No hay situación por desesperada que sea que no pueda empeorar: el conocido dictum de Carl von Clausewitz no solo es aplicable a la guerra. Lo estamos experimentando en carne propia. Aunque en el frente sanitario se avanza —más lenta y desordenadamente de lo que la crudeza del combate requeriría—, en todos los otros las cosas empeoran. La tibia remontada de la economía, después del abrupto desplome, no es suficiente para frenar el desgarro del tejido productivo, cuando la amenaza de otro año sin turismo ya no es algo remoto, y con paro, déficit y deuda disparados. La cohesión social se resiente, dañada por una creciente desigualdad, pero también por la desinformación y la desconfianza (tres “des” socialmente perniciosas) que genera un clima político enrarecido y una gobernanza que tiene mucho de desgobierno, dada la recurrente y ostentosa división interna en el Ejecutivo. Más aún, cierto proceso de degradación institucional cobra cada vez mayor entidad: pugna con el poder judicial, abuso de los procedimientos legislativos de urgencia, postergación del Congreso de los Diputados, convertido en caja de resonancia de la crispación dominante en vez del órgano deliberativo y legislador que debería ser. Otrosí: cerco a la Corona y latente sedición independentista. En fin, una democracia cuestionada desde dentro…
Urge un cambio de rumbo. Atrás ya las elecciones catalanas, el calendario ofrece la posibilidad de dos años sin nuevas convocatorias, ocasión para revertir una no poco vertiginosa espiral de deterioro. Sabemos bien que la proximidad de comicios acentúa los enfrentamientos, eliminando posibilidades de cooperación. Prolongar el estado actual del escenario político durante dos ejercicios más resulta casi impensable, y sería pésimo si es que fuera posible.
Tiempo para cambiar, tiempo para reformar. Lo primero exige ante todo crear una atmósfera de negociación que conduzca a un amplio acuerdo entre las grandes fuerzas políticas para reafirmar la legitimidad de las instituciones y defender el orden constitucional, pero con el Gobierno como máximo valedor. Lo segundo es condición para el acceso a los fondos europeos, una oportunidad excepcional para modernizar la economía española y hacerla menos vulnerable. Su debido aprovechamiento es indisociable, pues, de “un plan de inversiones y reformas coherente” (Nadia Calviño). Han de ser gestionados con sentido de Estado, impidiendo que se conviertan en un instrumento del más rancio clientelismo. El Círculo Cívico de Opinión acaba de pronunciarse en este sentido (POSICIONES, “España en estado de alarma”, www.circulocivicodeopinion.es): es una oportunidad que no puede perderse. Por advertirlo, que no quede.
