La necesidad de reformar el marco regulador de la actividad financiera ocupó la mayor parte de los debates de la reunión del G-20 celebrada en Washington a mediados del mes de noviembre del año 2008. No en vano, la reunión se celebró poco después de la caída de Lehman Brothers, esto es, en uno de los momentos más álgidos de la crisis financiera. Dos años después, en octubre del 2010 para ser exactos, una institución tan poco sospechosa de poder ser considerada heterodoxa y revolucionaria como el Fondo Monetario Internacional solicitaba a los reguladores que fueran más agresivos con las entidades financieras. “Es ahora o nunca” afirmaba José Viñals, uno de los autores del informe Shaping the New Financial System (IMF Staff Position Note, número 10/15) ya que “cuanto mas tiempo mantengamos el sistema actual, más probable es que volvamos a experimentar episodios de crisis. ¿Es cierto pues, como señalan muchos analistas, que la reforma financiera ha perdido fuelle?

Mirando hacia atrás sin ira, lo primero que vale la pena señalar es que se han conseguido avances considerables. En los Estados Unidos, epicentro de la crisis financiera, se ha aprobado la enciclopédica (2.300 páginas) Ley Dood-Frank que entre otras cosas, concede poderes especiales a las autoridades para hacer frente a la insolvencia de aquellas entidades financieras que por sus características no puedan acogerse a los sistemas tradicionales de quiebra. Incluye también la llamada Regla Volcker, que impide a los bancos que ofrezcan depósitos garantizados realizar operaciones de compra y venta de títulos por cuenta propia. En Europa, los países de la UE ha aceptado compartir, que no ceder, parte de sus competencias con organismos supranacionales de nueva creación tales como el Sistema Europeo de Supervisión Financiera y la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

Se ha avanzado también en el ámbito internacional. El ejemplo más claro es la aprobación a finales del 2010 de lo que ya se conoce como Basilea III. Las nuevas medidas incrementan considerablemente (del 2 al 4,5% de los activos ponderados por riesgo) el nivel de capital de máxima calidad (core capital) que deberán tener las entidades bancarias para poder operar. Se crean además dos colchones adicionales de capital. El primero de ellos denominado de conservación de capital tiene como objetivo incrementar la capacidad de absorción de pérdidas de las entidades bancarias, razón por la cual tendrá que ser cubierto con recursos propios de máxima calidad por una cuantía equivalente al 2,5% de los activos ponderados de riesgo. El segundo de ellos, denominado anticíclico, podrá ser exigido por los reguladores en aquellos momentos en los que se considere que el crédito está creciendo de forma excesiva, siendo asimismo su nivel máximo del 2,5% de los activos ponderados por riesgo.

A pesar de las medidas ya aprobadas buena parte de la opinión pública considera que la reforma del marco regulador de la actividad financiera se ha estancado o avanza muy lentamente. Una primera explicación de esta sensación residiría en lo que podríamos denominar “los detalles de la reforma”. Por poner un ejemplo, la ya comentada ley Dood-Frank limita significativamente las operaciones con derivados y por cuenta propia que podrán realizar las entidades bancarias estadounidenses; éstas dispondrán sin embargo de un periodo de siete años para poder adaptarse a las nuevas exigencias. Lo mismo ocurre con los nuevos requisitos de capital, que se implantarán gradualmente a lo largo del periodo 2013-2018, avalando así el dicho que ha perseguido al Comité de Supervisón Bancaria de Basilea desde su creación, esto es que “aprieta pero no ahoga”. Algunos analistas consideran de hecho claramente insuficientes los nuevos niveles de capital regulatorio. Ese es el caso, por ejemplo, de Adair Turner, presidente de la Autoridad de Servicios Financieros británica, que aboga por establecer ratios de capital cercanos al 20% de los activos ponderados por riesgo.

