Riesgo mayor

No es otro que horadar las instituciones, su debilitamiento, todo lo que contribuye a su deslegitimación social. Y en eso estamos. La calidad de una democracia, la solvencia económica y la reputación exterior de un país pasan por la fortaleza y la estabilidad de su tejido institucional, con el deseable corolario de seguridad jurídica. Fortaleza y estabilidad institucional: condición necesaria para el progreso duradero, para el despliegue de potencias creativas en las sociedades abiertas, el mejor lubricante de inversiones y proyectos empresariales. Por eso las últimas semanas están dando motivo para tocar el timbre de alarma. En dos frentes lo sucedido es altamente significativo: en el del poder judicial, una de las patas que sostienen toda la arquitectura del Estado, y en el de la Monarquía, su clave de bóveda en la Constitución de 1978. La simultaneidad de los acontecimientos aporta un plus de relevancia.

Nada que no se sepa, desde luego. De un lado, los nocivos efectos de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el pago de los impuestos derivados de las hipotecas, y del deficiente manejo posterior de la situación de desconcierto y caos originada. Los “estragos” más inmediatos de tal pronunciamiento han sido bien patentes: caídas en las cotizaciones bursátiles de las principales entidades financieras —pérdidas repartidas entre un millón y medio de accionistas, no se olvide— y freno a la concesión de nuevas hipotecas, además de la perturbación que introduce en la planificación y gestión de firmas bancarias. Lo peor, sin embargo, puede tener mayor recorrido. La atracción de inversores nacionales y foráneos será sin duda sensible a la imprevisibilidad del ordenamiento jurídico que ello supone. Más grave aún, pues afecta a instituciones básicas, es, por una parte, las dudas que siembra sobre la cualificación y modo de proceder del tribunal superior; por otra parte, las paladas de mala opinión que arroja sobre la imagen pública de nuestras entidades financieras, justo cuando su relegitimación social, tras los varapalos sufridos durante la crisis económica, encontraba de nuevo amplio apoyo, con reconocimientos también internacionales del más alto nivel (como el todavía reciente de Euromoney obtenido por CaixaBank, prolongando en su caso una serie que abarca ya más de un lustro).

La ofensiva contra la Monarquía es un segundo frente. Aquí se apunta, sin duda, al centro neurálgico del cuerpo constitucional, a lo que vertebra institucionalmente al “régimen del 78”, como despectivamente nombran a nuestro sistema de derechos y libertades quienes lo consideran periclitado, bien desde posiciones del nacionalismo radical, bien desde fuerzas políticas declaradamente republicanas, opuestas a la institución monárquica. Una particular “pinza”, que jalea el tópico de una institución “caduca y antidemocrática”, a despecho del papel y el prestigio que en la Europa de nuestro tiempo han adquirido las monarquías parlamentarias democráticas —es el modelo español también— asentadas en bastantes de los países más prósperos y avanzados del continente.

Atentos, pues, a los embates que tienen como objetivo zonas sensibles del entramado institucional. No es un juego inocente.