La discusión sobre el mercado y el precio de la electricidad

La discusión sobre el precio de la electricidad y la reforma del mercado eléctrico es un evento sujeto a una marcada estacionalidad. Basta que llegue un pico de frío extremo en diciembre o enero para que la discusión emerja. Puesto que cada vez resulta más excepcional enfrentarnos con temperaturas muy bajas en diciembre/enero, el debate reaparece cada tres o cuatro años. Así pues, el precedente de la polémica que ha surgido estos días, asombrosamente mimético (pero con rotación del tablero), se produjo en enero de 2017.

Como ocurre frecuentemente con todo lo que tiene que ver con la electricidad, la discusión sobre este asunto está plagada, en proporciones variables, de tópicos, desinformación y tacticismo político. Personalmente, he llegado a pensar que el sector eléctrico está condenado a vivir bajo la eterna sospecha de que algo turbio debe esconder. Tal vez lo merezca si se presupone que algo erróneo hizo en el pasado y debe expiar por su pecado original. Sin embargo, sorprende que, cuando un operador dominante de telefonía aumenta 5 euros la factura de todos los consumidores para todos sus paquetes, y es seguida por otros operadores importantes, como ha sucedido en repetidas ocasiones, el asunto no trascienda más allá de una breve reseña periodística. Curiosamente, este evento no adquiere suficiente relevancia para que algún político dedique su tiempo a difundirlo a través de las redes. Esta circunstancia no deja de ser curiosa porque a) el hogar medio gasta algo más en servicios de telecomunicaciones que en electricidad (un 6% más con datos de la EPF de 2019) y b) la subida de los 5 euros (mensual) es permanente, mientras que una subida de los 5 euros en la factura de la electricidad (para parte de los consumidores eléctricos) es transitoria.

Resulta incluso más curioso porque cuando se hacen los ejercicios sobre la cobertura del sistema (esto es, si hay suficiente oferta para garantizar la demanda), el ejemplo de libro de texto sobre condiciones de tensión en el sistema es precisamente el del anticiclón con 4/5 días sin viento y con ola de frío que suele ocurrir en diciembre/enero. Precisamente, ahí es donde siempre se ha alcanzado el pico de demanda eléctrica en España que, de momento, sigue siendo superior al pico en verano, pese al uso generalizado del aire acondicionado. El primer agente que conoce perfectamente esta información es el operador del sistema (Red Eléctrica de España), y por eso es fundamental que sigamos contando con capacidad para garantizar la seguridad del suministro en todo momento. Este asunto tan importante se suele obviar cuando alegremente se propone cerrar los ciclos nucleares de forma inmediata.

En cuanto a las críticas que suscita el mercado eléctrico y la afirmación de que hay que cambiarlo, en mi opinión el principal problema consiste en conocer cuál es la alternativa concreta que se propone y cómo se articularía con el resto de componentes de la regulación (la existente o la que habría que establecer para acomodar otra forma de comprar y vender energía).

Un buen punto de partida para comprender mejor el funcionamiento del mercado eléctrico consiste en partir de la base de que el mercado eléctrico no es más que eso: un mercado en el que interactúan los oferentes y los demandantes. El mercado tiene reglas de funcionamiento conocidas (que se pueden encontrar en el BOE) y ofrece información detallada de cada unidad de oferta (no solo de cada empresa o de portfolios, sino de cada unidad de producción) y de demanda. La información está en la página web del Operador del Mercado: la más general con carácter inmediato y la más específica a los tres meses (por un asunto de competencia). La transparencia del mercado está sujeta a un Reglamento europeo (REMIT) y es supervisada por la CNMC. Evidentemente, la CNMC no solamente realiza esta función cuando el/la ministro/a competente (no lo critico, yo haría lo mismo) le pide que lo revise, sino que lo hace continuamente porque es su obligación. El mercado de la electricidad es un mercado europeo integrado, aunque no haya convergencia completa de precios; por cierto, el mecanismo de casación (EUPHEMIA) no es nuevo: el mercado ibérico está acoplado con el resto de Europa desde 2014. Las reglas son nacionales, pero si se desea modificarlas y permanecer al mismo tiempo en un mercado único europeo será necesario definir en algún momento qué se desea hacer. Si no, se corre el riesgo de que “cambiar el mercado eléctrico” se convierta en un eslogan con poco contenido, o al menos con poca o ninguna concreción sobre qué se desea realmente cambiar.

Por otro lado, efectivamente, el mercado es marginalista. Llamadme exagerado, pero a veces tengo miedo de que cuando dibujo en la pizarra una curva de oferta y demanda algún alumno se levante y me diga: ¡Usted es un marginalista! (es cierto, que en estos momentos el miedo es menor porque ahora lo explico en remoto). Y sí, como todos los alumnos saben (espero) el precio de equilibrio implica generalmente un excedente del productor (y del consumidor). Efectivamente, las tecnologías inframarginales obtienen ese excedente. Precisamente, eso es lo que explica que hoy en día muchas renovables se estén incorporando sin apoyo retributivo alguno. Por ejemplo, si el precio futuro de mercado fuera de 40 o 50 €/MWh, la entrada de las renovables se produciría de forma automática porque su coste nivelado de largo plazo (es decir, el que integra tanto costes fijos como variables) es claramente inferior a ese precio. Precisamente, las subastas (la próxima, tras las de 2016 y 2017, se celebrará el 26 de enero) surgen para apoyar la entrada de nuevos oferentes porque no hay certeza sobre el precio futuro. Pero, como creo entender que a veces se propone, si se les quiere retribuir “por sus costes” entonces habrá que establecer y pagar un incentivo (sin entrar en otras consideraciones sobre la revelación del coste, el desplazamiento de riesgos, etc.). Tampoco debemos olvidar la enorme cantidad de nueva generación renovable que queremos incorporar para contribuir a descarbonizar el consumo energético. La entrada de nuevos oferentes no se produce simplemente porque lo deseemos y consideremos que puede ser socialmente beneficioso, la entrada se produce cuando las condiciones de mercado lo facilitan (además de otras condiciones regulatorias).