Un segundo factor que agrava la sensación de que se está haciendo poco o nada es la no aprobación de medidas “más apasionadas”. En otras palabras, el ingente volumen de fondos públicos que ha sido preciso inyectar para evitar la quiebra del sistema justifica sobradamente que la opinión pública exija un castigo ejemplar o como mínimo una cierta compensación gravando, por ejemplo, con una tasa las transacciones financieras y/o limitando la retribución de los banqueros. El problema, se quiera o no reconocer, es que tales medidas mejoran poco la estabilidad del sistema financiero y pueden además generar costes sociales, siendo por consiguiente necesario encontrar un equilibrio razonable. No sería en este sentido la primera vez que las cargas impuestas a un intermediario, nunca mejor dicho, acaban siendo soportadas total o parcialmente por los usuarios finales.

Más relevante es en nuestra opinión avanzar en otros campos, siendo el más importante de ellos qué hacer con las entidades sistémicas también conocidas como too big to fail. El planteamiento del problema es ya suficientemente conocido. El elevado tamaño relativo de tales entidades y las enormes repercusiones que acarrearía su quiebra impiden el funcionamiento de la disciplina del mercado (las autoridades no tendrán más remedio que salvarlas) incentivando así la toma de riesgos excesiva. Como habría puesto claramente de manifiesto la crisis actual, bloquean además los canales de transmisión de la política monetaria, impidiendo, por ejemplo, que un incremento de la liquidez y/o una reducción de los tipos de interés generen, como sería de esperar, una reactivación del crédito.

El descomunal tamaño relativo de los grandes bancos europeos (véase grafico adjunto) explica el creciente protagonismo de Europa en esta cuestión. Las autoridades suizas, por ejemplo, han aprobado exigirles mayores niveles de capitalización (un 19% de los activos ponderados por riesgo, más del doble de lo exigido por Basilea III). Algo similar está previsto hacer en el Reino Unido, en donde la comisión de expertos independientes auspiciada por el nuevo gobierno ha propuesto también que los grandes bancos universales británicos eviten mediante la creación un anillo protector que las actividades de banca al por menor que realizan en el Reino Unido se vean afectadas por los resultados de sus operaciones en los mercados mayoristas y de inversión. Las autoridades estadounidenses han priorizado en cambio minimizar los costes que acarrearía la caída de sus grandes bancos, obligándoles a redactar testamentos vitales que faciliten el proceso de liquidación, y a asumir mediante la creación de un fondo ad hoc los costes que generaría su citada liquidación. (hacer click sobre la imagen para ampliar)

Es preciso avanzar también en una cuestión que demostró ser de capital importancia en la pasada crisis financiera: los niveles de liquidez de las entidades de crédito. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha aprobado en este sentido la creación de dos coeficientes, uno a corto plazo y otro de carácter estructural, pero ha pospuesto su entrada en vigor (hasta el 2015 y el 2018 respectivamente) dados los problemas de todo tipo que ambos plantean.

Ampliar el perímetro de la regulación de manera que incluya el llamado sistema bancario en la sombra, mejorar el funcionamiento de los mercados de derivados y lograr la armonización de los estándares contables son otras de las medidas en las que hay seguir trabajando (Véase Progress in the Implementation of the G20 Recommendations for Strengthening Financial Stability, Financial Stability Board, abril 2011). Se trata en definitiva de intentar por todos los medios que pueda cumplirse el deseo que expresó el presidente Obama al firmar la entrada en vigor de la ley Dood-Frank, esto es: “ no habrá más rescates financiados con fondos de los contribuyentes”.

