Por Luis Alonso-Armesto (University of Oxford), Julio Cáceres-Delpiano (Universidad Carlos III de Madrid) y Warn N. Lekfuangfu (Universidad Carlos III de Madrid e IZA)
¿Qué ocurre cuando se retrasa el acceso legal al alcohol durante la adolescencia? La respuesta más inmediata parece obvia: probablemente se bebe menos. Pero la pregunta verdaderamente interesante es otra: ¿ese cambio normativo tiene efectos más amplios sobre la vida de los jóvenes? En nuestro artículo estudiamos precisamente esa cuestión y encontramos que elevar la edad mínima legal para beber de 16 a 18 años en varias comunidades autónomas españolas no solo redujo algunos comportamientos de riesgo, sino que también mejoró el rendimiento académico de los adolescentes, especialmente entre chicos y estudiantes de entornos socioeconómicos más desfavorecidos.
El punto de partida es sencillo. Durante mucho tiempo, en parte de España los jóvenes de 16 y 17 años podían consumir legalmente determinadas bebidas alcohólicas. Esa situación cambió de forma gradual hasta converger en la edad mínima de 18 años. Nuestro estudio se centra en tres comunidades que hicieron esa reforma relativamente tarde y para las que disponemos de buenos datos antes y después del cambio: Castilla y León, Galicia y Asturias. Ese calendario escalonado nos permite comparar qué ocurrió con adolescentes muy próximos a cumplir 16 años antes y después de la reforma.
La intuición económica detrás del análisis es clara. El alcohol no afecta solo a la salud. También influye en cómo estudian los jóvenes, en cómo y cuánto tiempo dedican al ocio, en con quién se relacionan y en la probabilidad de iniciar otros consumos. La adolescencia es, además, una etapa especialmente sensible: es cuando se consolidan muchas amistades, se forman hábitos persistentes y aparecen varias conductas de riesgo. Por eso, una política que retrasa el acceso al alcohol puede tener efectos que van mucho más allá de la propia bebida.
Cómo identificar el efecto de la reforma
Una dificultad importante es que en España cumplir 16 años coincide con otros cambios relevantes: más autonomía, nuevas posibilidades de socialización e incluso algunos hitos legales. Por eso no basta con comparar a quienes están justo por debajo y justo por encima de esa edad. En el artículo utilizamos una estrategia empírica que compara ese “salto” en torno a los 16 años antes y después de la reforma. Dicho en lenguaje no técnico, tratamos de aislar qué parte del cambio se debe realmente al endurecimiento de la ley del alcohol y no a otras cosas que también suceden al cumplir 16. Además, comprobamos que las características observables de los adolescentes cambian de forma suave alrededor del umbral, lo que refuerza la credibilidad del diseño.
Para medir los comportamientos de riesgo utilizamos la encuesta ESTUDES, que recoge información sobre consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre estudiantes de secundaria. Para los resultados educativos recurrimos a PISA, que permite observar el rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias. La combinación de ambas fuentes resulta especialmente útil: por un lado, podemos ver si la reforma cambió las conductas; por otro, si esos cambios se trasladaron al aprendizaje.
Menos conductas de riesgo, mejores resultados escolares
Los resultados muestran, en primer lugar, que la reforma sí redujo el consumo de alcohol. En el conjunto de la muestra cae la probabilidad de haber bebido alguna vez. El efecto es especialmente claro entre los chicos, para quienes la probabilidad de haber consumido alcohol se reduce en 6,6 puntos porcentuales. También es más intenso entre adolescentes con padres con menor nivel educativo, donde la caída alcanza 10,3 puntos. Entre las chicas no observamos un cambio estadísticamente claro en la probabilidad de iniciarse en el consumo, aunque sí aparecen reducciones en la intensidad de algunos episodios de embriaguez. En particular, la probabilidad de haberse emborrachado en el último mes disminuye alrededor de 7,5 puntos porcentuales en el conjunto y cerca de 10 puntos entre las chicas.
