Por Sara Torregrosa Hetland, Universidad de Lund (departamento de Historia Económica). Esta entrada es un resumen del artículo publicado por la autora con el título “Inequality in tax evasion: the case of the Spanish income tax”, en la revista Applied Economic Analysis, 28(83), pp. 89-109. https://doi.org/10.1108/AEA-01-2020-0007.

El fraude fiscal es un tema que aparece a menudo en los medios. Está cada vez más presente en la investigación académica, y tampoco falta en las conversaciones cotidianas. En España, además, nos viene de lejos. Durante la transición a la democracia el fraude se solía considerar uno de los grandes problemas de nuestro sistema fiscal, que para muchos iba de mano en mano con la inequidad del sistema tributario. Así lo planteaba, por ejemplo, Francisco Fernández Ordóñez, el ministro que introdujo nuestro moderno IRPF en 1978.

Los efectos del fraude son diversos. No sólo puede afectar negativamente a la igualdad fiscal, si está asociado a niveles de renta más altos (como mostraremos aquí). Impacta también sobre la disponibilidad de recursos públicos (y, por tanto, sobre el gasto). Y finalmente, afecta a nuestro conocimiento sobre los niveles de desigualdad, ya que los datos fiscales suelen ser una fuente fundamental de información sobre la distribución de la renta. Se utilizan por sí mismos, o para corregir estimaciones realizadas a partir de encuestas de hogares, en el presente y en el pasado. Para ello debe debe prestarse atención también a sus propias deficiencias, una de las cuales es, precisamente, el fraude.

Presento aquí un estudio sobre el fraude fiscal en el IRPF español, para los años 2001-2004, publicado recientemente en Applied Economic Analysis (Inequality in tax evasion: the case of the Spanish income tax). Dicho estudio es una extensión en el tiempo de algunos aspectos de mi tesis doctoral, que analizaba la reforma fiscal de la transición desde el punto de vista distributivo (1960-90).

Para quienes quieran los resultados: el fraude fiscal era alto. Y lo era sobre todo en las rentas del capital, más fáciles de ocultar, de las cuales se declaraba en torno al 50-60% de su valor real. Esto implica que el impuesto redistribuía menos de lo “esperado”, y que la desigualdad era mayor de lo que parece. Asimismo, el fraude total detectado implica un tax gap (recaudación perdida) de cerca de un 1% del PIB.

¿Cómo se llega a estas estimaciones? Mi artículo se basa en la metodología propuesta hace algunos años por Feldman y Slemrod (2007), los primeros en estimar el fraude por tipos de renta utilizando declaraciones fiscales. Su aproximación es útil para periodos o países en que no se cuenta con programas de inspección aleatoria (o acceso a dichos datos). Se trata de contrastar la composición de la renta declarada por los contribuyentes con la magnitud de las donaciones realizadas por éstos. La idea es que el porcentaje de los ingresos que se dona a causas altruistas debería depender del nivel de renta, pero no debería verse afectado por su origen (controlando por toda una serie de características personales). Con este método, Feldman y Slemrod estimaron que las rentas del auto-empleo no agrario se declaraban en torno a un 65% de su valor real, mientras que el cumplimiento era notablemente inferior en el autoempleo agrario y el capital (Estados Unidos, datos de 1999). Este tipo de aproximación, que ha sido utilizada posteriormente para muchos otros casos, proporciona estimaciones siempre relativas al comportamiento del trabajo dependiente, considerado la fuente de renta más fiable.

En España, Domínguez et al. (2015, 2017) aplicaron el método Feldman-Slemrod a los microdatos del IRPF de 2005-08. Sus resultados arrojan un cumplimiento de entre el 40 y el 55% para las rentas del autoempleo y el capital. En mi trabajo doy una vuelta de tuerca más, pretendiendo establecer los impactos distributivos del fraude. ¿Cómo se traduce el comportamiento diferente de las rentas del trabajo y del capital en niveles de cumplimiento distintos a lo largo de la distribución? ¿Cómo afecta el fraude a la progresividad del IRPF? ¿Y a la medición de la desigualdad?

Mi artículo desarrolla el método Feldman-Slemrod en dos aspectos. En primer lugar, realizo una estimación en dos etapas para intentar corregir el sesgo de selección (en España el porcentaje de contribuyentes que realiza donaciones es bastante bajo, desde luego más que en Estados Unidos, el contexto del trabajo original). En segundo lugar, introduzco una interacción para explorar si hay diferencias de cumplimiento por niveles de renta, dentro de cada tipo (es decir, si los declarantes con más ingresos declaran peor sus rentas del capital que los de menos ingresos). Para más detalles metodológicos, emplazamos al lector a la versión publicada.

Los resultados muestran que el fraude en las rentas del capital era muy elevado, especialmente en las rentas del capital y en la parte superior de la distribución de la renta. Según mi estimación, el diez por ciento de los contribuyentes más acomodados sólo declaraba en torno al 50-65% de sus rentas del capital. Para los mismos, el cumplimiento en el auto-empleo se situaba cerca del 80% en 2001 (estimación directa), mientras que en otros años el modelo no permite distinguirlo estadísticamente del trabajo dependiente.

