Sabedor, visto lo ocurrido en los años 2010-2012, que el inevitable deterioro de las finanzas públicas que va a generar la crisis generada por el covid-19 acabaría poniendo en cuestión la capacidad de pago de algunos de los países de la eurozona y con ello sus primas de riesgo, el BCE anunció el 12 de marzo de 2020 que, de aquí a finales de año, complementaría con 120.000 millones de euros adicionales las compras de activos por valor de 20.000 millones de euros que venía realizando hasta la fecha. Pocos días después, y vista la magnitud de la crisis, puso en marcha el Programa de Compras de Emergencia frente a la Pandemia (PEPP por sus siglas en inglés) por un importe nada más y nada menos que de 750 mil millones de euros. Tan o más importante, explicitó que tales compras se realizarían con flexibilidad, esto es, que compraría más bonos a aquellos países (España e Italia en estos momentos) que más lo necesiten.
Anticipándose a un previsible tensionamiento de los mercados monetarios, el BCE acordó también a mediados de marzo inyectar más liquidez en el sistema anunciando para ello la celebración de aquí a junio de 2020 de una serie de operaciones de financiación a plazo más largo (las conocidas como LTRO). Adjudicadas mediante un procedimiento de subasta con asignación completa (se concede todo lo solicitado por las entidades) su tipo de interés será el de la facilidad de depósito (-0,5%). Además de elevar la cantidad que las entidades podrán solicitar en ellas, se ha “reducido” también el tipo de interés de las operaciones de financiación con objetivo específico (TLTRO III) ya previstas de antemano, que durante el periodo comprendido entre junio de 2020 y junio del 2021 podrá ser hasta 25 puntos básicos inferior al aplicado a la facilidad de depósito. Puede afirmarse, pues, que las entidades acabarán cobrando por pedir prestados fondos al BCE amortiguando así el coste que les genera depositar en él sus excedentes de liquidez.
Como complemento de lo anterior, en sus reuniones del 7 y 22 de abril el BCE ha incrementado su nivel de tolerancia al riesgo relajando considerablemente los colaterales exigidos a las entidades como contrapartida a la provisión de liquidez. De entrada, ha reducido en un 20% el haircut en su valor que impone a tales activos. De forma temporal, permitirá también que puedan ser utilizados como tales los créditos a empresas, familias y autónomos que estén avalados por el Sector Público y ha eliminado asimismo el umbral mínimo (25.000 euros) que se exigía anteriormente a un crédito para poder ser admitido como colateral. Ha explicitado también que está dispuesto a aceptar como garantía préstamos rechazados hasta la fecha debido a su mala calidad y a considerar como buena la valoración sobre los mismos que realicen los propios bancos. Last but no least, ha decidido no tener en cuenta a efectos de su elegibilidad como activos de contrapartida los recortes de rating que las agencias de cualificación van a imponer a muchas emisiones ante el empeoramiento de la situación económica.
En un momento en el que la capacidad de los bancos para captarlo en el mercado es reducida por no decir nula, el supervisor va a permitir adicionalmente a los bancos de la eurozona movilizar los colchones de capital construidos en los últimos años. Se trata en definitiva de liberar recursos (120.000 millones de euros de capital ordinario de nivel 1 según el BCE) bien sea para absorber pérdidas, bien para conceder préstamos (que, según de nuevo el BCE, podrían alcanzar una cifra cercana a los 1,8 billones de euros). Como contrapartida, ha “recomendado” a los bancos de la eurozona que limiten al máximo el pago tanto de dividendos como de bonus. Solo faltaría, parece decir el BCE, que la flexibilidad supervisora se utilizara para otros fines que no sea la concesión de crédito a los agentes más afectados por la crisis.
La incertidumbre existente sobre la duración y la intensidad de la crisis actual le ha llevado también a recomendar explícitamente a los bancos que en estos momentos sobreponderen las perspectivas a largo plazo en sus estimaciones de pérdidas esperadas En la misma línea, e intentando evitar que sea necesario constituir desde el primer momento provisiones, ha flexibilizado también la forma de contabilizar los créditos dudosos permitiendo, por ejemplo, que se hable de renovaciones y renegociaciones de las operaciones de crédito en lugar de refinanciaciones y reestructuraciones.
¿Permitirán este conjunto de medidas mantener abiertos los flujos de financiación en la eurozona? La respuesta, muy al gusto de los economistas, es “depende” del tiempo que tardemos en dejar atrás la etapa de crisis generada por el coronavirus. Baste señalar, por poner un ejemplo, que si la salida se retrasa y el PIB cayera en 2020 un 10% en todos los países de la eurozona estos tendrían que emitir deuda por un importe cercano a los dos billones de euros, más del doble del volumen de compras de bonos que se ha comprometido a realizar el BCE con la ampliación de los programas ya existentes y la puesta en marcha del PEPP. Parece claro pues que, llegado el caso, será necesario volver a repetir el “whatever it takes” aunque ello suponga tomar medidas todavía más heterodoxas que las actuales.
