Por Gemma García y Esteban Sanromá de la Universidad de Barcelona-Instituto de Economía de Barcelona (UB-IEB).

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A medida que se van conociendo datos, el impacto de la Covid-19 en la actividad económica y el empleo se torna más dramático desde que se aprobó el confinamiento.  Tratar de calcular la pérdida de puestos de trabajo en el conjunto del año se enfrenta a diversas incertidumbres. Las primeras guardan relación con la duración del shock y las segundas con su intensidad. La duración del shock depende a su vez del período de confinamiento y de la tardanza en regresar a la normalidad o, más precisamente, a la “nueva normalidad” por parte de los agentes económicos. Por su parte, la intensidad del shock depende de las conductas de los agentes en relación al gasto. Los primeros indicios de la magnitud de la destrucción de empleo se han podido constatar en los datos de afiliación y paro registrado de los meses de marzo y abril y, aunque de forma muy parcial, en la información que se desprende de la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre de 2020. La afiliación a la Seguridad Social registra este mes de abril una disminución del 4% en términos interanuales y el paro registrado aumenta el 21,1%, lo que nos retrotrae a las caídas del año 2009.

Los diversos escenarios macroeconómicos para el año 2020 prevén caídas en el empleo significativas. La estimación que llevamos a cabo a finales de marzo (véase Efecto derivado de la COVID-19 sobre el empleo de la economía española) cifraba la pérdida de puestos de trabajo en casi un millón trescientos mil, concretamente 1,27 millones, y una caída del 6,9% respecto a 2019.

Estos resultados fueron obtenidos bajo la hipótesis de que el período de confinamiento quedaba limitado a un mes y medio y un retorno a la normalidad fijado en el 30 de junio para una mayoría de actividades –excluidas básicamente las relacionadas con viajes y turismo-. Sin embargo, pueden verse superados por la mayor duración del período de confinamiento y una desescalada más gradual e incierta. En todo caso, y con independencia de la cifra final de puestos de trabajo perdidos, la crisis derivada de la Covid-19 llevará a registrar este año, según las diversas estimaciones disponible, una tasa de paro en torno al 20%. Dos rasgos adicionales aparecen como fundamentales.

En primer lugar, el impacto de la pandemia sobre el empleo es desigual por sectores. Según nuestra estimación, el 81% de la pérdida de empleo recae en los servicios; el 11,6% en la industria; un 5,4% en la construcción y el 2,1% restante afectará al sector primario. Las ramas productivas con una mayor pérdida de empleo en valores absolutos son los servicios de restauración y alojamiento y de comercio al verse muy afectados por el menor consumo, la caída del turismo extranjero este verano y la menor actividad económica general. El conjunto de los transportes y sus actividades auxiliares registran una disminución también significativa por la caída de los desplazamientos, el hundimiento del turismo y la menor actividad económica. Otros sectores con cuantiosas pérdidas de trabajadores son la construcción por la menor inversión y el retroceso en la adquisición de vivienda a causa de la importante destrucción de ocupación en toda la economía, y los servicios recreativos, culturales y relacionados con el ocio. También se ven especialmente afectadas diversas actividades terciarias caracterizadas por suministrar servicios a todo tipo de empresas y por ser altamente intensivas en trabajo. Algunas de estas actividades son, también, las que más dificultades tendrán para recuperar ritmos de actividad previos a la pandemia.

Por otro lado, y esto se repite en cada crisis, la pérdida de puestos de trabajo es también desigual según modalidad contractual. De nuevo, van a ser los trabajadores con contrato temporal los que se vean más afectados por la destrucción de empleo. En esta ocasión, a diferencia del pasado, el masivo acogimiento a los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor (alrededor de cuatro millones de trabajadores afectados) está frenando la destrucción de empleo indefinido. Los ERTE y otras medidas de mantenimiento de renta adoptadas en estas semanas tienen un efecto positivo no tan solo en el empleo, sino el sostenimiento del consumo.

Ante estos resultados, la clave es lograr una recuperación que, aunque gradual, permita no continuar engrosando más las cifras del paro. Diversos aspectos serán fundamentales para ello. El primero, sin duda, mantener controlada la pandemia hasta que no exista un tratamiento eficaz o vacuna. Cualquier rebrote no controlado podría significar una dura estocada a una economía aún muy debilitada. Pero ya en el ámbito económico, es crucial en la actual coyuntura garantizar la supervivencia del tejido productivo, y en especial de las pequeñas y medianas empresas. Por ello, parece indispensable flexibilizar la utilización de los ERTE para garantizar que los sectores que van a operar a medio gas en los próximos meses no se vean abocadas al cierre y al despido de sus trabajadores. Y, por otro lado, va a ser fundamental que aquellas actividades más “sensibles” a posibles contagios transmitan seguridad a los consumidores. Sectores como la restauración, la hostelería, el comercio textil, etc. pueden sufrir, junto a los efectos de una desescalada más tardía, mayores dificultades para recuperar consumidores si existen riesgos sanitarios.

Es evidente que todo ello implica un cuantioso gasto público que puede tener efectos macroeconómicos adversos sobre el volumen de deuda pública, ya de por si elevada, y sobre la prima de riesgo. Pero la prioridad ahora es salvar al tejido productivo y mantener rentas y empleo para abordar la reconstrucción. Diálogo, coordinación y acuerdo, a escala nacional y europea, serán claves en estos próximos meses.

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