La crítica a los efectos negativos de la austeridad fiscal -encabezada por Paul Krugman- se ha extendido hoy con matices diversos entre los economistas, a la vista de la evolución de las economías europeas, en donde su estricta aplicación se ha visto acompañada de importantes límites a los estímulos monetarios (al menos hasta el reciente cambio de presidente del BCE). En efecto, con año y medio de política macroeconómica girando casi exclusivamente en torno a este eje, con los datos del último trimestre de 2011 se constata la vuelta a la antesala de la recesión de todos los países de la zona euro, con la excepción de Francia, que, no obstante, también ha visto ralentizarse su crecimiento económico. La recesión esperada será particularmente intensa en Italia, España e Irlanda, y sobre todo en Portugal y Grecia, dos países con problemas particularmente graves, el segundo de ellos en situación límite. No hay mucha esperanza de que Alemania adopte una actitud más cooperativa con los países periféricos, aun cuando carezca de sentido en la actual situación que un país con un notable superávit en el comercio de bienes y servicios y un déficit público del 1% esté aplicando también políticas fiscales restrictivas.
Pues bien, dos recientes estudios (McKinsey Global Institut, “Debt and deliveraging: Uneven progress on the path to growth”, enero 2012; Roberto Perotti, “The Austerity Myth: gain without pain?, BIS Working Papers, nº362, noviembre 2011) coinciden en analizar desde diferentes perspectivas los casos de Finlandia y Suecia, dos países que aplicaron planes de austeridad durante el decenio de 1990, tras el estallido de una crisis financiera generada en la década anterior. Del análisis realizado se deduce: a) que ambos países pusieron en marcha su programa de consolidación fiscal una vez iniciado el proceso de desapalancamiento financiero (más claramente en el caso de Finlandia); b) que lo basaron más en el aumento de los impuestos que en la disminución del gasto; y c) que la recuperación económica descansó en políticas adicionales como la devaluación de la moneda, el ajuste de salarios y la reducción de los tipos de interés. Este último extremo se aplica también al caso bien distinto y anterior de Irlanda, y en cierta medida al de Dinamarca, ambos estudiados también por Perotti.
De este análisis se desprende que España no reúne hoy las mejores condiciones para la aplicación de un plan de austeridad muy estricto, pues la ausencia de crecimiento en la zona euro limita la expansión de sus exportaciones, y la deuda privada apenas ha experimentado reducción desde sus niveles anteriores a la crisis, teniendo pues pendiente el grueso de su ajuste. Tampoco existe mucho recorrido para la reducción del tipo de interés, que por otra parte depende del BCE. Resulta pues necesario que España amplie el calendario para su consolidación fiscal, con el fin de poner cuanto antes fin al aumento del desempleo y avanzar algo más en el desapalancamiento financiero. También se deduce del estudio de los países mencionados que los recientes acuerdos de moderación salarial pactados por los sindicatos con la CEOE revisten una gran importancia, al igual que las posibilidades de ajuste a la baja que abre la nueva reforma laboral. No obstante, no hay que despreciar el efecto favorable de preservar un buen clima social, algo que no resultará fácil, pues tanto la reforma citada como los recortes de gasto público suscitarán contestación social.
Esta contestación se limitará, si, siguiendo el ejemplo de los países citados, el ajuste fiscal descansa más sobre subidas de impuestos que sobre disminuciones del gasto, y si, al mismo tiempo, tales subidas afectan sobre todo a quienes más tienen, evitando abusar de las opciones más fáciles como el aumento del IVA (con efectos negativos sobre la distribución de la renta, la producción y el consumo). Ahora es pues un buen momento para pensar en una reforma de las Administraciones Públicas, que elimine gastos innecesarios, y en una verdadera Reforma Fiscal, que reparta mejor la carga financiera entre los individuos, ampliando y mejorando la línea seguida con la subida reciente de impuestos.
En este sentido, los hacendistas españoles ya han advertido que el impuesto sobre la renta de las personas físicas se ha ido haciendo cada vez más regresivo, conforme la población con ingresos más altos ha ido transformando la naturaleza de éstos, convirtiéndolos en proporción creciente en rentas del capital o en plusvalías (más del 50% de los ingresos superiores a los 120.000 euros, según la información que suministra la Dirección General de Tributos), y el tipo sobre dividendos ha ido reduciéndose, a través de desgravaciones, hasta caer por debajo del 10% (del 35% que es el nivel en el que está establecido).
El gráfico que recogemos, de la Dirección General de Tributos (haciendo clic en el se ve ampliado) da buena cuenta de lo que decimos. El tipo efectivo de impuesto sobre la renta de las personas físicas deja de ascender en el entorno de los 150.000 euros de ingresos. La reciente subida realizada por el Gobierno ha aumentado la progresividad, pero a juzgar por los incrementos esperados en la recaudación, por sí misma no corregirá la situación actual de forma sustancial. España es de los pocos países desarrollados en los que no se ha oído a los ricos reclamar una mayor participación en el programa de austeridad en curso.
