No ha escogido bien el momento el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para hablar mal de España en la Universidad de Harvard. Mal de su economía —un país alejado de la eficiencia económica y con llamativos signos de atraso— y de su democracia, descalificándola por no cumplir la Carta Europea de los Derechos Humanos y permitir comportamientos coercitivos propios de Estados con muy escasa calidad institucional. Lo hizo en la conferencia que allí pronunció el pasado 27 de marzo. Tal vez tampoco el auditorio fuera el más apropiado —un total de 90 asistentes, principalmente estudiantes—, pero desde luego no ha tenido al calendario como aliado: la semana elegida para dar a conocer el proceso catalán en Estados Unidos ha coincidido con alentadoras nuevas en el plano económico y en el político.

En el primero, la llegada de la primavera está siendo generosa. Según los indicadores ahora anticipados para el primer trimestre del año, la recuperación se mantiene fuerte (con 2017, tres años en torno al 3 por ciento), muy por encima de los valores medios de la eurozona. Se sostiene con holgura igualmente el dinamismo exportador y la inversión en bienes de equipo, con empresas además menos endeudadas. La creación de empleo sigue también siendo muy intensa, acelerándose incluso. Justo en el curso de esa semana última de marzo hemos sabido que por primera vez en una década España cumple el objetivo de déficit público exigido por Bruselas, y se ha firmado un acuerdo entre Hacienda y los sindicatos para hacer la mayor oferta pública de empleo de la democracia. Apretado final de mes que se ha cerrado con la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Presupuestos, donde se dibuja un escenario macroeconómico como mínimo estimulante, y esta vez —no es ocioso señalarlo— avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Nada de ello, ciertamente, trasmite la imagen de una economía renqueante y rezagada en el marco europeo.

A su vez, en el plano político no son pocas las novedades con igual signo positivo. Y tanto por lo que atañe a la proyección exterior de España como por lo que mira adentro. El “Brexit”, al descolgarse el Reino Unido de la mesa de “los grandes”, está ofreciendo a España la posibilidad de una casi inédita interlocución en el seno de la Unión Europea. Así lo visibilizó la presencia de Rajoy en Versalles (6 de marzo), acompañando a los mandatarios de Francia, Alemania e Italia, los países que pueden liderar la renovación del proyecto europeo. O la convocatoria en Madrid (10 de abril) del grupo informal constituido por los países del sur de la UE. Y en nuestro patio interior, junto con el recobrado pulso de la vida parlamentaria durante las últimas semanas y que volverá a exteriorizarse de inmediato en la tramitación presupuestaria, marzo se ha despedido con el anuncio de una nueva e importante prueba de la victoria de la democracia frente al terrorismo: la entrega de armas por parte de ETA (no dejen de leer, si todavía no lo han hecho, la novela de F. Aramburu, “Patria”, cuyo extraordinario éxito, con más de 200.000 ejemplares vendidos, 40.000 de ellos en el País Vasco, expresa que tampoco el discurso o “la narrativa” terrorista va a prevalecer). Buenas señales que emite nuestra democracia, tan ignoradas en aquella aula de Boston.

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