y las políticas no pueden seguir el ritmo de los avances tecnológicos. Las diferencias son cada vez mayores en todos los ámbitos tecnológicos (Martínez-Ros y Kunapatarawong, 2019). Además, el pasado ha demostrado que el éxito de la aplicación no es una tarea fácil, lo que da lugar a errores involuntarios en el diseño y la aplicación de las políticas. Dada la proporción relativamente baja de empresas que adoptan la IE en Europa, todavía hay margen para una mayor adopción y difusión de la innovación verde en muchos países, especialmente en los países rezagados (AEMA, 2014). Para que los programas de apoyo público sean más eficaces, los responsables políticos deben tener en cuenta no solo cómo incentivar las capacidades medioambientales a nivel de empresa, sino también cómo dichas capacidades repercuten en el trabajo a nivel micro y macroeconómico. Las políticas deben potenciar una mayor sinergia entre la innovación verde y el empleo, teniendo en cuenta las características heterogéneas de los tipos de innovaciones verdes, las empresas, los sectores, los países y las regiones (Triguero et al., 2017). Por ejemplo, los responsables políticos pueden diseñar políticas que ayuden a orientar a las empresas a elaborar la estrategia en la que la elección de su innovación verde aumente el crecimiento de la empresa tanto en términos de rentabilidad como de empleados. El apoyo público para seguir invirtiendo en I+D, desarrollar habilidades verdes (OCDE, 2012) y el requisito de que las empresas implementen el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) (Cecere y Mazzanti, 2015) también son pasos cruciales para lograr un crecimiento más inteligente (fomentando el conocimiento), un crecimiento más sostenible (un mundo más verde mientras se impulsa la competitividad) y un crecimiento más inclusivo (mejorando la participación en el mercado laboral) (Triguero et al., 2017). Esperamos que los resultados de este estudio proporcionen información adicional sobre cómo crear regulaciones mejor diseñadas que puedan maximizar los co-beneficios para las empresas y la sociedad por igual.
