Por Elisenda Jové-Llopis (Cátedra de Sostenibilidad Energética UB-IEB y Universidad de Barcelona) y Elisa Trujillo-Baute (Universidad de Lleida y Cátedra de Sostenibilidad Energética, UB-IEB)

La pobreza energética afecta a más de 40 millones de europeos, según la Comisión Europea (2023). En el marco de las políticas de transición energética justa de la Unión Europea, este problema ha cobrado relevancia por la incapacidad de muchas personas para acceder a servicios energéticos básicos como calefacción e iluminación, esenciales para una vida digna.

El marco legal europeo obliga a los Estados miembros a identificar a los hogares en situación de pobreza energética e implementar medidas estructurales para combatir las causas profundas. No obstante, cada país ha priorizado diferentes instrumentos, en su mayoría con un enfoque de arriba hacia abajo (top-down), donde, en general, se implementan políticas uniformes a nivel nacional. En este contexto, España ha seguido una estrategia alineada con este enfoque de top-down. Entre sus principales herramientas para abordar esta problemática se ha priorizado el bono social eléctrico y la prohibición de interrumpir el servicio energético. Sin embargo, aunque estas políticas han proporcionado un alivio temporal, en 2023, España, junto a Portugal, han registrado los mayores porcentajes de hogares incapaces de mantener sus viviendas a una temperatura adecuada, según el Energy Poverty Adsivory Hub. El agravamiento de la situación en los últimos años demuestra que estas estrategias (top-down) no logran llegar a todos los colectivos afectados (Figura 1).

Los datos agregados permiten monitorear el progreso hacia la reducción de la pobreza energética a nivel europeo y hacer comparaciones entre Estados miembros, lo cual es esencial para establecer puntos de referencia. No obstante, estas estadísticas a menudo no reflejan las diferencias territoriales dentro de los países, lo que puede dificultar la toma de decisiones informadas en políticas públicas. Para abordar esta limitación, nuestro reciente artículo (ver Jové-Llopis y Trujillo-Baute, 2024) propone un análisis de la distribución espacial de la pobreza energética a nivel subnacional, un enfoque que creemos que debería permitir a los responsables políticos mejorar el impacto de sus estrategias de lucha contra la pobreza energética.

El análisis territorial revela una considerable heterogeneidad (Figura 1). Según el indicador Low Income High Cost (LIHC), que identifica como pobres energéticos a los hogares con ingresos por debajo del 60% de la mediana y con altos gastos energéticos, se observa una concentración significativa en las zonas menos pobladas y rurales del centro de España, como Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, denominadas como el «anillo de la pobreza energética».

Además, los resultados muestran que crisis recientes, como la financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19, han agravado el problema en varias regiones. La crisis de precios energéticos entre 2020 y 2022 fue particularmente severa, con un aumento del 40% en la intensidad de la pobreza energética en algunas comunidades autónomas.

Figura 1. Tendencia geográfica de la pobreza energética (valores medios del indicador LIHC en %) 

Pre-2008 crisis

(2006-2008)

Crisis financiera global (2008)

(2009-14)

Recuperación

(2015-2019)

COVID-19 & crisis energética

(2020-22)

 Fuente: Elaboración propia

Para comprender en profundidad las características regionales de la pobreza energética, hemos clasificado las regiones españolas según dos dimensiones: su nivel inicial de pobreza energética (dimensión estática – 2006) y el cambio acumulado con el tiempo (dimensión dinámica -2006-2022). Las regiones se han agrupado según estos dos factores, permitiendo identificar cuáles han mejorado, empeorado o se encuentran estancadas en términos de pobreza energética. En concreto, se han identificado cuatro grupos de regiones en España, según su desempeño en relación con la pobreza energética (Figura 2):