Es importante destacar que existen otras dos tecnologías inframarginales donde no va a haber entrada y puede haber excedente: la hidráulica y la nuclear. En estos casos, la no entrada se produce por razones distintas. La hidráulica es energía renovable (la mejor para el sistema), pero obviamente tiene limitaciones medioambientales importantes (costes aparte). Las instalaciones ya existentes también se benefician del precio único, maximizando el valor económico del agua embalsada en este caso. Si hay sobreretribución (habría primero que definirla y calcularla, cosa nada sencilla), entonces se podrían aumentar las tasas y cánones ya existentes sobre estas tecnologías, que son varias.

La opción de retribuir a cada tecnología por sus costes, además de retrotraernos a antes de la liberalización (en un contexto de generación muy distinto), conlleva una evaluación de costes en la que las asimetrías de información son evidentes. Y no olvidemos que la generación es una actividad de mercado, aunque ciertamente esté regulada. ¿No resulta más eficiente dejar que el mercado ordene y luego, si hay un problema, atajarlo sin distorsionar su funcionamiento? Del mismo modo, si hay un problema de abuso de posición dominante o de manipulación de precios, ¿no es más eficiente supervisar, perseguir y sancionar ese abuso que pretender montar algo (no sé bien qué) que supuestamente lo evitaría?

La discusión sobre la reforma del mercado se produce porque los precios suben. Sin entrar en analizar los factores que explican por qué han subido los precios (frío, viento, gas, CO₂…), si el mercado funciona mal cuando suben, ¿funciona bien cuando bajan? Así parece, porque en ese momento no se aprecia un ambiente muy crítico. Es una traslación del efecto cohete y efecto pluma al ámbito eléctrico, en este caso aplicado a la relación entre el precio y la acumulación de declaraciones. No hay que olvidar que es difícil (yo creo que imposible) encontrar un sector de actividad con mayor intensidad regulatoria y cambios en la regulación, que el sector eléctrico. Sólo explicar los cambios en curso llevaría para bastante tiempo. Por ejemplo, la propuesta de creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que se dedicará a la financiación de las renovables, sí que es un cambio estructural que reducirá (aunque no en el porcentaje que se dice en el anteproyecto del Gobierno) la factura de la electricidad, además de contribuir a un reparto más equitativo de esfuerzos entre los distintos vectores energéticos. Son ese tipo de actuaciones, y no las coyunturales, las que realmente tienen efectos sobre el funcionamiento del mercado y la factura final.

La discusión de los últimos días se ha complicado más con el IVA. Ciertamente el IVA de la electricidad podría ser distinto al actual 21%; por ejemplo, el reducido del 10%. Eso se lo podemos aplicar a la electricidad o a cualquier otro bien, porque la decisión de si un bien merece un tipo impositivo u otro es una decisión política. De nuevo, me parece que se ofrece una solución inadecuada. El problema de asequibilidad no debe tratarse modificando el tipo impositivo (máxime en las circunstancias actuales y futuras de déficit público), sino reforzando si es necesario las condiciones de apoyo a los consumidores vulnerables. Tengo muchas dudas de que todo este ruido mediático esté impulsando una evaluación rigurosa de cómo está funcionando el mecanismo de apoyo ya existente, más allá de lo que quepa en 280 caracteres.

Por último, el asunto de la empresa pública de electricidad es también un mantra. He de suponer que se está hablando de una empresa comercializadora y no de generación (la CNMC liquida mensualmente a casi 65.000 instalaciones de generación renovable, por lo que no veo qué puede aportar tener 65.001 instalaciones). Esa empresa tendría por tanto que comprar su electricidad en el mercado o establecer acuerdos de compra de largo plazo con generadores. Entiendo que, dada la animadversión hacia el mercado, esa sería la opción elegida y que sería compra de energía con origen renovable. Pues bien, eso es precisamente lo que ya hacen (y harán cada vez más) muchas administraciones públicas y empresas. ¿Es necesario tener una comercializadora pública propia para hacerlo? Sólo afirmaría que es mejor si esa comercializadora pública tiene algún tipo de habilidad por la que es capaz de acudir a un generador y lograr que le suministre energía a un precio menor frente a una comercializadora privada (y, obviamente, menor al precio de mercado de largo plazo). Pero no encuentro razón alguna para esperar que eso vaya a ocurrir. Por cierto, el número de comercializadoras en España (último listado de la CNMC) es de 623, y un número importante de ellas son públicas o con participación pública. Son las que estaban vinculadas a redes de distribución local y que se escindieron en virtud de la separación de actividades en el sector. De nuevo, es confundir el problema con la solución: si es un problema de asequibilidad para un grupo de consumidores, trátese el problema desde ahí. La regulación europea deja a los estados miembros toda la iniciativa y capacidad para abordar la pobreza energética; úsese.

Por último, una petición con poca esperanza de que surja algún efecto (Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate). Los políticos (en el gobierno y la oposición) deberían de explicar alguna vez que el gobierno no fija el precio de mercado. Es bueno ser prudente y no apuntarse el tanto como un éxito cuando baja (año 2020) porque luego es difícil quitarte de en medio cuando sube (enero 2021).

Nota final: Sí, me he dejado el mantra de la auditoría. Ese lo dejo para otra entrada.