Por Antonios M. Koumpias (University of Michigan-Dearborn), Jorge Martínez-Vázquez (Georgia State University) y Eduardo Sanz-Arcega (Universidad de Zaragoza).

 

La comprensión de los determinantes y las consecuencias de la corrupción es un importante campo de investigación en la literatura económica. De un lado, se ha documentado que la corrupción es tolerable a pequeña escala, pudiendo destacar como el precio para acelerar el crecimiento económico (Leff 1964;  Méon y Weill, 2010). De otro lado, empero, también se ha evidenciado un efecto negativo y persistente de la corrupción sobre el propio crecimiento ( Mauro, 2005, Méon y Sekkat, 2005Aidt, 2009). Dicho con otras palabras, la evidencia empírica sobre este tema sigue siendo mixta, lo que justifica un enfoque más limitado, caso por caso, y que tenga en cuenta lo más ampliamente posible el contexto institucional-idiosincrático de cada país.

En este punto, debe reconocerse que abordar y combatir el fenómeno de la corrupción es difícil por numerosas razones. En primer lugar, porque se requieren cambios institucionales sustanciales para alterar las condiciones en las que se desenvuelven economías muy corruptas. En segundo lugar, y, concatenado con la razón anterior, porque la corrupción del pasado promueve la corrupción del presente, es decir, existe una suerte de dependencia determinista en la trayectoria que, en última instancia, motiva que la ruptura con las bases de la corrupción económica pueda depender decisivamente de la intervención de actores externos (Aidt, 2003). Por todo ello, el diseño de políticas públicas debe tratar de orientarse a yugular la aparición de condiciones favorables para la corrupción. Y, a tal fin, resulta de capital importancia identificar las causas y consecuencias de los grandes episodios de corrupción y evitar así que se repitan (Serra, 2006).

No por casualidad la literatura teórica sobre la corrupción ha enfatizado el papel de los incentivos y la oportunidad para el surgimiento de la corrupción (Rose-Ackerman, 1975). Los estudios empíricos sobre la corrupción urbanística en España han puesto de manifiesto un grave problema de corrupción política a nivel municipal asociado al sector inmobiliario; y, en particular, estos trabajos han establecido un vínculo estrecho entre corrupción y desarrollo urbanístico (Jiménez, 2009; Costas-Pérez et al., 2012; Sanz et al., 2022). Aún más, desde el punto de vista de las causas, esta línea de trabajo había apuntado teóricamente cómo las oportunidades de búsqueda de rentas, la enorme discrecionalidad municipal en el planteamiento urbanístico y un débil sistema institucional local de rendición de cuentas allanaron el camino para que surgiera la corrupción.

Pero para que surgiera un fenómeno de la magnitud de la burbuja inmobiliaria, es necesario un cambio importante en las condiciones subyacentes del mercado inmobiliario, como fue una disminución drástica en los costes de financiación de promotores y adquirentes de viviendas. La adopción del euro, que supuso un cambio súbito y profundo en los sistemas de financiación de muchos países de la Unión Monetaria Europea, sirvió de catalizador a tal fin (Fernández-Villaverde et al., 2013).

En el caso de España, la adhesión al euro se tradujo en una sustancial caída de los tipos de interés que abarató las condiciones de financiación de todos los actores del mercado inmobiliario: promotores y adquirentes. Dentro de un marco institucional de rendición de cuentas débil, la fuerte demanda de vivienda y los precios en auge también alteraron las oportunidades de búsqueda de rentas para los promotores al crear los incentivos financieros necesarios para que éstos ofrecieran sobornos a los políticos y funcionarios municipales (Rose-Ackerman, 1988).

Llegados a este punto, la presumible relación teorizada entre los precios de la vivienda y la corrupción urbanística carecía de respaldo causal empírico. Una posible explicación de esta falta de evidencia empírica es la presencia de numerosos desafíos de identificación y disponibilidad de datos para desentrañar la relación causal entre los precios de la vivienda y la corrupción urbanística municipal. De hecho, la propia corrupción puede trasladarse a los precios, incrementándolos también en la cuantía de los sobornos satisfechos. Y, al mismo tiempo, la corrupción urbanística, alimentada por la fuerte demanda de vivienda y el aumento de los precios de la vivienda, también puede provocar una expansión de la oferta de viviendas, reduciendo el precio de éstas. Finalmente, parte de la variación observada en los precios de la vivienda puede deberse a las diferencias en las condiciones del mercado y la disponibilidad de la oferta de viviendas entre municipios, que son particularmente pronunciadas dado el ámbito geográfico de análisis.

