Por Marian Scheifler, Socia directora de SIfdi.


España recibió 23.824 millones de euros de inversión productiva bruta en 2020, manteniendo prácticamente (-0,8%) las cifras respecto al año precedente. Es destacable que, a pesar de un año especialmente anómalo, con el contexto mundial más desfavorable desde que existen datos relativos a inversión extranjera, España haya tenido un desempeño similar al que registran los flujos medios de inversión en la década pasada (25.434 millones). Las posteriores revisiones derivadas de los retrasos en la presentación de notificaciones elevarán probablemente, como viene siendo habitual, la cifra apuntada por el Registro de Inversiones Exteriores (RIE) esta semana.

Estas cifras de inversión bruta productiva se han acompañado del buen comportamiento de las inversiones ETVE, sociedades instrumentales con objetivo de optimización fiscal, que se duplicaron en 2020, hasta 5.047 millones, valor aún algo inferior a la media registrada la década precedente, así como de un significativo ascenso de las desinversiones (69,7%) respecto a 2019, hasta 10.940 millones, valor superior a la media de la década, que sitúan la IED neta un 26,6% por debajo de la registrada en 2019. Ambos tipos de movimientos indican una dinámica de toma de posiciones corporativas en el contexto incierto sobre la recomposición de la producción internacional y flujos de capitales asociados, a los que habrá que prestar atención en los próximos trimestres y analizar con perspectiva ampliada.

La distribución regional de los flujos de IED en España en 2020 afianzan el efecto sede de la región madrileña, que absorbe el 75,2% del total, en línea con otras ciudades capitales europeas. La mayor presencia de operaciones de adquisición -43,1%, casi 10 puntos por encima de la media de la década- en el conjunto de flujos de IED y las tomas de participación sobre activos españoles, la mayoría ubicados en Madrid, ha ampliado este efecto de concentración, variable cada año según el tamaño de las operaciones. En un año especialmente anómalo, únicamente Extremadura, Murcia y País Vasco, además de Madrid, mejoran sus registros respecto a 2019, gracias a operaciones puntuales significativas.

Figura 1. Evolución de la IED productiva bruta y neta en España, Millones de €, No-ETVE

Registro de Inversiones, marzo de 2021
Fuente: Registro de Inversiones, marzo de 2021

La UNCTAD ya había adelantado, en Enero de este año, la singularidad de España en el negativo contexto internacional respecto a los flujos de IED durante 2020. Según el organismo de Naciones Unidas, mientras la UE27 habría registrado el pasado año un descenso de la inversión extranjera del 71%, España habría conseguido un crecimiento que el organismo multilateral cifraba en 52%, gracias, fundamentalmente, a varias adquisiciones, entre las que se citaban la de MásMóvil por parte de un grupo de fondos de Private Equity de Estados Unidos y Reino Unido, y la compra de BME por la bolsa suiza SIX Group.

Las perspectivas avanzadas para 2021 siguen apostando por una debilidad en los flujos de inversión internacional, con una reducción adicional estimada entre el 5 y el 10%. La desigual recuperación esperada en términos de crecimiento, formación de capital fijo y comercio internacional, la incertidumbre asociada al nuevo mapa de la producción global y el entorno de las políticas de inversión pueden seguir afectando a las dinámicas de inversión, que parece recuperarán mayor brío a partir de 2022. La UNCTAD señala igualmente que esta debilidad afectará fundamentalmente a los proyectos greenfield, mientras que los proyectos de fusiones y adquisiciones (M&A) transfronterizos seguirán una dinámica de mayor crecimiento, fundamentalmente aquellos referidos a los sectores tecnológico y salud.

Siguiendo este escenario, en España, y según Fdi Markets, la fuente privada de referencia del grupo FT, los proyectos greenfield notificados se redujeron en 2020 un 35,6% respecto a 2019, hasta un total de 540, que aportaron $13.186 millones de inversión y 63.444 empleos. Se rompe así una serie creciente en el último quinquenio, retrotrayendo las cifras de nuevos proyectos a las de 2016, que ha estado acompañada no solo por el crecimiento en el número de proyectos, sino también por el aumento de su tamaño, tanto en volumen de inversión generada como en empleo asociado.

El marco normativo de contexto de la IED también ha sufrido modificaciones importantes en 2020. España se protegió en Marzo del pasado año contra los inversores oportunistas extracomunitarios, suspendiendo el régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras, suspensión que se ha extendido, por el momento, hasta el 30 de Junio de 2021, y también geográficamente, ya que se aplica también a las inversiones sobre empresas cotizadas -o no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros- realizadas por residentes de otros países de la UE y de la EFTA.

Más allá de estas restricciones normativas, similares a las instrumentadas por otros países desarrollados, lo cierto es que bajo el nuevo marco, el Consejo de Ministros, órgano competente para su aprobación, ratificó entre Febrero y Diciembre de 2020, 12 operaciones de inversión (5 europeas, 4 asiáticas y 3 estadounidenses) de sectores energético, defensa, tecnología, telecomunicaciones o automoción. Durante 2021 se van a seguir produciendo inversiones asociadas a este régimen de control previo al menos hasta mitad de año, seguramente algunas muy significativas -entre otras, el Gobierno tiene encima de la mesa la operación del grupo australiano IFM sobre Naturgy-, dado el atractivo de empresas y grupos españoles para el capital internacional.

A tenor de las cifras de adquisiciones de 2020, y de su impacto en los volúmenes globales de inversión (el máximo de la década lo marcó la operación de Abertis en 2018, que elevó este componente a más del 60% de la inversión extranjera) , no parece que la suspensión del régimen actualmente en vigor haya afectado a la dinámica inversora, -en todo caso, ha originado retrasos en las aprobaciones y ejecuciones-, más aún cuando el marco regulatorio sobre la IED es similar , o incluso más restrictivo, tanto en los países europeos como en todo el mundo.

Los proyectos de fusiones y adquisiciones transfronterizos van a seguir con un dinamismo creciente, sobre todo en los sectores tecnológico, salud o energético. La cuestión es si los mermados proyectos greenfield, fuente de nuevo empleo, tractores de la inversión local y con efectos multiplicadores más directos que los producidos por operaciones M&A, seguirán asomando por el horizonte de las regiones y ciudades españolas y apalancándose en las ventajas competitivas que las distinguen. Y, en consecuencia, la cuestión adicional es qué puede hacer el sector público que tiene competencias en la promoción de IED, para ganar cuota de un pastel que parece reducirse.

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