La contribución fiscal de los inmigrantes

Entre los posibles costes de los procesos electorales uno no desdeñable es la introducción de alarmas sociales que sin contraste suficiente terminan calando en la opinión pública. Con motivo de la celebración de las elecciones en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos una de las cuestiones que más ha encendido un debate más bien insulso ha sido la reivindicación por parte de determinados sectores políticos de un control más exhaustivo –para algunos, una reducción– del acceso de los inmigrantes a algunos servicios públicos básicos. Se sostiene, para fundamentar tal afirmación, que el saldo fiscal de la inmigración es negativo.

Se trata ésta, sin duda, de una cuestión relevante –aunque no la más importante en el debate sobre la inmigración– pero de difícil valoración debido a la fragmentación y a las lagunas en la información disponible. Existen, además, dificultades conceptuales y metodológicas que dificultan poder trazar un cuadro ajustado de esta contribución fiscal.

Por un lado, son numerosas las vías a través de las cuales la inmigración afecta a las finanzas públicas de un país y la cuantificación de las distintas fuentes es ciertamente compleja. Diferentes registros apuntan a una presencia creciente de la inmigración en el IRPF, con un aumento notable del número de declarantes en la última década. En segundo lugar, aunque los niveles no son equiparables a los de los ciudadanos de nacionalidad española, existe un efecto recaudatorio también importante a través del gasto realizado por estos hogares y los impuestos que gravan el consumo. La participación también creciente, además, en el mercado de la vivienda, al menos hasta el inicio de la crisis, debería haberse traducido en más ingresos a través de las figuras tributarias asociadas a este tipo de transacciones. Habría que citar también el pago de tributos de carácter local o los impuestos pagados por las empresas propiedad de los inmigrantes. No existe, sin embargo, hasta la fecha, una valoración precisa de la aportación de los inmigrantes a cada una de estas fuentes de ingresos.

Una segunda dificultad radica en la necesaria diferenciación de los efectos en el corto y el largo plazo. Dado que la inmigración es todavía un fenómeno relativamente reciente en España, en las valoraciones que se están realizando pesan más los primeros que los segundos. En otros países como Estados Unidos, en los primeros años de estancia los inmigrantes son receptores netos del Estado, pero entre los diez y quince años de residencia se convierten en contribuyentes netos. Las estimaciones para los países europeos son menos concluyentes, aunque los datos disponibles para Reino Unido y Alemania parecen apuntar en la misma dirección.

Las posibilidades de trazar un balance similar para el caso español están lastradas por los problemas de información que surgen del carácter centralizado de algunas de las principales figuras recaudatorias y el descentralizado de la sanidad o la educación, sin poder contar con información detallada del gasto que está suponiendo en servicios básicos en cada Comunidad Autónoma la cobertura ofrecida a la población inmigrante.

Se acaban de publicar, por primera vez, las cifras de recaudación del IRPF directamente atribuibles a la población inmigrante. En el monográfico de la revista Presupuesto y Gasto Público sobre inmigración y políticas públicas aparece una explotación de los datos directos de la Agencia Tributaria que permiten medir la contribución de la inmigración a la recaudación del IRPF (http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/61_sumario.pdf). Aunque se trata de datos anteriores a la crisis ofrecen pistas sugerentes para contraponer algunos datos relevantes a la crítica habitual de generación sistemática de gastos.

Uno de los principales resultados que surgen de esta explotación es la participación creciente de los inmigrantes en el IRPF, ya sea desde la perspectiva del número de contribuyentes, las rentas declaradas o las aportaciones a la cuota. En todos estos elementos se aprecia una tendencia al alza, pese a presentar los inmigrantes bases imponibles más bajas. Así, poco antes del inicio de la crisis casi cuatro millones de contribuyentes eran extranjeros, representando el 7% del total y multiplicándose por cuatro la cifra desde el inicio de la pasada década hasta esa fecha. Tal crecimiento contrasta con el de la población nacional contribuyente, con tasas decrecientes de variación interanual. Un segundo rasgo relevante es que este aumento de contribuyentes de nacionalidad no española no se repartió de manera homogénea en el territorio nacional. Casi dos tercios de los inmigrantes contribuyentes se localizan en cuatro Comunidades Autónomas: Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.

El dato más destacado es el de la contribución total a la recaudación del impuesto. La revisión exhaustiva de declaraciones y retenciones muestra que un 3% de la recaudación total vía declaraciones y retenciones e ingresos a cuenta correspondió a los inmigrantes. Cabe destacar, sin embargo, cierta asimetría en la velocidad de crecimiento del número de declarantes y de la contribución a la recaudación, más pausado en ésta. Pero en líneas generales, los resultados que ofrece el monográfico muestran una contribución no desdeñable de los inmigrantes a la recaudación de este impuesto, que pone de manifiesto la importancia que puede tener esta población para la recaudación, especialmente si se aceleran los procesos de asimilación y de mejora de sus logros económicos.

Esta información fiscal no sólo sirve para estimar la contribución de la población inmigrante a la recaudación. Recoge también aspectos fundamentales para entender otros efectos económicos. Es el caso, por ejemplo, de la participación en los mercados financieros. Los registros de la Agencia Tributaria son una fuente excepcional para conocer el stock de activos financieros de los inmigrantes y sus pautas de endeudamiento. De su explotación se deduce que el acceso de los inmigrantes a la mayoría de los activos financieros es creciente, aunque las cifras son todavía pequeñas y alejadas del potencial de actividad financiera que puede suponer la inmigración en España. La presencia es mucho más visible en los servicios de menor elasticidad-renta, como la apertura de cuentas corrientes (antes de la crisis los inmigrantes tenían más de cuatro millones y medio de cuentas abiertas) que en los que requieren mayor acumulación de ahorro, como la posesión y transmisión de valores, los fondos de inversión o la compra de Deuda Pública. En estos últimos activos, el potencial de crecimiento del negocio financiero es notable, aunque el escaso capital invertido ha impedido que los rendimientos medios se acerquen a los de los inversores españoles.

De la explotación de los registros tributarios se deduce también que uno de los mercados en los que la llegada de los inmigrantes ha supuesto mayor dinamismo es el de los créditos hipotecarios. Antes de la crisis, los inmigrantes mantenían vivas cerca de medio millón de hipotecas. La magnitud de la cifra responde a un doble impulso demográfico y económico. El incremento de los flujos de población y la prolongación del período de residencia de un segmento creciente de población extranjera fomentaron un aumento de la demanda de vivienda en propiedad en un período prolongado de tipos de interés reales muy bajos. Destaca la generalización de los préstamos de largo plazo, que parece indicar expectativas de residencia permanente para un colectivo importante de inmigrantes. Tanto el crecimiento del número de hipotecas de los inmigrantes como de los plazos de pago fueron resultado de las estrategias establecidas por las entidades financieras, que asumieron mayores riesgos a cambio de un incremento de los márgenes de intermediación, con un valor medio bastante más alto de los gastos financieros de estos préstamos para los inmigrantes.

Para completar este cuadro, merece la pena citar también la contribución de los inmigrantes a la recaudación de otros impuestos, cuyo cálculo no es inmediato y exige procedimientos especiales de estimación. En el mismo monográfico se realizan diferentes estimaciones de la contribución al IVA, situándola en torno al 5,34% del total de la recaudación de este impuesto (unos 2.800 millones de euros). Se trata, por tanto, de cifras que deben ser consideradas, además de las referidas a los gastos, a la hora de trazar cualquier balance fiscal y cuya interpretación permite reivindicar una mayor responsabilidad social de aquellos encargados de sosegar y no de alimentar las tensiones sociales.