  1. En buen camino: regiones con bajos niveles iniciales de pobreza energética que han mejorado con el tiempo y, además, ha conseguido reducirlos a lo largo del tiempo (2006-2022), lo que parece reflejar la concienciación generada en relación con el problema. Este grupo incluye algunas de las regiones más prósperas de España (País Vasco y Madrid), así como Cantabria y Murcia.
  2. Necesitan atención: regiones con niveles moderados de pobreza energética, que han visto un aumento considerable, lo que sugiere una menor eficacia en sus esfuerzos. El grupo incluye muchas de las comunidades del Mediterráneo (Cataluña, Valencia, Andalucía y las Islas Baleares), y algunas de las comunidades autónomas más septentrionales (Navarra, Asturias y Galicia).
  3. Atrapadas en la pobreza energética: está formado por las comunidades autónomas con altas tasas de pobreza que rodean la Comunidad de Madrid (Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura).
  4. Luchadoras: regiones con altos niveles al inicio, pero que han mejorado significativamente la incidencia de su pobreza energética. Ejemplos: Aragón, La Rioja.

 

Figura 2. Comunidades autónomas españolas según su comportamiento en materia de pobreza energética

Periodo de tiempo: 2006-2022

Crisis financiera global (2008)

COVID-19 y crisis energética

Nota:

  • Grupo 1 En buen camino: CA (Cantabria), CMA (Madrid), MUR (Murcia) y PV (País Vasco.
  • Grupo 2 Necesitan atención: AND (Andalucia), CAT (Cataluña), CVA (Com. Valenciana), GAL (Galicia), IBA (Islas Baleares), NAV (Navarra), PAS (Asturias).
  • Grupo 3 Atrapadas en la pobreza energética: CLM (Castilla-La Mancha), CLE (Castilla y León) y EXT (Extremadura).
  • Grupo 4 Luchadoras: ARA (Aragón) y R (La Rioja).

Fuente: Elaboración propia

 

En general, si bien para algunos grupos de regiones el problema se ha mantenido relativamente constante a pesar de sus diferentes puntos de partida en términos de situación de pobreza energética (nivel estático), algunas regiones han respondido mejor en sus esfuerzos por abordar la pobreza energética y proteger a los consumidores vulnerables. Estas tendencias y patrones regionales ponen de relieve la necesidad de un análisis más exhaustivo de la dimensión espacial de la pobreza energética para comprender mejor las diferencias en los factores que impulsan el problema.

Aunque España fue uno de los primeros países en adoptar medidas de emergencia en apoyo a los consumidores de energía (Mastropietro, 2022), nuestros resultados indican que las crisis recientes, como la de 2008 y la pandemia de COVID-19, intensificaron las disparidades entre los grupos regionales. Las probabilidades de ser pobre energéticamente son más altas para los hogares en el grupo «Atrapado en la pobreza energética» en comparación con otras regiones (Figura 3).

Figura 3. Diferencias regionales en la probabilidad de ser pobre energético en tiempo de crisis (efectos marginales)

Fuente: Elaboración propia

Este análisis demuestra que no se pueden abordar las disparidades regionales con soluciones universales. Las políticas actuales, como el bono social eléctrico y la prohibición de cortes de suministro, son mecanismos nacionales que no consideran las particularidades de cada región. Aunque estos mecanismos ofrecen un alivio temporal, no abordan los problemas estructurales de las regiones más afectadas.

Es fundamental complementar las políticas nacionales con iniciativas regionales y locales adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio. Por ejemplo, en regiones rurales con altos niveles de pobreza energética, las políticas deben enfocarse en mejorar la eficiencia energética de las viviendas y en facilitar el acceso a fuentes de energía más asequibles. Aquí, las administraciones regionales y locales desempeñan un papel clave en la identificación de hogares vulnerables. Es fundamental que trabajen en mayor coordinación con los organismos que disponen de la información relevante, como servicios sociales, ONGs, servicios sanitarios o las propias comercializadoras de energía. Además, deben priorizar y actuar en aquellos hogares que han sido detectados como de rehabilitación prioritaria, tal como se define en la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación (ERESSE). Esto implica implementar políticas que respondan a las particularidades de cada territorio. Un ejemplo exitoso de intervención locales es los Puntos de Asesoramiento Energético o las Oficinas de Ventanilla única (one-stop-shop). Las iniciativas son clave para concienciar a los ciudadanos sobre sus derechos energéticos y ofrecerles información sobre cómo reducir el consumo y acceder a ayudas. Iniciativas basadas en la proximidad y la confianza con los ciudadanos son esenciales para enfrentar la pobreza energética a nivel regional.

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