Por Andrés J. Picazo Tadeo (Universidad de Valencia)

Hace unos días tuve el inmenso privilegio de sentir de cerca el cariño de muchos colegas y amigos en las XXXIX Jornadas de Alicante sobre Economía Española, donde impartí la Lección Fuentes Quintana. Como no podía ser de otra manera, mis primeras palabras en esta entrada son de sincero agradecimiento por su extraordinaria generosidad.

La lección¾titulada ‘Crecimiento, Instituciones y Bienestar’¾tuvo un carácter marcadamente académico. El propósito era trasladar a nuestros estudiantes la importancia que tienen las instituciones para el progreso económico y social. El marco teórico para entender cómo y porqué las instituciones son relevantes en economía lo proporciona la Nueva Economía Institucional; y numerosas investigaciones empíricas han confirmado la relación entre calidad institucional y prosperidad.

Entre otras, mi intención fue mostrar cuál es la calidad de las instituciones en España. La mayoría de las fuentes estadísticas disponibles revelan un déficit de calidad institucional; particularmente cuando nos comparamos con países del Centro y Norte de Europa. Según el Banco Mundial, la calidad de las instituciones económico-judiciales españolas es inferior al promedio de la Unión Europea; y se encuentra muy alejada de países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Luxemburgo o Países Bajos. Además, no ha dejado de deteriorarse desde el inicio del siglo actual. Y lo más preocupante, en mi opinión, es la caída de España en el ranking del Banco Mundial; en el año 2000 ocupábamos el percentil 86, y en 2022 el percentil 73.

Indicadores de la calidad institucional en España, 2000-2022

(-2,5 menor calidad a 2,5 mayor calidad; percentil entre paréntesis)

Fuente: Banco Mundial (2024)

La calidad de nuestras instituciones es, asimismo, inferior al promedio de la Unión Europea en todas las dimensiones que analiza el Banco Mundial; aunque la distancia es más acusada respecto a la calidad de la regulación, el control de la corrupción y, muy en particular, la estabilidad política.

Indicadores de la calidad institucional en España, 2022

(Unión Europea-27 = 100)

Fuente: Banco Mundial (2024)

Otros organismos como el Quality of Government Institute de la Gothenburg University en Suecia o el Berggruen Institute y la UCLA en Estados Unidos confirman el déficit de calidad institucional en España.

Varios estudios han utilizado diferentes estrategias empíricas para estimar el impacto de este déficit institucional sobre variables económicas. García-Santana et al. (2020) obtienen que en el período 2000-2007 el declive institucional en España explica una pérdida anual del 1,9% en la Productividad Total de los Factores. En esa etapa también empeoró la eficiencia en la asignación de los recursos; y las empresas españolas incrementaron su gasto en sobornos, especialmente en actividades donde las conexiones con funcionarios públicos son más relevantes para el éxito empresarial. Mora-Sanguinetti y Pérez-Valls (2020) estiman que el volumen de regulación en España¾que se ha cuadriplicado desde finales de la década de 1970¾se relaciona negativamente con el total de empresas en el mercado y, también, con el capital de las nuevas empresas entrantes. De Lucio y Mora-Sanguinetti (2022) obtienen que una reducción de un 1% en la complejidad de la regulación incrementaría la productividad del trabajo en un 0,07%. Otros autores también argumentan que incrementar la calidad institucional en España impulsaría la productividad y el PIB a largo plazo (Alcalá y Jiménez, 2018; Andrés y Doménech, 2016).

Y esto puede ser relevante, porque el crecimiento de la economía española en las últimas décadas se caracteriza por un virtual estancamiento de la productividad. Según cifras del Banco Mundial, entre los años 2000 y 2023, la productividad del trabajo en España tan sólo ha crecido un 3,7%; frente a un aumento del 20% en la Unión Europea y el 35% en Estados Unidos. El empleo ha reemplazado a la productividad como motor del crecimiento español.

Productividad por ocupado, 2000-2023

(2000 = 100; $ internacionales de 2021)

Fuente: Banco Mundial (2024)

Asimismo, hay estudios que relacionan la calidad institucional con dimensiones sociales¾no económicas¾del progreso. Rios et al. (2023) muestran que la calidad de gobierno en las regiones europeas impulsa el empoderamiento político femenino; y que una mayor participación de mujeres en política también favorece la calidad de gobierno. Peiró Palomino et al. (2024a) concluyen que la confianza interpersonal es un motor destacado de facetas avanzadas del progreso social como la educación superior o ciertos comportamientos prosociales de los ciudadanos. Peiró Palomino et al. (2024b) obtienen evidencia empírica de que el capital social impulsa la calidad medioambiental; además, este efecto se canaliza, entre otros mecanismos, a través de una mayor calidad de gobierno.

Más allá de la academia y la investigación científica, recientemente también he podido comprobar en primera persona¾en mi condición de valenciano de nacimiento y albacetense de adopción¾como la falta de calidad institucional ante una de las mayores catástrofes naturales acontecidas en España en los últimos tiempos ha provocado costes que trascienden, con mucho, a los meramente económicos. Las inundaciones han puesto de manifiesto la existencia de un Estado con notables disfuncionalidades para hacer frente a una catástrofe de estas dimensiones.

Y ya que el título de las Jornadas ha sido ‘Desafíos de Economía Española en la nueva Europa’, un desafío inaplazable es aumentar la calidad de nuestras instituciones. En mi opinión, resulta imprescindible mejorar la regulación económica reduciendo su complejidad y eliminando burocracia; erradicar la corrupción para mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos; reforzar la estructura de contrapesos políticos para evitar que el poder se concentre en instituciones o actores concretos; moderar la polarización política y social, fomentando el diálogo y la búsqueda de soluciones que integren perspectivas diversas; o avanzar en la cultura de la evaluación de las políticas públicas para mejorar su eficiencia y transparencia.

Y esta es una responsabilidad colectiva que nos atañe a todos.

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