La apuesta era afrontar sin dilación la crisis económica para que los primeros logros de la ansiada recuperación aseguraran un horizonte libre de incertidumbre política a medio plazo. Planteamiento tan plausible como simplista, al que la realidad, siempre compleja, está poniendo bocabajo, pues es una crisis de índole política lo que no sólo amenaza con desestabilizar el marco institucional sino también con poner palos en las ruedas de la recuperación económica. No es la economía; la política es el problema.
Y de los varios rostros que este presenta, el principal no es, con ser grave, el del nuevo independentismo catalán, sino el de la crisis de liderazgo y de credibilidad que afecta a muchos de los actores de la escena pública y de modo fundamental a los políticos. La interminable sucesión de casos de corrupción es demoledora, actuando de disolvente del vínculo representativo en que se basa la democracia, deslegitimando en la práctica a quienes, a través de las urnas, se les ha encomendado el ejercicio de unos u otros cargos y responsabilidades en la gestión de los intereses públicos. Un verdadero torpedo contra la cohesión social que distingue a las democracias de calidad y a las economías más abiertas y prósperas. La brecha de desafección —o hartazgo o, todavía peor, desmoralización— entre políticos y ciudadanos es enorme, tan grande como justificada. Dicho de otro modo: el reguero de casos de corrupción política —o en los aledaños del plano político— produce efectos perversos sobre la legitimidad de los representantes y, por ende, de las instituciones; su percepción generalizada es devastadora para la democracia, provocando un claro proceso de falta de credibilidad y de desapego que se proyecta hacia todo el sistema.
Téngase en cuenta, además, que la corrupción se retroalimenta al menos de dos formas. En primer lugar, el corruptor necesita de alguien corruptible, que se transforma a su vez en posible futuro corruptor; en segundo lugar, el corrupto se protege de la vigilancia de superiores e inferiores incorporándolos al botín, lo que ellos harán de nuevo más adelante. Lo que equivale a decir que la corrupción propiamente política brota con especial fuerza allí donde existe una cultura cívica tolerante con otras conductas corruptas menos visibles o llamativas. Por eso combatirla concierne a toda la ciudadanía.
De ahí que sean especialmente saludables las iniciativas que desde la sociedad civil se brindan con ese objeto, como la que acaba de hacer pública el Círculo Cívico de Opinión (www.circulocivicodeopinion.es) volviendo sobre anteriores pronunciamientos de meses atrás: la propuesta de un gran pacto por la regeneración y revitalización de la democracia, con todas las medidas necesarias para rehacer la legitimidad perdida por parte de la política y sus titulares. Un pacto que exija una nueva regulación del sistema representativo —partidos políticos, sistema electoral, régimen de incompatibilidades, aforamientos—, de las fuentes encargadas de preservar la transparencia y la ética pública, y, en general, de cuanto contribuya a suturar el distanciamiento producido entre ciudadanía y clase política.
Es, más que en ningún momento anterior de nuestra democracia, el tiempo de la política.