En un reciente trabajo publicado Applied Economic Analysis (“Housing bubbles and land planning corruption: evidence from Spain’s largest municipalities”), Koumpias, Martínez-Vázquez y Sanz-Arcega (2022) tratamos de colmar esta laguna en la literatura proporcionando evidencia empírica causal sobre el impacto amplificador de la burbuja inmobiliaria en España en la corrupción urbanística. Para ello, explotamos información a nivel municipal sobre la incidencia de la corrupción y los precios locales de la vivienda entre principios y mediados de la década de los 2000 en los municipios más grandes de España (aquellos de más de 25.000 habitantes, únicos para los que se cuenta con información detallada sobre los precios de la vivienda).

Metodológicamente, se sigue un enfoque meticuloso para identificar la fuente ideal de información para contrastar la hipótesis de que la burbuja inmobiliaria efectivamente amplificó el fenómeno de la corrupción urbanística. En este punto, los trabajos empíricos sobre corrupción generalmente emplean, bien medidas subjetivas de corrupción basadas en encuestas, bien medidas objetivas basadas en auditorías administrativas o noticias emitidas por los medios de comunicación (Kaufman et al., 2010; Nyblade y Reed, 2008). Si bien ambas formas de recopilar casos de corrupción quedan sujetas a problemas relacionados con errores de medición, un buen indicador para analizar la validez de la información provista por los medios es la ausencia de sesgo ideológico en la cobertura de la corrupción. Este es el caso de la base de datos sobre corrupción urbanística utilizada en nuestro trabajo y proporcionada amablemente por el equipo de investigadores de la Universidad de Barcelona liderado por Albert Solé-Ollé, a quien sinceramente agradecemos su generosidad. Combinando la información de los ciclos electorales 2003-2007 y 2007-2009 con el universo de municipios españoles de más de 25.000 habitantes, la muestra del estudio se compone de 554 observaciones municipio-ciclo electoral.

Ahora bien, una cautela que no debe soslayarse es la posibilidad de causalidad inversa, pues los precios de la vivienda pueden estar correlacionados con terceros factores no observados. Por ello, se emplean técnicas de variables instrumentales para identificar la relación que media entre los precios de la vivienda y la corrupción urbanística. Específicamente, para superar potenciales problemas de endogeneidad de los precios de la vivienda y aislar de influencias externas la conexión entre el precio de la vivienda y la corrupción, instrumentamos los precios de la vivienda por el número de sucursales de cajas de ahorro en cada municipio (como es bien sabido, las cajas emergieron como los actores principalmente responsables de la financiación de los préstamos hipotecarios durante el período de nuestro análisis). Por otra parte, de manera adicional identificamos un segundo instrumento que personificara un indicador indirecto de la demanda del mercado inmobiliario: el número de transacciones inmobiliarias per cápita.

Para completar la especificación y corregir las diferencias en las condiciones del mercado inmobiliario, clasificamos los municipios según el tamaño de su población en cuatro grupos diferentes. Por último, y, con base en la literatura, controlamos por características socioeconómicas, políticas y de geolocalización de los municipios como la tasa de desempleo, la densidad de población, un indicador de municipio costero, un indicador de filiación política del titular de la Alcaldía –diferenciando entre Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP) y otro– y un indicador de mayoría absoluta en el gobierno municipal.

De acuerdo con los resultados alcanzados, se confirma con causalidad estadística el vínculo teorizado entre los precios de la vivienda y la corrupción urbanística en España. Nuestra modelo con variables instrumentales muestra que un incremento de un 1% en los precios de la vivienda conduce a un aumento de 3,9% puntos en la probabilidad de existencia de corrupción urbanística. Además, los gobiernos municipales que gozan de mayoría absoluta son más susceptibles de incurrir en corrupción.

Los resultados alcanzados permiten ofrecer tres recomendaciones para atacar el fenómeno de la corrupción urbanística. En primer lugar, hemos obtenido fuerte evidencia de que la competencia política actúa como freno de la corrupción urbanística. En segundo lugar, el efecto de rendición de cuentas por acción de la ciudadanía que dificulta la incursión en prácticas corruptas parece actuar en mayor medida en municipios densamente poblados y en aquéllos de mayor población. Finalmente, pero no menos importante, el diseño de políticas públicas debe tener en cuenta los efectos perjudiciales del incremento de la actividad económica, en forma de externalidades negativas, como la propagación de la corrupción.

A modo de corolario, con base en nuestro trabajo puede afirmarse que la burbuja inmobiliaria y la “burbuja de corrupción” que siguió no sirvieron como un atajo para acelerar el crecimiento económico a largo plazo, sino más bien como una rémora adicional y persistente para la recuperación económica de la España que, tras el pinchazo de la burbuja, se vio asimismo atrapada por los efectos amplificadores de la Gran Recesión que se estaba desencadenando.

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