La economía española sigue huérfana de productividad. Es una constante del patrón de crecimiento desde hace muchos años. Tiene que ver con la especialización productiva, con el tipo de producciones que se llevan a cabo y, consecuentemente, con la dotación de factores que se emplean, no solo con la cantidad, sino fundamentalmente con la calidad. La intensidad inversora, la cualificación de factor trabajo, la disposición de tecnologías de la información, la calidad de la gestión empresarial, son factores que influyen en el crecimiento de la productividad. También lo hacen otros que no dependen tanto de la empresa, sino del entorno, de las instituciones públicas y privadas, desde los sistemas financieros hasta los tribunales de justicia, pasando por las distintas regulaciones. Aumentos en la productividad posibilitan el fortalecimiento de las ventajas competitivas de las empresas, la superveniencia exitosa en entornos internacionales adversos, y, en definitiva, el incremento en el PIB por habitante.

Una revisión comparada de la calidad de los factores empleados en la economía española frente a otras economías ayudaría a entender esos pobres resultados de nuestra productividad y, en última instancia, la vulnerabilidad de las ventajas competitivas de muchas de nuestras empresas. Una de las razones, pero en modo alguno la única, es la menor importancia relativa de factores intensivos en conocimiento, empezando por el grado de cualificación del factor trabajo, la utilización de TIC o la dotación de activos intangibles. A pesar de la mayor dotación de esos factores, especialmente antes de la crisis de 2007, el peso de que dispone en España el Valor Añadido Bruto (VAB) basado en el conocimiento lo alcanzaron las principales economías de la OCDE hace más de un cuarto de siglo.

Antes de la crisis, ese patrón de crecimiento de la economía española estuvo dominado por la actividad de sectores especializados en producciones poco intensivas en conocimiento y por un elevado endeudamiento privado. Este, lejos de asignarse a la diversificación fue mayoritariamente aplicado en aquellos sectores tradicionales, menos intensivos en conocimiento. La modernización de los mismos, el empleo de factores más cualificados fue muy limitado. La excesiva captación de ahorro exterior, fundamento último de la severidad de la crisis en España, no se empleó para adaptarse a un entorno competitivo global en el que dominaba la intensidad tecnológica, fundamentalmente en las TIC, soporte fundamental de la economía del conocimiento. En realidad, durante la expansión que concluye en 2007 la economía española acentúa la especialización relativa en sectores tradicionalmente alejados de la economía del conocimiento.

En la recuperación tampoco se observa una intensificación de la productividad. A pesar de que al igual que en el periodo de expansión los factores basados en el conocimiento fueron aumentando, lo hicieron en los sectores tradicionales. Esos factores han ido ganando peso intrasectorial,  pero  la producción no se ha orientado hacia sectores más intensivos en el uso de factores más cualificados

Un nuevo trabajo del IVIE (“El valor económico de las actividades basadas en el conocimiento en España y sus regiones”), realizado en esta ocasión por Joaquín Maudos, Eva Benages y Laura Hernández, contribuye a esclarecer esas dotaciones en la economía española y en sus Comunidades Autónomas. No es la primera vez que esa institución se centra en los determinantes de la productividad de la economía española, de su prosperidad, en definitiva. En realidad, ese trabajo es complementario de otros como el dirigido por el profesor Ernest Reig (“La competitividad de las regiones españolas ante la economía del conocimiento”). Una tradición investigadora, la exhibida por esta institución desde su creación hace 27 años, que se ha materializado en la existencia de bases de datos valiosas y publicaciones tan útiles en la formulación de políticas económicas que revelan una elevada productividad de sus investigadores.

En esta ocasión han construido una base de datos que cuantifica el valor de las actividades económicas basadas en el conocimiento en España y sus Comunidades Autónomas, con un elevado grado de desagregación sectorial, que sirva para cuantificar el VAB basado en el conocimiento. Esos factores son: el trabajo cualificado, los activos TIC, activos intangibles, maquinaria y equipo y material de transporte. Se cuantifica la parte de renta que retribuye los servicios que prestan: su contribución al VAB.

Es importante analizar las diferencias en comportamiento económico de las regiones españolas, en especial en su convergencia en términos de PIB por habitante. Esta fue explícita en los años de expansión, pero la crisis frenó esa convergencia y ahora se acentúa la divergencia. Como no podría ser de otra manera, en el trabajo se pone de manifiesto la estrecha relación existente entre la importancia relativa de los activos basados en el conocimiento, las variaciones de la productividad y el PIB por habitante.

La Comunidad Autónoma con mayor peso del VAB basado en el conocimiento es Madrid, seguida del País Vasco y Navarra, que son también las que encabezan los mejores registros de productividad y PIB por habitante. Extremadura es la que dispone de un PIB per cápita menor y también de un peso menor en los activos basados en el conocimiento. Es importante subrayar este último punto: las diferencias que existen entre regiones en el peso de la economía basada en el conocimiento no se deben tanto a diferencias de especialización, sino a la intensidad con que utilizan recursos más cualificados, muy especialmente el del factor trabajo. Este es el factor cuya retribución absorbe la mayor parte de la renta generada y, por ende, la generación del mayor VAB. Las excepciones más destacadas en ese ámbito de la especialización productiva son, por un lado, Madrid, donde los sectores intensivos en conocimiento son más importantes y, por otro, Baleares, donde el dominio de las actividades de hostelería o inmobiliarias condiciona su posición en esa clasificación.

Las orientaciones que se deducen de ese trabajo para la política económica son claras. Para que aumente el PIB por habitante es importante que haya alteraciones en la especialización productiva, que ascienda la importancia de sectores más intensivos en conocimiento, pero también lo es que lo hagan otros aspectos que condicionan el uso eficiente de esos factores basados en el conocimiento. La dimensión de las empresas y la calidad de la gestión empresarial, de la que se ocupó esta columna hace un mes, son igualmente determinantes. La evidencia es amplia a este respecto: dimensiones excesivamente reducidas impiden la incorporación de todos esos factores intensivos en conocimiento y la distancian de capacidades de gestión capaces de diferenciar suficientemente la oferta de las empresas. Es decir, de generar ganancias de productividad, de competitividad y, por tanto, de favorecer el ascenso de la renta por habitante del conjunto de la economía.

Siendo responsabilidad principal de las empresas disponer de la suficiente intensidad en conocimiento, las administraciones públicas también han de procurar el apoyo a las mismas. Han de hacerlo con decisiones de asignación de recursos públicos a una adecuada educación,   a inversión, así como a las actividades de I+D, todas ellas sacrificadas durante la gestión de la crisis. También han de reforzar los mecanismos de supervisión de la competencia y mejorar la calidad de las demás instituciones que condicionan la actividad empresarial, en  mayor medida la de las pequeñas unidades. En ausencia de esa visión más larga, de ambos agentes, la vulnerabilidad de nuestra economía a condiciones globales menos favorables, seguirá siendo elevada.

(Diario El País, 07/05/2017)

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