Estamos en el año 2 después de la pandemia y parece que deberíamos haber aprendido algo sobre políticas públicas basadas en evidencias (empíricas). En cambio, seguimos observado discusiones acaloradas con posiciones inamovibles en torno a políticas públicas. Por ejemplo, el debate sobre la tasa turística en la Comunitat Valenciana, donde los partidos políticos, organizaciones empresariales y asociaciones vecinales han cavado trincheras bien a favor o en contra.
Incluso se han creado dos plataformas online exponiendo los argumentos de uno y otro bando. Los partidarios (aquí), argumentan que es mentira (sic) que la tasa turística afecte negativamente al turismo. Aducen que “la tasa turística no tendrá ningún efecto en el sector y contribuirá a financiar los servicios públicos.” Desde la plataforma contraria, se advierte de la pérdida de competitividad por el aumento de precios, y sin oponerse totalmente, advierten que “ahora no es el momento”. El disenso dentro del Botànic, ha contribuido a amplificar el interés mediático.
Sin embargo, hay una voz ausente en el debate sobre la tasa turística. No encontrarán en los medios prácticamente ninguna referencia a los más de 3.600 artículos que aparecen en Google Académico sobre el término “tourist tax”. (Pueden ver un resumen de la cobertura en la prensa local aquí). La ausencia de cualquier atisbo de análisis riguroso esconde dos cuestiones relevantes. Primero, el poco predicamento que tienen las políticas públicas basadas en evidencias. De alguna manera, nos hemos acostumbrado al juego político del blanco y negro. Además, resulta sorprendente la ausencia de referencias u opiniones de quienes se dedican a estudiar estos asuntos. Y esta es justamente la segunda cuestión preocupante: la dificultad con la que trasladan los resultados de la investigación fuera del ámbito universitario.
Numerosos académicos llevan décadas estudiando los efectos de la tasa turística. Concretamente desde finales de los años 70, cuando los hoteleros de Hawai propusieron imponer una tasa por pernoctación para financiar la construcción de un centro de convenciones destinado a diversificar su negocio.
Hoy las motivaciones para imponer una tasa turística o un pequeño pago por pernoctación son distintas. El objetivo es corregir las externalidades negativas asociadas al turismo. Estas se producen cuando los costes del mismo no se asumen por los agentes implicados. Hay muchas situaciones en las que el turismo genera unos costes (ruido, limpieza, degradación del medio ambiente) que no se repercuten en el sector implicado. Se dan además otros factores que pueden lastrar la propia competitividad del sector, como por ejemplo la masificación. Existen varias políticas públicas para corregir este fallo de mercado. La más popular es un impuesto Pigouviano: una tasa que permite compensar los costes externos mediante la reducción de la actividad económica que los genera junto con la recaudación del impuesto.
En nuestro entorno, esta tasa fluctúa entre 1€-6€ por noche, pero hay destinos como Bután que pueden llegar a cobrar 200€/noche. Es evidente que, si se cobrara esta cantidad en Valencia, no tendríamos ningún coste externo por el turismo porque simplemente desaparecería.
En economía no existen leyes naturales como en la física, pero sí realidades tozudas. Los turistas somos sensibles al precio de los productos o servicios que consumimos. Desde el estudio pionero de Mak y Nishimura en 1979, la evidencia que hemos ido acumulando va en la misma dirección: imponer una tasa turística tiene un impacto negativo en el número de turistas. En nuestro entorno este impacto es relativamente modesto. Por ejemplo, estudios realizados en Baleares (aquí y aquí) estiman que una tasa turística de 1€ reducirá menos del 1% la demanda total de turistas. En cambio, en las Maldivas, se estima que un aumento del 10% en el impuesto al turismo reduce la demanda en un 5,4% (link).
El reciente estudio de Heffer-Flaata et al. (2020) concluye que la tasa turística tuvo un impacto negativo en la demanda turística de británicos en ciudades francesas, italianas y españolas. El efecto negativo es mayor en los destinos con aerolíneas low-cost, como Girona. Por tanto, serían previsible resultados similares que destinos como Benidorm y Alicante. No obstante, también concluye que las grandes ciudades como Venecia o Barcelona no experimentaron una caída significativa en la demanda. Existe además cierto consenso acerca de que la caída es mayor en los primeros años tras la medida, y tiende a aminorarse con el tiempo (ver aquí).
Hay varias razones que explican este comportamiento. La primera es que el sector turístico es un mercado altamente competitivo con unos precios muy ajustados a los costes directos. Por tanto, una tasa fija representa un porcentaje mayor del gasto total en comparación con destinos más caros. Por otro lado, está el efecto de ordenación de precios (ver aquí): los consumidores tendemos a escoger las primeras opciones dentro de una lista. Por tanto, quedar relegado un par de posiciones en los buscadores online puede suponer pérdidas considerables.
Las evidencias que ha ido arrojando el análisis económico de la tasa turística nos sugieren que la tasa tendrá un efecto negativo pero moderado. Intentar convencernos de su inocuidad o su inoportunidad es fútil y no contribuye a nada sustancial. La cuestión, por tanto, reside en encontrar la tasación óptima que por una parte proporcione la recaudación suficiente para corregir la externalidad, y por otra tenga un efecto que no llegue a drenar la competitividad del sector.
Si alguna vez quieren nuestros gobernantes convencernos que se toman en serio las políticas públicas basadas en evidencias, podrían haber iniciado el debate así:
“Tras un análisis riguroso del sector turístico y un debate con los agentes implicados, se propone corregir las externalidades negativas relacionadas con el turismo mediante un impuesto Pigouviano: una tasa turística por pernoctación. Se prevé obtener una recaudación de X€ que se destinarán a paliar los gastos externos derivados de la actividad turística. Los datos sugieren que representará un coste a corto plazo para el sector de Y€, por lo que implementaremos medidas transitorias que permitan incrementar la competitividad del sector. Prevemos que dentro de Z años esta medida repercutirá positivamente en la competitividad del sector y en el bienestar de la sociedad.”
Nota: Este post una versión ampliada de la tribuna publicada en ValenciaPlaza aquí.