Por Matilde Lafuente Lechuga, Úrsula Faura Martínez y Olga García Luque, profesoras de la Universidad de Murcia. La siguiente entrada es un resumen del artículo “Employment exclusion in Spain: a territorial approach”, publicado en Applied Economic Analysis (antigua Revista de Economía Aplicada), Vol. 27 No. 80, pp. 127-149 (https://doi.org/10.1108/AEA-06-2019-0001).

La exclusión social es un fenómeno multidimensional, lo que significa entender los procesos de exclusión a partir de la acumulación de desventajas sociales en distintos ámbitos vitales o dimensiones. Entre ellos, la importancia del trabajo como fuente de integración ha sido ampliamente analizada en las ciencias sociales, siendo considerado un eje fundamental, junto con las redes sociofamiliares, en los procesos de exclusión/inclusión social. Desde finales de los años setenta, la progresiva flexibilidad laboral trae consigo el fin de las carreras laborales estables y el aumento de la precariedad en el empleo. Más recientemente, el trabajo como elemento integrador se ha visto de nuevo debilitado; debido, por un lado, a la crisis económica (reformas del mercado laboral, políticas de austeridad) y, por otro, al cambio tecnológico y las nuevas formas de trabajo asociadas a la economía digital (muchas de ellas al margen de la legislación laboral).

El desempleo, la temporalidad en el empleo, la escasa intensidad del trabajo o los bajos salarios comprometen el nivel y estabilidad de los ingresos del hogar, quedando expuesto a caer en situaciones de pobreza o de privación material que pueden conllevar, a su vez, nuevos problemas de salud, de mantenimiento de la vivienda y deteriorar las relaciones familiares; desencadenando la acumulación de desventajas que caracterizan los procesos de exclusión social.

Desde esta perspectiva, la exclusión laboral hace referencia no solo a su aspecto más tradicional, vinculado al desempleo y a los problemas de acceso al mercado laboral de determinados colectivos (jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes o minorías étnicas), sino también a una amplia gama de situaciones de precariedad y vulnerabilidad socioeconómica ligadas al trabajo.

Nuestro estudio aborda la desigualdad social en la dimensión trabajo en España, durante el periodo de crisis (2009-2014), como un problema de decisión con atributos múltiples mediante el análisis factorial, lo que permite construir un índice sintético de exclusión laboral. Adoptando una perspectiva territorial, la matriz de información de partida recoge datos de un amplio conjunto de variables laborales para las diecisiete comunidades y las dos ciudades autónomas en cada año del periodo considerado, incorporando así su evolución temporal. Con este análisis se obtienen los factores relevantes que determinan la exclusión laboral, al tiempo que se extrae la estructura de ponderaciones con la que deben agregarse en el índice sintético y, a partir de este, establecer un ranking de las autonomías españolas en función de sus resultados.

Así, se han hallado cuatro factores que determinan la exclusión laboral: Desempleo, Precariedad retributiva, Precariedad laboral y Estabilidad laboral. En la tabla 1 se presentan las variables que correlacionan con cada uno de los cuatro factores encontrados, resumiendo cerca del 83% de la variabilidad de los datos. Dicho porcentaje total de varianza explicada, expresado en términos del 100%, permite obtener la ponderación con la que cada factor va a ser agregado en el índice de exclusión laboral.

Tabla 1

Los primeros tres factores mantienen una relación directa con la exclusión e informan sobre la precariedad en el mercado laboral, describiendo la creciente inseguridad y vulnerabilidad de los trabajadores. Por el contrario, el empleo y la seguridad de los ingresos, vinculados a una relación laboral indefinida, están representados en el cuarto factor; relacionándose de forma inversa con la exclusión.

Desempleo es el factor que explica en mayor medida la variabilidad de los datos regionales. Si bien este primer factor da cuenta de las divergencias regionales existentes respecto a la cantidad de empleo disponible, los tres restantes remiten a cuestiones ligadas a la calidad del empleo. Por tanto, los resultados señalan la necesidad de considerar algunos aspectos del mercado laboral que están más asociados con las condiciones de trabajo, como los ingresos, la estabilidad o la seguridad, además de los problemas de acceso, generalmente representados por la tasa de desempleo.

Entre 2009 y 2014, el riesgo de exclusión laboral crece de forma notable. Dicha dinámica obedece principalmente al mal comportamiento de las variables asociadas a dos de los factores explicativos, Desempleo y Precariedad retributiva, que aumentan durante todo el periodo analizado (gráfico 1).

