El 4 de septiembre de 2020 Caixabank y Bankia comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el inicio de las negociaciones con vistas a una hipotética fusión de ambas entidades. Ese mismo día, el Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, publicó una nota de prensa afirmando que analizaría objetivamente la propuesta valorando su contribución a la generación de valor y la recuperación de las ayudas públicas. Realizado dicho análisis, explicitó poco después (mediados de octubre) su postura favorable a la fusión, garantizando así la posterior aprobación de la operación por la junta de accionistas. Con un balance próximo a los 650.000 millones de euros y una cuota de mercado, tanto en depósitos como en créditos, cercana al 25% nacía así la entidad líder hasta la fecha del mercado español.
Como es bien sabido a estas alturas, la postura del gobierno sobre la OPA hostil del BBVA sobre el Banco de Sabadell ha sido la opuesta a la adoptada en el caso anterior. Prueba de ello es que para autorizar la citada operación de concentración ha añadido una condición adicional a las ya impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que no es otra que prohibir temporalmente (tres años ampliables a cinco) la fusión de ambas entidades.
La imposibilidad, al menos formalmente, de volver a valorar “lo ya juzgado” por la CNMC (esto es: el impacto de la fusión sobre el nivel de competencia) y el aval del BCE a la operación en términos de solvencia ha obligado al gobierno a esgrimir razones de interés general para argumentar su oposición a la misma. La primera de ellas ha sido garantizar el mantenimiento de un adecuado flujo de financiación a las empresas en general y a las pymes en particular. Visto lo ocurrido -una reducción sustancial en la exposición al segmento pyme en los años posteriores a la fusión- ocurrida en los casos Caixabank-Bankia y Unicaja-Liberbank, el gobierno defiende que, pese a suponer tan solo el 7,48% del total del crédito concedido a las pymes, es necesario mantener como entidad autónoma el Banco de Sabadell.
Impedir que, como en los casos citados, tuviera lugar “una destrucción de puestos de trabajo extraordinaria y superior a la tendencia observada a nivel sectorial” es otro de los motivos esgrimidos por el gobierno para acordar retrasar la fusión, evitando de paso los costes para la Seguridad Social que causaría la caída de los ingresos y el pago de las prestaciones por desempleo.
La experiencia reciente, prosigue el gobierno, muestra además que el impacto de la concentración sobre el territorio es desigual y que en los años posteriores a la integración tiende a aumentar el volumen de reclamaciones. Establecer un periodo transitorio permitirá pues suavizar el impacto sobre la cohesión territorial y los derechos de los consumidores que causará la desaparición de una o varias entidades.
El distinto perfil territorial y de especialización (más centrada en la promoción académica la de BBVA y en la promoción de la cultura la del Sabadell) de las fundaciones que poseen las dos entidades involucradas en la operación de concentración aconsejarían, asimismo, mantener temporalmente ambas, posibilitando así el normal funcionamiento de los proyectos en curso.
Las iniciativas puestas en marcha, se resalta, de manera autónoma por el Banco de Sabadell para gestionar la problemática social de la vivienda de los clientes vulnerables, sus aportaciones al Fondo Social de Vivienda y su contribución a la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico son otros de los argumentos aducidos por el gobierno para sostener la conveniencia de mantener operativo el Banco de Sabadell.
Consciente de que ninguna de las fusiones que han tenido lugar en los últimos años hubiera sido aprobada de aplicarse los criterios seguidos en esta ocasión, el gobierno se ha apresurado a señalar que se trata de un caso excepcional dada “la dimensión de ambas entidades y la pluralidad de intereses generales afectados”.
Incluso suponiendo que las próximas operaciones de concentración vuelvan a ser “normales”, el margen de maniobra para llevar a cabo fusiones adicionales en el mercado español parece ciertamente reducido. Dado su notable tamaño y el elevado grado de concentración que presenta el sistema bancario español en la actualidad cualquier operación que involucre al Banco Santander, BBVA, Caixabank y al Banco de Sabadell en el caso de que fracase la OPA tendrá que ser analizada con lupa por la CNMC, mientras que aquellas que supongan la desaparición de entidades muy arraigadas en sus territorios de origen (Abanca, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja) tendrán que vencer la previsible oposición de los agentes sociales y poderes públicos autonómicos. No le será por último fácil al gobierno actual soslayar en casos futuros los principios básicos ─relevancia de las pymes y de la territorialidad─ que ha seguido en esta ocasión para oponerse a la fusión del BBVA y el Banco de Sabadell.
