La OCDE acaba de publicar el OECD Economic Surveys Spain 2021, con un prolongado desfase de tres años con respecto al anterior informe sobre nuestra economía. En dicho texto, como es habitual en este tipo de trabajos de la OCDE, se analiza en profundidad la situación actual y las perspectivas a corto plazo de la economía española y se enuncian una serie de recomendaciones de política económica en relación con las reformas estructurales necesarias para nuestra economía (se puede consultar el contenido íntegro del informe aquí).

En el informe resulta particularmente interesante la nítida descripción de las importantes deficiencias de nuestro mercado de trabajo y las recomendaciones realizadas. En este sentido, se destaca cómo abordar los problemas estructurales en el mercado laboral puede ayudar a reducir otros aspectos problemáticos de nuestra economía, como la desigualdad (que ya era alta antes de la pandemia del COVID-19 y se ha intensificado con la misma) y los importantes desafíos fiscales que se plantean a medio plazo y la consecuente, incidiendo en la necesidad de crear empleo de calidad mediante una combinación de mejora de las competencias de los trabajadores, apoyo a los demandantes de empleo y reducción de la proporción de contratos temporales.

Así, en el terreno laboral el informe comienza destacando cómo en el contexto de la intensa crisis económica asociada a la pandemia el novedoso uso de forma extensiva por primera vez en nuestro país de los programas de reducción temporal de empleo ha permitido limitar notablemente el ascenso del desempleo. Aun así, la magnitud del deterioro laboral y su desigual impacto sectorial traen consigo la necesidad de una correcta reasignación de trabajadores entre empresas y sectores, para lo que unas políticas activas de empleo eficientes son indudablemente un elemento clave. Sin embargo, como es sobradamente conocido, existe un muy amplio margen de mejora en las mismas, caracterizadas por, entre otras circunstancias, un gasto por desempleado que es reducido en comparación con otros países, un reducido peso relativo de los gastos en formación de los desempleados y la falta de una suficiente evaluación de su efectividad. Todo ello se traduce en una reducida eficiencia de los servicios públicos de empleo, con programas de activación de los desempleados poco eficaces en lo que respecta al apoyo y la formación individualizados, y un bajo grado de confianza de los desempleados que se refleja en el hecho de que la  proporción de solicitantes de empleo en contacto regular con el servicio público de empleo está entre las más bajas de la OCDE (Gráfico 1). En consecuencia, con el fin de mejorar y modernizar las políticas activas de empleo y aumentar su eficiencia, la OCDE recomienda el uso de herramientas de perfilado, ya relativamente habituales en otros países avanzados, que permitan determinar las necesidades individuales específicas de los desempleados, adaptar las actuaciones a las necesidades individuales de los solicitantes de empleo, adoptar intervenciones más tempranas y priorizar a aquellos desempleados que están en mayor riesgo de convertirse en desempleados de larga duración, así como mejorar los procesos de evaluación de la efectividad de las políticas, lo que requiere una intensa mejora en la recolección y digitalización de la información.

Gráfico 1.

Porcentaje de demandantes de empleo en contacto con las oficinas públicas de empleo. OCDE Economic Surveys Spain 2021.

 

Una segunda dimensión del mercado de trabajo que recibe una atención preferente en el informe es la significativa relevancia que cobra en nuestro país el empleo no estándar, relacionado con tasas elevadas de pobreza laboral, por encima del 20%, en todas sus modalidades. Así, en relación con el autoempleo comienza destacándose cómo una proporción elevada de los autoempleados, una cuarta parte, lo es por necesidad debido a la falta de alternativas laborales, para destacar a continuación la necesidad de combatir el fenómeno de los falsos autónomos facilitando, entre otras circunstancias, los procedimientos que permitan a los trabajadores denunciar y modificar su estatus laboral. En el caso del empleo temporal, por su parte, se destaca la necesidad de reducirlo ya que, más allá de la flexibilidad que proporcionan los contratos temporales favoreciendo fuertes aumentos de empleo en las fases expansivas, se trata de un fenómeno con múltiples implicaciones negativas en términos de productividad, desigualdad o pobreza laboral. Esta circunstancia resulta agravada por el hecho de que en España la temporalidad se caracteriza, además, por la elevada presencia de contratos de muy corta duración, una elevada incidencia de la misma en colectivos vulnerables, como los jóvenes o los individuos con baja cualificación, y la muy baja probabilidad de pasar de un empleo temporal a uno indefinido (Gráfico 2). Por ello, en este terreno se recomiendan numerosas actuaciones con el fin de reducir la complejidad regulatoria y facilitar la detección de las situaciones de abuso de la temporalidad. Entre ellas se encuentra la simplificación del amplio menú de contratos existentes en la actualidad; la clarificación de las condiciones relacionadas con la causalidad de los contratos temporales; la reducción del uso abusivo de los contratos temporales, mediante la intensificación de los recursos dedicados a la inspección laboral y/o la internalización para las empresas de los costes del uso de contratos temporales; la focalización de los actuales incentivos a la contratación, cuyos efectos son modestos y temporales, en grupos vulnerables específicos, de forma vinculada a programas de formación y limitados en el tiempo; la reforma del sistema de contratación con el fin de reducir las restricciones y la incertidumbre asociada a los despidos de carácter improcedente, así como la posibilidad de considerar la introducción de un contrato único de carácter indefinido con indemnizaciones crecientes con la antigüedad.

Gráfico 2.

Transición anual de empleados con contrato temporal a contrato indefinido.  OCDE Economic Surveys Spain 2021.

El informe incide también en aspectos adicionales del mercado de trabajo. En primer lugar, se remarca la conveniencia de mantener los niveles actuales de flexibilidad del mercado laboral, con el fin de permitir a las empresas adaptarse adecuadamente a las cambiantes condiciones económicas, para lo que se sugiere que no se modifique la actual prioridad de los convenios colectivos de empresa en detrimento de los sectoriales y regionales. En segundo lugar, en relación con el salario mínimo, se destaca la necesidad de completar las evaluaciones parciales sobre los efectos de los importantes incrementos experimentados por el Salario Mínimo Interprofesional en los últimos años ante los riesgos que potencialmente podría haber supuesto para los grupos vulnerables la aplicación poco gradual de dichos incrementos, así como el análisis de la conveniencia de mantener los incrementos futuros en consonancia con la evolución de las condiciones del mercado laboral y la productividad, para lo que se sugiere la creación de una comisión permanente independiente que evalúe periódicamente los cambios en el salario mínimo, a imagen y semejanza de las existentes en países como Alemania o Reino Unido. Asimismo, se hace particular hincapié en la necesidad de potenciar el empleo femenino, destacando la presencia de una importante brecha en las tasas de empleo por género, para cuya reducción se recomiendan actuaciones encaminadas a incidir en la la desigual distribución de las responsabilidades familiares y en los reducidos recursos públicos que en España se dedican a facilitar el cuidado de los hijos menores de 3 años. Finalmente, en el terreno de la formación de los trabajadores se destaca, en primer lugar, la necesidad de ofrecer formación dirigida específicamente a las personas con menores competencias digitales; en segundo lugar, se señala que en muchas ocasiones las necesidades de formación no están bien identificadas de manera que la formación no llega a los trabajadores que más la necesitan, principalmente los que tienen una escasa cualificación y los trabajadores mayores y, en tercer lugar, se incide en la conveniencia de que los trabajadores acogidos a programas de reducción temporal de empleo hagan un uso eficaz de su prioridad en materia de formación.

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