La travesía ha durado prácticamente todo un año, el transcurrido desde la convocatoria de elecciones generales el 20D hasta el nombramiento de Rajoy como presidente. El trayecto ha sido largo, no ha estado exento de riesgos y ha incurrido en costes, pero deja un puñado de motivos alentadores.

Primero: la interinidad gubernamental no ha sido sinónimo de vacío institucional. Conviene resaltarlo. El no siempre fácil juego de iniciativas e intentos por unos y otros para asegurarse la investidura, ha discurrido siempre por los cauces constitucionalmente delimitados. En la Jefatura del Estado la prudencia se ha combinado con la profesionalidad. Y las ruedas de la Administración no se han detenido. El cuadro institucional básico de la democracia española ofrece solidez.

Segundo motivo: el buen comportamiento de la economía, tanto en términos macroeconómicos como desde la perspectiva empresarial. Contrariamente a tantos pesimistas vaticinios, el ejercicio de 2016 va a cerrarse con un notable muy alto en ritmo de crecimiento del PIB, en creación de empleo y en actividad exportadora. Una economía —unas empresas– con musculatura.

Y tercero: la consistencia del tejido social, capaz de seguir asimilando el severo impacto que un muy elevado desempleo —en particular, el de larga duración: casi dos millones suman quienes buscan empleo desde hace más de dos años, y cerca de un millón y medio de familias tiene a todos sus miembros en paro— y la precarización laboral tienen sobre la distribución de la renta y la movilidad social. Una dura realidad ante la que la sociedad española no ha bajado los brazos, aportando todos los días muestras de dinamismo y expresiones de solidaridad —dentro y fuera del ámbito familiar— más que elogiables.

Si lo consideráramos una prueba, el año con Gobierno en funciones habría obtenido buena nota. Ahora, en todo caso, hay que pasar otros exámenes, todos los cuales requerirán, para superarse, del nutriente esencial de las mejores democracias: capacidad de negociación y de acuerdo. La negociación como pilar fundamental de la democracia, ahuyentando los excesos del principio de la mayoría (“ese abuso de la estadística”, que dijera Borges). El acuerdo como bien democrático, el compromiso que no es claudicación, que no es traición. Capacidad y disposición para buscar puntos de encuentro al servicio de intereses generales. Los problemas de fondo que están en la sala de espera así lo demandan, desde luego. El independentismo catalán —“el reto más grave que tiene España”: lo ha certificado el propio Rajoy—, el sistema de pensiones —urgido de replantear una insuficiente financiación mediante cotizaciones sociales, dado el aumento tendencial de las prestaciones y el envejecimiento de la población—, la educación, el mercado de trabajo, la financiación autonómica y la limpieza de la vida pública son los principales: una buena carga de deberes insoslayables para la legislatura.

Qué tendrá su primera piedra de toque —una auténtica reválida— en los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Una obra delicada que exigirá precisamente de esa voluntad —e inteligencia— que conduce a pactar, la única vía que las sociedades plurales y complejas, como es la española hoy, tienen para afrontar los grandes desafíos que el tiempo trae.

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