Gráfico 11

Mediante una transformación lineal adecuada se obtiene que, con independencia del carácter positivo (relación directa) o negativo (relación inversa) del factor, todos los valores estén en el intervalo [0,1]. De este modo, a la autonomía con un mayor nivel de exclusión en un factor se le asignará un 1, mientras que la que presente menor exclusión tendrá asociado un 0; denominándose a esta última “región ideal” con respecto a dicho factor.

En el gráfico 2 se muestra, para los cuatro factores de exclusión laboral, la distancia euclídea de cada autonomía a la región ideal: Navarra en el factor Precariedad retributiva y la Comunidad de Madrid en los otros tres factores. Así, en los puntos extremos, en la parte exterior de la figura, se encuentran las autonomías peor posicionadas. Conforme nos acercamos al centro del gráfico, disminuye el riesgo de exclusión ligado a cada factor laboral. Las divergencias son más elevadas en los factores de Precariedad retributiva y Estabilidad laboral. Asimismo, destacan las diferencias mantenidas por Ceuta y Melilla en el factor Desempleo, con respecto al resto de autonomías.

Gráfico 2

Agregando estas distancias de forma ponderada, en función de la importancia relativa de cada factor, se ha construido un índice sintético de exclusión laboral, cuya interpretación resulta sencilla: cuanto menor sea su valor, menor es el riesgo de exclusión. El tomar como referencia el mejor logro regional, en lugar del promedio nacional, obedece a la intención de captar mejor las divergencias territoriales; sin que esto signifique que la región ideal carezca de problemas.

La ordenación territorial resultante del índice de exclusión laboral sugiere la existencia de varios grupos de autonomías diferenciados (gráfico 3).

Grafico 3

En un primer grupo se encuentran las comunidades de Madrid, País Vasco, Aragón, Cataluña, La Rioja y Navarra, con los menores valores del indicador de exclusión laboral, comprendidos entre 0,12 y 0,14. Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias constituirían una segunda agrupación, con cifras del índice cercanas a las anteriores; si bien, se alejan entre un 20 y un 40% del valor más bajo correspondiente a Madrid. El resto de autonomías presentan valores muy superiores a las anteriores, destacando los casos de Andalucía y Extremadura, cuyos indicadores prácticamente triplican el de la comunidad mejor posicionada, y el de Ceuta, que se eleva un 256%.

El índice de exclusión laboral construido corrobora su poder explicativo al vincularse fuertemente con el riesgo regional de pobreza o exclusión social (tasa AROPE). Como cabría esperar, mayores valores regionales del índice de exclusión laboral se asocian con niveles más elevados de riesgo de pobreza o exclusión social.

De nuestro estudio se deduce que las políticas de lucha contra la exclusión en la dimensión trabajo en España, para que sean efectivas, deben favorecer a los indicadores vinculados con los factores de empleo obtenidos. Así, para reducir el riesgo de exclusión laboral no basta con el descenso de las tasas de paro, siendo también importante mejorar las condiciones retributivas y la estabilidad en las relaciones laborales.

A pesar de la recuperación del mercado de trabajo, las disparidades territoriales en materia de exclusión laboral se mantienen, confirmando lo poco que ha cambiado la situación actual con respecto a nuestros resultados. La persistencia de la vulnerabilidad laboral incide de forma negativa no solo en las personas afectadas (estado de salud, desarrollo profesional, relaciones sociales o mantenimiento de la vivienda), sino también sobre el conjunto de la sociedad (ingresos públicos no recaudados, deterioro del capital humano o reducción de la movilidad social intergeneracional), afectando al potencial de crecimiento y la cohesión social. Es por ello que un conocimiento más preciso de las disparidades territoriales en España es fundamental para tomar conciencia del problema y abordar sin más demora su solución.

En definitiva, resulta prioritario acortar las distancias entre autonomías en la dimensión trabajo, reduciendo el elevado riesgo de exclusión laboral que mantiene un buen número de ellas. Para esto se deben tomar medidas de política económica y social orientadas a un crecimiento más inclusivo, reforzando los niveles de cohesión social y territorial, gravemente dañados por la crisis. Con tal fin, además de promover una mayor coordinación gubernamental a nivel estatal, autonómico y local, parece conveniente adoptar enfoques alternativos de política distributiva, que tengan en cuenta las potencialidades y también las limitaciones estructurales de cada territorio.

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