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Ambas cosas son igualmente necesarias, dos actuaciones ineludibles, no para ganar un combate militar ni guerra alguna —desafortunada metáfora machaconamente repetida—, sino para evitar que la emergencia sanitaria causada por la pandemia desemboque en una situación socioeconómica extremadamente grave. Para que la calamidad sobrevenida —con su lóbrego cortejo de dolor y sacrificio— no acabe en catástrofe por sus efectos sobre la actividad productiva y la articulación de la sociedad.

Proteger y recuperar: el alto coste de lo primero explica la urgencia de lo segundo. Los datos conocidos abruman. A finales de este mes de mayo, la suma de trabajadores del sector público y beneficiarios de prestaciones contributivas, por una parte, y de asalariados afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y autónomos con acceso a un abono extraordinario de la Seguridad Social, por otra, dará como resultado que los ingresos de 21 millones de españoles procederán total o parcialmente de las arcas del Estado. Una nómina pública de 25.000 millones de euros, sin contar aún el importe del ingreso mínimo vital que estará a punto en junio. Son cifras que revelan, desde luego, la amplitud de un sistema de protección que supone  el verdadero hecho diferencial de nuestros días en comparación con cualquier otro momento crítico del pasado: quedarán sin duda necesidades sin satisfacer —esas largas colas de personas aguardando recoger alimentos en algunos barrios de Madrid, sin ir más lejos—, pero la cobertura social que hoy se ofrece con recursos públicos, alcanzando niveles por extensión y cuantía hasta hace poco inimaginables, constituye un factor clave de estabilidad en tiempo de enorme tribulación.

Como quiera que sea, apremia el cambio de paisaje. Porque esos datos agregados expresan también nítidamente la caída abrupta de la producción y el consumo a consecuencia del confinamiento general y las medidas excepcionales adoptadas para responder a la crisis sanitaria. Aquí es donde hay que conjugar mejor el verbo recuperar. Está en juego la pervivencia de centenares de miles de empresas y negocios. El foco, al proteger, hay que situarlo en los colectivos más desfavorecidos y más vulnerables; cuando toca la recuperación, el centro ha de ocuparlo la empresa, el empresario. Conviene insistir en ello, por obvio que sea. Y ningún estímulo será mejor que la creación de un ambiente propicio para el desenvolvimiento de la iniciativa empresarial, un clima que favorezca seguir apostando recursos y esfuerzos al frente del negocio respectivo.

Qué poco ayudan, por eso mismo, quienes —algunos desde los más altos cargos de la Administración— todavía siguen contemplando al empresario como el taimado personaje a la espera de la ocasión que le permita proceder a despidos, trasmitiendo un mensaje de recelo cuando no de aversión hacia su desempeño. O de indiferencia ante su suerte, como podría deducirse de las palabras de una vicepresidenta del Gobierno de España dirigidas a los empresarios del sector de la hostelería —hoteles, restaurantes, cafeterías: decenas y decenas de miles— a propósito del plan de desescalada: “el que no se sienta cómodo que no abra”. Cuesta creerlo: desapego en vez de cercanía, desmotivación en vez de aliento. Ojalá sea solo un problema de interpretación. Crear las condiciones adecuadas para el buen hacer empresarial es uno de los principales cometidos de la política económica de una sociedad próspera. Más aún, de toda sociedad abierta, ese otro rostro de la salud pública. A estas alturas, nadie debería dudarlo.

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