Por Jesús Ferreiro y Carmen Gómez (Universidad del País Vasco UPV/EHU)

En las últimas semanas el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha planteado la necesidad o deseabilidad de reformar (encareciendo) los costes de despido. Dicha medida iría en línea con la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021, la cual endureció las condiciones para el uso de los contratos temporales. Ambos tipos de medidas se engloban dentro de lo que se conoce como legislación de protección al empleo (employment protection legislation), la cual recoge el conjunto de reglas y normas que regulan la contratación y despido de los trabajadores asalariados.

La protección al empleo es, a menudo, identificada con el concepto de flexibilidad laboral (o con el antónimo de rigidez laboral). Un mercado laboral flexible sería aquel en donde el despido de un trabajador es fácil y barato, y en donde existen pocas restricciones para la firma de contratos laborales distintos a los contratos estándar (indefinidos a jornada completa), entre otros, los  contratos temporales, contratos de agencia, contratos a tiempo parcial, etc.

Desde los años ochenta, numerosos países, siendo España un caso claro, tomaron medidas para reducir la protección al empleo al considerar que el aumento en las tasas de desempleo se debía a la existencia de mercados laborales muy rígidos. Al reducir los costes de despido individuales y colectivos y favorecer el uso de contratos no estándar (sobre todo, temporales y a jornada parcial), se pretendía acelerar la creación de empleo y reducir las elevadas y crecientes tasas de paro.

El proceso de progresiva flexibilización laboral, sin embargo, empezó a revertirse a partir de principios de este siglo. Comenzó entonces a extenderse la idea de que las medidas de reducción de la protección al empleo habían ido demasiado lejos generando una excesiva flexibilidad laboral, la cual había dado lugar a una serie de efectos inducidos negativos tanto desde el punto de vista micro como macroeconómico, así como a una distribución de la renta cada vez más desigual. Además, al basarse las medidas de flexibilización laboral en favorecer el uso de contratos temporales, el resultado fue un aumento en las tasas de temporalidad, generando un mercado de trabajo segmentado entre trabajadores permanentes y temporales que es, a su vez, fuente de problemas, entre otros, la elevada volatilidad del empleo y el paro a lo largo del ciclo económico. Esa nueva visión, unida a la constatación de que durante la crisis que siguió a la crisis financiera de 2007-2008 los países con mejores resultados en materia de empleo y paro fueron aquellos en los que la protección al empleo era mayor, hizo que diversos países tomaran medidas para favorecer la contratación indefinida y restringir el uso de contratos temporales (Ferreiro y Gómez, 2022).

Los buenos resultados sobre creación de empleo y evolución de la tasa de paro en la mayoría de países europeos apoyarían la tesis de que una mayor protección al empleo tiene un efecto positivo en el mercado de trabajo. Así, en el caso concreto de España, se argumenta que los excelentes datos de creación de empleo y de reducción de la tasa de paro registrados desde la última reforma laboral de 2021 serían el resultado directo de dicha reforma.

Los estudios sobre la materia, sin embargo, nos hacen ser cautelosos a la hora de valorar los efectos de las reformas laborales que han actuado sobre la protección al empleo. En un reciente estudio sobre dieciséis países europeos en el periodo 1985-2019 (Arestis, Ferreiro y Gómez, 2023), hemos concluido que las reformas laborales orientadas a reducir la protección al empleo no generaron el efecto esperado de aumentar el empleo y reducir el paro. Ahora bien, siendo más precisos, nuestros resultados lo que muestran es que la protección al empleo no es un determinante significativo de la evolución del empleo y del paro. Esto supone que no podemos afirmar que una menor protección al empleo (un mercado de trabajo más flexible) aumente el empleo y reduzca el paro, pero tampoco que una mayor protección al empleo (una menor flexibilidad laboral) afecte positivamente al empleo o a la tasa de paro.

Esta aparente neutralidad de la protección al empleo no significa que carezca de efectos. Aunque el efecto sobre el empleo total sea nulo o no significativo, sí es evidente que las reformas en la protección al empleo afectan a la composición al empleo, y así se constata que las diferencias en la protección al empleo entre los trabajadores permanentes y temporales influyen en la tasa de temporalidad (Arestis, Ferreiro y Gomez, 2020). Por otro lado, algunos estudios recientes señalan que, aunque los efectos a largo plazo pueden ser nulos, sin embargo, sí pueden producirse en el corto plazo, difiriendo en función de la fase del ciclo en la que nos encontremos. Además, existe un consenso creciente en que las medidas que afectan a la protección al empleo pueden generar efectos diferentes en determinados grupos de población, en función de elementos como la edad, el género, la cualificación, etc.

En otras palabras, la protección al empleo puede afectar a la segmentación laboral, la cual, a su vez, puede inducir efectos sobre la actividad económica a largo plazo, al afectar a variables como la propensión al gasto o la tasa de ahorro, el gasto en actividades de I+D+i, las estrategias de competitividad, la productividad, la acumulación de capital físico y humano, etc. Por no hablar de otros posibles efectos como son los socio-demográficos, al afectar a la edad a la cual los jóvenes se emancipan o forman una familia, o a la tasa de natalidad. O de los efectos distributivos, al estar asociada una alta-excesiva flexibilidad con una distribución desigual de la renta y con altas tasas de pobreza, ya que disponer de un empleo deja de ser una garantía para no incurrir en situación o en riesgo de pobreza (in-work poverty). De esta forma, la evaluación de las reformas laborales que afecten a la protección al empleo debería tomar en consideración tanto su efecto directo sobre el empleo o el paro como otros efectos inducidos que pudiera generar a medio y largo plazo.

La experiencia de las reformas laborales aplicadas en España en las últimas cuatro décadas es buena prueba de que las diferentes reformas laborales han dado lugar a un mercado laboral altamente segmentado cuya corrección es tremendamente complicada (véase Ferreiro y Gómez, 2023). En este sentido, los datos registrados desde 2022 sobre creación de empleo, reducción de la tasa de paro y descenso de la tasa de temporalidad son claramente positivos. Pero aunque esos datos muestran como la segmentación entre empleos-contratos indefinidos y temporales ha ido reduciéndose gracias al aumento en los contratos indefinidos y al descenso en los contratos temporales, sin embargo, no podemos negar la evidencia de que otras modalidades de segmentación y precariedad no han sido erradicadas, tal y como muestran, por ejemplo, los datos de empleos y de contratos a tiempo parcial o fijos-discontinuos. No hay que olvidar que en 2023 la suma de contratos iniciales indefinidos a jornada completa y de contratos convertidos en indefinidos apenas fueron el 17,8% del total de contratos, y que, de cada 100 contratos iniciales indefinidos, 23 fueron a jornada parcial y 37 fueron fijos-discontinuos.

Por otro lado, que el proceso de creación de empleo venga acompañado de un descenso en la productividad del trabajo no deja de ser preocupante, ya que, de mantenerse en el tiempo, esta menor productividad puede afectar de forma negativa al crecimiento a largo plazo, y, por tanto, a la capacidad de la economía española para generar empleos de calidad que permitan reducir la excesiva tasa de paro que padece nuestra economía (máxime en un entorno de creciente incertidumbre económica y política global).

Si bien no debemos ser agoreros, tampoco debemos pecar de un injustificado optimismo a la vista de los datos recientes, y debemos seguir tomando medidas que permitan resolver los problemas y desequilibrios que padece el mercado de trabajo español, pero siempre desde una posición de prudencia y desde una continua evaluación de los efectos que a medio y largo plazo puedan generar las medidas a generar, evitando cualquier tipo de ocurrencias o experimentos más o menos bienintencionados.

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