Un segundo resultado relevante es que restringir el acceso al alcohol no desplazó a los adolescentes hacia otras sustancias más peligrosas. Más bien ocurrió lo contrario. Encontramos caídas en el consumo de tabaco y marihuana, sobre todo entre los chicos y entre estudiantes de familias con menor nivel educativo. Por ejemplo, entre los chicos se reduce en torno a 8,5 puntos porcentuales la probabilidad de haber fumado alguna vez y en 4,3 puntos la de haber consumido marihuana alguna vez. Este hallazgo es importante porque encaja con la idea del alcohol como “puerta de entrada”: retrasar su consumo también retrasa o reduce la experimentación con otras sustancias.
La cuestión central del artículo, sin embargo, no es solo si los adolescentes beben menos, sino si eso repercute en su desempeño escolar. Y la respuesta es sí. Con los datos de PISA observamos mejoras en las puntuaciones de matemáticas, lectura y, sobre todo, ciencias, tras la subida de la edad mínima legal para beber. En las especificaciones más conservadoras, los efectos se sitúan entre 0,07 y 0,17 desviaciones estándar. No son cambios menores. En ciencias, por ejemplo, el aumento es especialmente robusto, y cuando miramos por grupos el patrón es todavía más revelador: los chicos mejoran alrededor de 0,2 desviaciones estándar en matemáticas y ciencias, mientras que entre estudiantes con padres menos educados las ganancias llegan a 0,25 desviaciones estándar según la materia.
Que los beneficios académicos se concentren en determinados grupos no parece casual. La propia evidencia del artículo sugiere dos mecanismos. El primero es que los jóvenes más expuestos al consumo problemático eran también quienes más podían beneficiarse de una restricción del acceso. El segundo tiene que ver con el grupo de amigos. La adolescencia es una etapa en la que muchas decisiones se toman en compañía. Si una ley cambia el comportamiento de una parte del grupo, puede terminar alterando también el de los demás. Y eso es precisamente lo que encontramos. Tras la reforma disminuye la percepción de que la mayoría de los amigos bebe con frecuencia, y también cae la percepción del consumo de tabaco y marihuana entre iguales. De nuevo, los efectos son más marcados entre chicos y adolescentes de entornos menos favorecidos.
Este resultado sobre los pares es especialmente sugerente. No demuestra, por sí solo, un efecto causal “puro” de los amigos en sentido estricto, pero sí apunta a que la política pública puede generar un multiplicador social. Limitar el acceso legal al alcohol no solo afecta a la decisión individual de beber; también puede modificar el entorno en el que los jóvenes se socializan, reduciendo la normalización del consumo y, con ello, mejorando las condiciones para el estudio. En ese sentido, la ley no actúa solo sobre una conducta concreta, sino sobre el ecosistema social en el que esa conducta aparece y se reproduce.
Qué nos dice esto para la política pública
Por supuesto, conviene no sobredimensionar los resultados. Nuestro análisis se basa en tres comunidades autónomas y en jóvenes de 15 y 16 años, que son las edades clave para identificar el efecto de la reforma. Además, como en casi toda evaluación empírica, hay límites: algunas variables de comportamiento son autodeclaradas y no podemos observar de forma directa todos los mecanismos. Aun así, el cuadro general es consistente: menos acceso legal al alcohol, menos consumo propio, menos consumo en el entorno cercano y mejores resultados académicos.
La principal conclusión es que las políticas de salud pública dirigidas a adolescentes pueden tener retornos educativos. Elevar la edad mínima legal para beber no solo parece reducir conductas de riesgo; también puede contribuir a mejorar el aprendizaje y a reducir desigualdades, porque los efectos más intensos aparecen precisamente entre quienes parten de situaciones más vulnerables. En un momento en el que a menudo se contrapone regulación y libertad individual, conviene recordar que las decisiones normativas sobre el entorno de los menores tienen consecuencias duraderas. A veces, retrasar dos años el acceso legal al alcohol no solo cambia lo que ocurre un fin de semana: también puede cambiar lo que pasa en el aula.