Por ello, y especialmente dada la concentración de las rentas del capital en la parte alta de la distribución, el fraude tenía un impacto regresivo. Los “ricos” evadían más, haciendo el impuesto menos progresivo y redistributivo de lo que hubiera sido con pleno cumplimiento. Por ejemplo, el fraude reducía el impacto redistributivo del IRPF en un 33% en el año 2001.[1] Asimismo, suponía que el uno por ciento con mayores ingresos pagaba un tipo efectivo del 27%, en lugar del 34% que parece usando sus rentas declaradas como referencia. Sin fraude, estos contribuyentes hubieran debido pagar, de hecho, un 37%. Para la decila superior en su conjunto, estos tipos son respectivamente del 21% (real), 24% (aparente) y 26% (sin fraude).

Naturalmente, la recaudación también se veía afectada. El tax gap estimado es de cerca de un 1% del PIB (se trata de un lower bound, puesto que no se incluyen en el cálculo el País Vasco ni Navarra por falta de datos). Teniendo en cuenta que nuestro impuesto sobre la renta ha venido en los últimos veinte años recaudando cerca de un 7% del PIB, este “hueco” es muy significativo, y cerraría nuestra diferencia con la media de la OCDE, aunque solo una parte de la distancia de tres puntos que nos separa de otros países de Europa occidental.[2]

La desigualdad es más elevada de lo que aparece en los datos fiscales. Siguiendo mis estimaciones, la participación de las rentas altas en el total durante 2001-04 debería corregirse en 2-3,5 puntos porcentuales, los índices de Gini (de la renta después de impuestos) en un 4-5%. Sesgos similares, de diferentes magnitudes, podrían existir en otros países y periodos históricos. Reconocerlos, y afrontarlos, nos ayudaría a medir y analizar mejor la desigualdad.[3]

Terminemos con una nota histórica. La comparación con estimaciones sobre periodos anteriores sugiere una mejora. En 1988, la Comisión para el Estudio del Fraude en el IRPF presentaba unos porcentajes de cumplimiento para rentas no laborales de entre el 22 y el 30%, y un cumplimiento total del 43 al 55%, ambos crecientes durante el periodo 1979-1986. Esteller (2011), por su parte, obtenía un tax gap del 20% durante 1993-2001 (calculado en términos de cuota, no de base imponible). Dicha evolución, sin embargo, no debe dar lugar a la complacencia, dado que siguen siendo cifras abultadas y de efectos profundamente inequitativos. Que las rentas del capital se oculten más que las del trabajo no solo supone un importante agujero para nuestras cuentas públicas, sino que también afecta a la legitimidad del sistema impositivo. La permisividad con estos comportamientos supone la otra cara de la moneda de las tendencias a la dualización del IRPF, representando nuestra renuncia social de facto a la imposición sobre la renta global – un ideal muy del siglo XX.

Referencias:

Alstadsæter, A., Johannesen, N. and Zucman, G. (2019), “Tax evasion and inequality”, American Economic Review, Vol. 109 No. 6, pp. 2073-2103.

Domínguez-Barrero, F., López-Laborda, J. and Rodrigo-Sauco, F. (2015), “El hueco que deja el diablo: una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios”, Revista de Economía Aplicada, Vol. 23 No. 68, pp. 81-102.

Domínguez-Barrero, F., López-Laborda, J. and Rodrigo-Sauco, F. (2017), “Tax evasion in Spanish personal income tax by income sources, 2005-2008: from the synthetic to the dual tax”, European Journal of Law and Economics, Vol. 44 No. 1, pp. 47-65.

Esteller, A. (2011), “Is the tax administration just a money machine? Empirical evidence on redistributive politics”, Economics of Governance, Vol. 12 No. 3, pp. 275-299.

Feldman, N.E. and Slemrod, J. (2007), “Estimating tax noncompliance with evidence from unaudited tax returns”, The Economic Journal, Vol. 117 No. 518, pp. 327-352.

[1] Para simplificar, la tabla 2 muestra solo estos resultados para el año 2001; una versión completa está disponible en el artículo. En general, y como es de esperar de lo mostrado en la tabla 1, los impactos estimados son menores para 2002-04 (donde los modelos arrojaron más variables no significativas).

[2] Durante el periodo 2000-2018, en la OCDE el impuesto sobre la renta ha representado de media un 8,1% del PIB; un 10,2% en la UE-14. Fuente: OECD Statistics.

[3] Mis resultados son consistentes con los de Alstadsaeter et al. (2019), que muestran cómo la ocultación offshore de riqueza está concentrada en la parte alta de la distribución de la misma, y que las participaciones del top en la riqueza se incrementan notablemente al incluir la fracción oculta.

[Otra versión de esta entrada ha sido publicado en Nada es Gratis en junio de 2020]

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