Por Salvador del Saz Salazar (Universitat de València), Salvador Gil Pareja (Universitat de València) y María José García Grande (Universidad de Alcalá).
Para todos los que estamos involucrados en la enseñanza universitaria, la crisis sanitaria provocada por la irrupción del Covid-19 y la consiguiente declaración de una pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020, trajo consigo la rápida transición desde la enseñanza presencial tradicional hacia la enseñanza a distancia. Este cambio abrupto supuso una experiencia inesperada y, hasta cierto punto, desconcertante tanto para los profesores como para los estudiantes, a la vez que puso de manifiesto la vulnerabilidad de un sistema educativo carente de una madurez suficiente en pedagogías digitales.
Por todo ello, en un artículo recientemente publicado (del Saz-Salazar et al., 2023) nos propusimos valorar económicamente la pérdida de bienestar que para los estudiantes universitarios supuso el cambio inesperado, y no deseado, desde la enseñanza tradicional presencial hacia la enseñanza a distancia. Con tal propósito utilizamos el método de valoración contingente (Mitchell y Carson, 1989) que permite estimar el valor de los bienes públicos que carecen de mercado a través de la construcción de un mercado hipotético mediante la utilización de un cuestionario. En un escenario de valoración contingente, a los entrevistados se les puede preguntar por la disposición a pagar (DAP) por la provisión de un bien público que implica una mejora de su bienestar, o por la disposición a ser compensados (DAC) por la pérdida de bienestar que supone renunciar a dicho bien público. El que se pregunte por la DAP o por la DAC es una cuestión de derechos de propiedad en relación con el bien público objeto de valoración económica. En este caso particular, parece que los estudiantes universitarios tienen un derecho legal sobre bien público (aprendizaje presencial tradicional) adquirido a través del pago de la matrícula y, en consecuencia, la medida monetaria más adecuada para valorar la disminución del bienestar económico que acompaña a esta pérdida de bienestar es la DAC, máxime si se tiene en cuenta que el cambio repentino en la forma de enseñanza recibida les vino impuesto.
Casi un millar de estudiantes de las universidades de Alcalá de Henares y Valencia fueron entrevistados con tal propósito. Los resultados muestran que una inmensa mayoría (el 81%) consideró que el cambio abrupto e inesperado hacia la enseñanza no presencial fue perjudicial para ellos debido a una disminución en la calidad de la enseñanza recibida como resultado de (1) la falta de interacción directa entre estudiantes y profesores, (2) la falta de motivación que implica el no asistir a clases presenciales y (3) la brecha digital que algunos de ellos sufrieron. De hecho, el nivel de satisfacción declarado por la enseñanza a distancia recibida es, en general bajo porque, en una escala desde “0” (totalmente insatisfecho) hasta “10” (totalmente satisfecho), el valor medio obtenido fue tan sólo 4,8, mientras que los que declararon un valor igual o menor que “5” supusieron casi el 60% de la muestra. A este respecto, cabe mencionar que una encuesta, realizada entre 17.302 estudiantes universitarios de EE.UU. y Canadá (OneClass, 2020), mostró que más del 93% de los estudiantes estadounidenses, y el 85% de los canadienses, creían que si las clases se impartían totalmente a distancia como consecuencia del Covid-19, las tasas de matrícula deberían reducirse. También se halló que el 75% de los estudiantes universitarios no estaban satisfechos con la calidad de las clases en línea, que el 35% había considerado la posibilidad de abandonar los estudios y que muchos de ellos pedían que se les devolviera el dinero porque la naturaleza de la educación recibida había cambiado drásticamente.
En nuestro caso particular, dada la pérdida de bienestar manifestada por una mayoría de los entrevistados, se les ofreció la posibilidad de una compensación económica a través de una hipotética rebaja en la matrícula del curso siguiente. Aquellos que aceptaron la compensación supusieron el 77% de la muestra, siendo la media de la DAC para toda la muestra de 512€. No obstante, la media de la DAC de los estudiantes de la Universidad de Alcalá fue mayor (596€) que la de los estudiantes de la Universitat de València (448€). En la Universitat de València la matrícula mínima pagada en el curso 2019-2020 ascendía a 836€ (grado en Derecho) mientras que la máxima era de 1.270€ (grado en Medicina). En la Universidad de Alcalá estas cantidades eran, respectivamente, de 1.238€ y 1.568€. Por tanto, si se comparan estas cifras con la DAC obtenidas, se obtiene que para el caso de la Universitat de València la rebaja hipotética en la matrícula para el próximo curso estaría entre un mínimo de un 35% y un máximo de un 54%, mientras que en la Universidad de Alcalá esta rebaja se situaría entre 38% y el 46%, respectivamente.
Como a los estudiantes se les preguntó, en primer lugar, si aceptarían o no una compensación económica por la pérdida de bienestar derivada del cambio abrupto hacia la enseñanza no presencial y, en segundo lugar, por la cuantía máxima de esta compensación para aquellos que contestaron “sí” a la pregunta anterior, se estimó un modelo de “doble valla” para explicar las dos decisiones que han tomado: la de participar y la intensidad de esta participación. Los resultados muestran que los estudiantes matriculados en grados de ciencias e ingenierías tienen no sólo una mayor probabilidad de aceptar una compensación económica, sino que además exigen una mayor cantidad que el resto de estudiantes. Este es un resultado esperado dado que en estas disciplinas los estudiantes pasan más tiempo haciendo una amplia variedad de trabajos prácticos y de laboratorio, lo cual no fue posible llevar a cabo adecuadamente debido al confinamiento. Otro resultado interesante es que la intensidad de la participación sí que se ve afectada (negativamente) por la renta familiar de los entrevistados mientras que en la decisión de participar esta variable no es estadísticamente significativa.
Por último, la finalidad de cualquier estudio de valoración contingente es obtener una información económica que pueda ser útil en los procesos de decisión pública. Por ello, se procedió a agregar la media de la DAC por la población afectada por el cambio repentino hacia la enseñanza no presencial, es decir, se multiplicó la media de la DAC por el número de estudiantes matriculados en las universidades de València y Alcalá durante el curso 2019-2020 (37.727 y 16,347, respectivamente) y se obtuvo que para el caso de la Universitat de València la pérdida de bienestar agregada ascendía a 16,9 millones de euros mientras que en la Universidad de Alcalá esta pérdida era de 9,7 millones de euros.
La cuantificación de los cambios en el bienestar derivados de cualquier política pública nunca está exenta de controversia y, de hecho, los valores obtenidos no son verdades absolutas. No obstante, esta cuantificación es necesaria como punto de partida para obtener una imagen completa del impacto que la transición repentina a la enseñanza no presencial tuvo sobre el bienestar de los estudiantes universitarios. En caso contrario, las decisiones políticas que ignoren estos valores podrían ser incompletas y engañosas.