1 Comentario

  1. Cuando hablamos de las reformas del sistema financiero internacional nos enfocamos sobre todo en las reformas que se están llevando a cabo en los EE.UU. y la UE. Sin embargo, queda otro aspecto importante que necesita atención. Debido a las buenas perspectivas de crecimiento y sus altas tipos de interés, capital esta fluyendo hacia las economías emergentes, como Brasil, Sud-África, Perú y Turquía. Paulo Nogueira Batista, director ejecutivo de Brasil en el FMI lo ha denominado un “tsunami monetario”.
    Las autoridades de los anteriormente mencionados países temen que este flujo de capitales podría conducir a burbujas de precios de activos y monedas sobrevaluadas. Por lo tanto muchos han puesto en marcha medidas para frenar este flujo de capital, que se pone en evidencia por ejemplo por el impuesto de Brasil sobre las inversiones de capital. Estas políticas han sido controversiales durante mucho tiempo, ya que se argumenta que países que ejecutan dichas prácticas lo hacen para mantener su moneda artificialmente subvaluada. Los críticos estiman que con las perspectivas de mejora, los mercados emergentes deberían dejar apreciar su moneda. Pero las economías emergentes replican que la razón por la que capital extranjero entra en sus países tiene menos o incluso nada que ver con sus perspectivas a largo plazo, y más bien se deben a factores temporales como la política monetaria excepcionalmente laxa, la cual no controlan ellos. Se añade a la confusión además el hecho de ausencia de directrices internacionalmente aceptadas sobre lo que es aceptable en cuanto a la gestión de flujos de capital.
    Allí normalmente es donde debería entrar el FMI como árbitro. Ya ha cambiado su posición histórica acerca de los controles de capital. Un estudio económico del Fondo aprobó el uso de los controles en las situaciones en que un país que se enfrenta a un aumento de capital con una moneda valuada adecuadamente, disponiendo ya de suficientes reservas y sin espacio para ajustar la política fiscal. El 5 de abril de este año el FMI publico dos documentos diseñados para lograr una aclaración acerca de su posición sobre los flujos de capital. El primer documento supone un marco para el asesoramiento político y presenta la posición oficial de la Institución. El segundo documento proporciona un apoyo analítico para el marco y explica bajo qué condiciones varios tipos de instrumentos políticos podrían ayudar a controlar el flujo de capitales. Los documentos tienen por objetivo garantizar el asesoramiento coherente del FMI, pero según “the Economist” algunas diferencias entre ellos surgieren que el pensamiento propio del Fondo no se ha resuelto.
    En mi opinión deberíamos centrarnos en el hecho de que flujos de capital fuertes hacia países emergentes podrían crear burbujas importantes de precios de los activos. Tomamos el caso de Brasil, una nación que sigue siendo pobre, pero “actualmente es uno de los países más caros del planeta. El precio de la vivienda en Rio de Janeiro y Sao Paolo se ha duplicado desde 2008, y alquilar oficinas en Rio es hoy más costoso que hacerlo en Nueva York, mientras que los salarios de los ejecutivos en Sao Paolo son mayores que en Londres o Manhattan” (El País, 2011). Ya se está hablando de una creación de una burbuja en Brasil. Entonces, deberíamos velar por la estabilidad financiera y permitir que países emergentes impongan controles sobre los flujos de capitales. Por lo tanto, el Fondo debería tomar una posición más fuerte acerca de los flujos de capital. Muchas economías emergentes sostienen que el FMI se centra en los participantes equivocados. Batista se opone a países que adoptan una política monetaria ultra expansiva para superar la crisis provocando una expansión de liquidez a escala mundial, y luego insisten sobre como deberían de actuar los recipientes (las economías emergentes). El Fondo reconoce que estos factores de empuje son importantes y deberían ser tratados. Su propio análisis sugiere que los tipos de interés estadounidenses tienen un mayor efecto sobre los flujos hacia las economías emergentes que los resultados de crecimiento de dichas economías.
    Entonces, aunque se está llevando a cabo reformas del sistema financiero, se debería tomar en consideración los nuevos movimientos en el mundo financiero. Ante todo se quiere evitar la creación de una nueva burbuja ¿verdad?. Dar un papel mas importante a las economias emergentes en el FMI podria significar un buen comienzo.

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