No debería esperarse más. Los últimos meses del año añaden poderosas razones a favor de buscar fórmulas de acuerdo entre las principales fuerzas políticas y agentes sociales para encarar la comprometida situación que vive España. Mal hará el Gobierno si el recuperado signo positivo de ciertos indicadores económicos (aumento de la recaudación impositiva, buen comportamiento del sector exterior, reversión de la salida de capitales) le hace confiar en su solo empuje. El país arrastra un problema de credibilidad, y, más aún que alcanzar el 6,3 por ciento de déficit público al cierre del ejercicio —con ser esta meta tan irrenunciable como decisiva a tal efecto—, la unidad de acción frente a los graves problemas planteados supondría un auténtico vuelco en nuestra apreciación exterior. Y malo será que desde la oposición el goteo incesante de evidencias de una depauperada realidad social, sólo se utilice para descalificar el desempeño de un gobierno que cruzado de brazos, desde luego, no está.

Tres hechos sobresalen: un paro masivo que puede alcanzar al terminar diciembre 6 millones de trabajadores; un déficit en el sistema público de pensiones que oscilará ente 7.000 y 10.000 millones de euros, y el creciente tensionamiento, al rebufo de las elecciones catalanas, en los frentes que tiene abiertos la estructura territorial del Estado.

No es, pues, únicamente la dimensión económica —¿no es suficientemente grave que uno de cada cuatro activos esté en paro?— lo que justifica la solicitud de consenso, una demanda que se formula cada vez con mayor insistencia desde la sociedad civil española (la más reciente es la del Círculo Cívico de Opinión, “Por un pacto de Estado”, www.circulocivicodeopinion.es). En efecto, los problemas que plantea el sistema de bienestar social exigen soluciones de altura. Tal y como hoy está configurado no es sostenible. Es cuestión de aritmética, no de ideologías: España no genera recursos suficientes para financiar los servicios públicos que el Estado dispensa de forma gratuita o casi. Evitar la quiebra obliga a la adaptación. Sin un gran pacto, que atienda tanto a la viabilidad económica como a la justicia social, las ventajas del Estado de bienestar no perdurarán.

Y en términos semejantes se puede argumentar a propósito de las tensiones territoriales. La parte más aparatosa viene ahora de Cataluña, pero no sería sensato olvidar que, después de más de treinta años, el reparto territorial del poder presenta severos deterioros. El reparto de competencias entre unas y otras Administraciones aconseja un replanteamiento en profundidad; la relación entre la legislación estatal y la autonómica es incorrecta; el sobredimensionamiento del escalón autonómico resulta en ocasiones clamoroso. La situación, en suma, reclama imperiosamente reformas que, a su vez —como las exigencias que provienen de Cataluña—, requieren el marco de un pacto de Estado.

No se espere más. Pronto se cumplirá un quinquenio desde el inicio de la crisis. A grandes desafíos, grandes acuerdos.

1 Comentario

  1. Amigo Jose Luis, estoy muy de acuerdo con tus pronósticos. Yo no tengo ni tu preparación académica, ni frecuento tus círculos. Simplemente me muevo en la calle; y de un simple vistazo, se infieren las mismas o parecidas conclusiones. Solo hace falta querer. Que quieran unos y otros: gobierno y oposición.
    Me alegra mucho haberte encontrado después de haber coincidido contigo durante todo nuestro Bachillerato. Enhorabuena por tu trayectoria.

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