Negligencia e incompetencia: es difícil eludir estos términos al referirse a la gestión política de la crisis sanitaria en España. Al descuido (que eso es negligencia) inicial, le ha seguido, en la obligada improvisación, manifiesta impericia (esto es, incompetencia), no corregida pero sí aumentada al recaer el protagonismo en un Ministerio de Sanidad hasta la hora de la emergencia semidecorativo y, por tanto, carente de suficientes recursos materiales y resortes organizativos. ¿Algo más? Sí, tal vez lo más decepcionante por ser lo más peculiar de la situación española: como en anteriores episodios críticos de la democracia (23F, 11M, 2008-13, octubre de 2017), la emergencia actual encuentra un escenario político dominado por un enfrentamiento rudo y empobrecedor, donde prima el cortoplacismo y la conveniencia de parte por encima del interés general. Los resultados adversos a la vista están: en vidas y padecimientos, primero, pero también en costes sociales y económicos de una envergadura que tardaremos aún en poder evaluar.
Aunque también es cierto que la crisis ha dejado aflorar una de las mejores –acaso la mayor— de nuestras fortalezas: la sociedad, la ciudadanía de la España democrática. Si el drama colectivo que estamos viviendo es un test de responsabilidad individual y de solidaridad, la nota que alcanzamos es la más alta. La falta de medios y la improvisación se suple con profesionalidad y entrega admirables por parte del personal sanitario. Altísima calificación se merecen igualmente quienes —civiles y militares— atienden servicios públicos y actividades esenciales. Y no se puede dejar de reconocer, asimismo, las numerosas iniciativas solidarias de empresas grandes, medianas y pequeñas, bien asumiendo el cierre de la respectiva actividad, bien manteniendo en condiciones precarias la producción; ya readaptando líneas de fabricación, ya haciendo significativas donaciones y también recortando altas retribuciones.
Es momento, en todo caso, de mirar hacia delante, y hacerlo respondiendo al deseo tan mayoritario (92 por 100 de la población, según el barómetro de Metroscopia de la semana pasada) para encarar unidos el inmediato futuro. ¿Cómo conseguirlo? En línea con el muy reciente planteamiento al respecto del Círculo Cívico de Opinión (COVID-19, ESPAÑA-20), tres condiciones parecen necesarias para hacer factible un acuerdo ambicioso entre los principales partidos políticos y agentes sociales. Una: despolitizar el análisis de las causas y el tratamiento de la crisis, aparcando la ideología como lente principal (difícil le resultará, desde luego, a quien solo esté en condiciones de aportar píldoras ideológicas). Dos: dado que acordar no es un “acto”, sino un “proceso” que se nutre tanto de propuestas como de gestos y actitudes, crear un clima de acercamiento y confianza mutua entre los negociadores. Tres: no entender el pacto como un aval al Gobierno, sino como un bien democrático, un modo de alcanzar antes y mejor objetivos de interés general a partir de iniciativas de unos y otros.
Pónganse a ello; el tiempo apremia. Lo requiere tanto la urgencia sanitaria como la protección de los grupos de población con más riesgo y aquellos que han resultado más perjudicados; tanto el final pautado del confinamiento social como la recuperación de la actividad productiva, esto es, del tejido empresarial generador de empleo y renta. Alcanzar un gran acuerdo nacional sería, a su vez, la mejor baza ante nuestros socios en la Unión Europea: cuanto mayor sea la cohesión interna, tanto más eficaz será también nuestra capacidad negociadora. A ver.
