Por María Jesus Such Devesa (Universidad de Alcalá)
Siendo la UE una zona monetaria única pero no óptima, la salida de la crisis COVID ha dado una respuesta más acorde a lo que muchos entendemos debe ser el proyecto de construcción europeo y nos permite ser más optimistas en lo que se refiere a su futuro y la necesidad de avance hacia una mayor integración.
La Comisión Europea y el gobierno español no sólo tomaron medidas de choque ante la crisis, sino que adoptaron otras para reactivar la economía una vez que se hubieran superado los problemas sanitarios. En julio de 2020 se aprobaron los conocidos como fondos Next Generation, asignándose a España 140.000 millones de euros. Estos fondos constituyen un hito de enorme trascendencia por dos razones fundamentales. La primera es que, mutualizando la deuda, abren el camino hacia una política fiscal que haga de la Unión Europea una zona monetaria óptima, esto es, una zona donde se pueda hacer frente a los desequilibrios económicos no sólo con políticas monetarias, sino con medidas fiscales solidarias que eviten costosos períodos de austeridad para algunos países. La segunda razón es que los fondos contemplan inversiones para incrementar la productividad y la capacidad competitiva en el marco de un desarrollo económico sostenible que evite el desmantelamiento de la economía social de mercado.
Por su parte, el gobierno español presentó en abril de 2021 su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que plantea cuatro objetivos (transición ecológica, transición digital, cohesión social y territorial e igualdad de género) cuyos fondos deben repartirse entre Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales, empresas, organizaciones patronales y consorcios público-privados.
El libro “El impacto de la pandemia en las economías española y alicantina” (Tirant Humanidades y Universidad de Alicante, Valencia, 2023), editado por Antonio Escudero y José Manuel Casado, ambos catedráticos en la Universidad de Alicante, es una obra colectiva que Tirant lo Blanch edita en 2023, siendo un texto cuya lectura es sumamente recomendable para cualquier lector o lectora ávidos de profundizar en la comprensión de lo acontecido en nuestro entorno más próximo hasta la pandemia COVID-19 y la invasión de Ucrania, para poder apuntalar una estructura económica y social más robusta y cuyos pilares competitivos sean capaces de enfrentar los retos que nos depara un contexto global cargado de desafíos e incertidumbre.
El carácter divulgador de la obra se combina con el fundamento científico de las aportaciones. El trabajo también realiza un esfuerzo en el marco de la historia comparada al establecer relación entre la crisis consecuencia de COVID-19 y la otra gran crisis pandémica de principios del siglo XX, la gripe de 1918, para enmarcar la respuesta que desde Europa se ha dado a la situación provocada por el COVID-19.
De los tres problemas estructurales identificados en el trabajo al que se refiere esta entrada: productividad, empleo y desigualdad, ¿sigue vigente la interpretación de los autores?
La Productividad Total de los Factores (PTF) viene descendiendo en España desde 1995, fundamentalmente porque nuestro crecimiento se ha basado en un modelo con insuficiente capacidad de innovación debido a la existencia de empresas que pueden llegar a utilizar mucho trabajo y capital, pero cuya productividad es baja, destacando entre ellas por su peso en el PIB las del sector de la construcción y las del subsector de servicios ligado a la hostelería y turismo. En este panorama son determinantes la innovación y la calidad del capital humano- el grado de formación de los trabajadores- requiriendo la incorporación de la Economía del Conocimiento a nuestras empresas, grandes o pymes. También a nuestras instituciones. Como es sabido, los componentes fundamentales de la Economía del Conocimiento son las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el capital humano de alta cualificación y el desarrollo de actividades de I+D+i, abordando los retos que genera la creciente digitalización, especialmente en sectores tradicionales que protagonizan una destacada contribución al PIB en la economía española.
En 2019, la tasa de paro en España fue del 13,9%, la más elevada de los países de la OCDE salvo Grecia, y el trabajo precario alcanzó cifras que pueden calificarse de intolerables. Un trabajo de investigación realizado por un equipo del IEI encabezado por Hipólito Simón presentaba un Índice de Precariedad Asalariada Multidimensional que en 2019 arrojaba cifras desoladoras: un 48% de los asalariados españoles (42% en el caso de los hombres, 54% en el de las mujeres) sufrían precariedad multidimensional y sólo un 28% no tenía ninguna de las carencias laborales recogidas en el indicador. En la actualidad, se observan mejoras en el panorama laboral que se han visto propiciadas por la reciente reforma pactada por Gobierno, patronal y sindicatos a finales de 2021, si bien sigue habiendo retos pendientes de atender. Nuestro mercado laboral necesita reformas institucionales que disminuyan la precariedad y a pesar de que los problemas de empleo parecen remitir sigue habiendo colectivos especialmente golpeados por las condiciones laborales vigentes.
En cuanto a la desigualdad, en 2019, España fue el tercer país con mayor desigualdad de la Unión Europea después de Rumanía y Bulgaria. Otro dato que abunda en el mismo sentido es el de pobreza, siendo España el cuarto país de la Unión Europea con mayor población en riesgo de pobreza en 2019. Asimismo, una reciente publicación en 2023 confirma que más de 12,3 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social en España, un 26% de la población española, según datos del estudio «El estado de la Pobreza 2022» de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Una parte muy considerable de las rentas de las familias procede del trabajo, de modo que desempleo y precariedad son las principales causas de una falta de equidad que debe corregirse por razones no sólo de justicia social, sino de eficiencia económica.
Si bien en 2022 la situación presenta cierto grado de mejora, en 2020, la tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social empeoró para la provincia de Alicante situándose por encima de la de España, Comunidad Valenciana y las provincias de Valencia y Castellón. Las comarcas con mayor pobreza relativa fueron Marina Alta, Vega Baja, Marina Baixa y Alacantí, lo que permite señalar que la crisis turística tuvo un impacto muy negativo, apuntando hacia la necesaria revisión del modelo turístico dominante, circunstancia imperativa desde la perspectiva alicantina, remitiendo a la convivencia y su gestión como soporte fundamental del desarrollo turístico.
