Responsabilidad versus alarma

Dado que los resultados del 24 M no constituyen sino la crónica de un cambio anunciado, ahora el alarmismo está de más. Las alarmas, de ser necesarias, deberían haber saltado antes, incluso mucho antes, pues el cambio profundo que las urnas han expresado se ha cocido a fuego lento; al persistente calor suministrado por la erosión de las clases medias y la creciente desigualdad durante largos años de crisis, por la carencia de iniciativas de los partidos hegemónicos para impulsar una regeneración creíble de la democracia y por la ausencia —o el desprecio— de cualquier asomo de pedagogía social a la hora de hacer entender a la ciudadanía los costes de sanear una situación económica comatosa. Ha habido mucho tiempo, en efecto, para alertar del impacto que todo ello acabaría teniendo en el escenario político habitual en las últimas tres décadas. Lo que conviene en este momento es llamar la atención sobre las oportunidades que abre.

Tres, al menos, son discernibles. Primera: los resultados electorales abren el juego político competitivo, con un doble beneficio: por una parte, incorpora a la política institucional movimientos o plataformas sociales que se movían únicamente en el terreno de la protesta; por otra, promueve movimientos adaptativos a las nuevas circunstancias en los viejos partidos (“o cambiamos o nos cambian”, esa es para ellos ahora la cuestión hamletiana). Segunda: la cultura de pactos y de cooperación política pasa a ser asignatura obligatoria, que no meramente optativa, con todas las ventajas —si prevalece la altura de miras— que ello supone, pues el pacto es el medio mejor para la solución de la mayoría de los problemas políticos y sociales en democracia, y más en sociedades plurales y complejas como es la española hoy. La cultura del compromiso, de la negociación para buscar puntos de encuentro al servicio de intereses generales. Si tal actitud y tal aptitud las tuvieran unos y otros actores políticos, los veteranos y los recién llegados, entonces el nuevo mapa, aunque más compartimentado —o fragmentado—, habría que contemplarlo no como amenaza sino como oportunidad de construir una democracia más vigorosa. No se olvide que ineficacia o corrupción es lo que más mina la credibilidad del sistema y lo deslegitima. ¿Alguien lo duda a estas alturas? Precisamente ello conduce a la tercera oportunidad que crea el nuevo contexto: la necesidad de acuerdos de gobernabilidad entre diversos partidos facilitará mayor transparencia, mayor disciplina y exigencia frente a la corrupción, mejor control de la gestión, una prioridad indiscutible en las circunstancias actuales.

No son, pues, vaticinios agoreros lo que se necesita en esta hora. Sí, en cambio —y así se ha pronunciado el Círculo Cívico de Opinión—, apelar a la responsabilidad de quienes gobiernen para hacer realidad lo que desea la sociedad española: superar la crisis en todas sus dimensiones, dando por hecho que los servicios públicos van a continuar funcionando como corresponde a un país desarrollado y que no asistiremos a una parálisis provocada por conflictos institucionales; que se va a combatir enérgicamente la corrupción y la apropiación de las instituciones por los partidos; que se buscará solución a los conflictos territoriales, y que no se abandonará la dirección adecuada para la recuperación económica, porque el empleo de calidad lo crean las políticas apropiadas, no el voluntarismo.