El viernes 10 de marzo de 2023 el Departamento de Protección Financiera de California intervino el Silicon Valley Bank (SVB), suspendió su cotización en el mercado bursátil y nombró a la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) receptor de la entidad. Como ha hecho centenares de veces con anterioridad, el citado organismo, que se financia formalmente con las aportaciones de los propios bancos, anunció la inmediata creación de un banco puente que permitiría a los depositantes acceder a sus cuentas hasta el límite asegurado (250.000 dólares por depositante) el lunes por la mañana a más tardar. Avanzó también el próximo pago de un anticipo a cuenta por el resto a aquellos cuyo saldo superara dicha cifra y su predisposición a realizar nuevos pagos en el futuro con los ingresos que generara la venta de los activos del banco californiano.
El domingo 12 de marzo empezaron las sorpresas. Invocando la llamada “systematic risk exception” las autoridades estadounidenses tomaron dos medidas ciertamente relevantes e “innovadoras”. La primera de ellas, nunca antes aplicada a una entidad en proceso de liquidación, fue garantizar la totalidad de los depósitos del SVB, evitando así que incurrieran en pérdidas las empresas tecnológicas que todavía no habían huido del banco californiano. Intuyendo que otras entidades con una estructura del pasivo similar podrían sufrir también retiradas masivas de depósitos, anunciaron la creación de una nueva línea de préstamos a un año al sector bancario que, a diferencia de la ya existente en la actualidad en el seno de la FED, aceptaría como colateral de los mismos la cartera de bonos en poder de las entidades valorada por su nominal en lugar de por su precio de mercado.
La semana siguiente las dudas afectaron al Credit Suisse, uno de los grandes bancos (727.000 millones de francos suizos de balance, casi tanto como el PIB de Suiza) del otro lado del Atlántico, que en los últimos años había acumulado problemas de todo tipo. Como en el caso americano, las autoridades suizas optaron en un primer momento por actuar “as usual” limitándose a emitir a última hora del miércoles 15 un comunicado señalando la solvencia de la banca helvética en general y el préstamo al Credit Suisse de 50.000 millones de euros para reforzar sus niveles de liquidez. Constatado que la medida no logró parar ni el desplome en la bolsa ni la fuga de depósitos no tuvieron más remedio que buscar otras soluciones, siendo la venta (con ayudas públicas y la concesión de un esquema de protección de activos al comprador) a la Unión de Bancos Suizos (UBS) la finalmente adoptada. Al igual de nuevo que las estadounidenses decidieron también “innovar”, alterando en su caso el orden de prelación en la asunción de pérdidas, que pasó a estar liderado por los tenedores de bonos AT1 (Additional Tier 1) en lugar de por los accionistas de la entidad. Gracias a este cambio, estos últimos recuperaron una parte de su inversión mientras los primeros vieron esfumarse la totalidad de su inversión.
Enfrentadas una vez más al dilema –incentivar la toma de riesgos o preservar la estabilidad financiera– las autoridades, estadounidenses y suizas, muy influenciadas seguramente por el caso Lehman, han optado por lo segundo. En el caso de los Estados Unidos lo han hecho además en esta ocasión sin utilizar, al menos formalmente, fondos de los contribuyentes. Las medidas tomadas agravan, sin embargo, bien sea porque se ha creado una entidad aún mas más grande, bien porque se ha rebajado el listón para ser considerada como tal, la problemática del too big to fail.
En ambos casos los organismos supervisores han acusado a los gestores de las entidades de las quiebras respectivas. En la medida que sus problemas (crecimiento excesivo, estructura del balance descompensada, elevado riesgo de tipos de interés, prácticas fraudulentas, etc.) eran sobradamente conocidos y habían sido comunicados a las entidades no parece descabellado concluir que el retraso en su solución refleja la existencia de una captura del regulador; captura que la estructura de los citados organismos supervisores puede llegar a acentuar. Recuérdese en este sentido, por poner un ejemplo, que en los Estados Unidos los bancos privados están representados en los organismos supervisores, siendo para más inri el CEO de SVB, Greg Becker, miembro del Consejo de la Reserva Federal de San Francisco.
Sabemos también que a raíz de las dos crisis los legisladores, tras afear a los supervisores su fracaso, impulsarán introducir cambios en la gobernanza y la regulación de las entidades bancarias. Exigirles la devolución de los sueldos y/o bonus recibidos en el ejercicio de su actividad, imponerles sanciones si se demuestra que han cometido prácticas fraudulentas y prohibirles volver a ejercer en el sector son algunas de las medidas que se anuncian se van tomar en los Estados Unidos para mejorar la rendición de cuentas de los altos directivos bancarios. Por lo que respecta a la regulación, y siguiendo en los Estados Unidos, se exigirá a los bancos medianos (aquellos cuyo balance no sobrepasa los 250.000 millones de dólares) que vuelvan a cumplir los requisitos en materia de liquidez y supervisión (test de estrés anual) que se impusieron a los bancos estadounidenses tras el estallido de la crisis financiera, y de los que, con su presión, consiguieron al cabo de un tiempo quedar exentos.
Los casos del SVB y del Credit Suisse han puesto asimismo de manifiesto que la tecnología facilita la fuga de depósitos y reduce por consiguiente el margen de tiempo de que disponen las autoridades para evitar que una entidad en dificultades, en una especie de profecía autocumplida, acabe siendo insolvente. Sobre el papel, que lo aguanta todo, el cierre temporal de la entidad (rememorando las famosas bank holydays decretadas por el presidente Roosevelt a principios de 1933) o suspender de forma transitoria el acceso a las cuentas bancarias serían dos de las medidas que se han propuesto para permitir ganar tiempo para encontrar un potencial comprador u otra solución razonable. Está por ver qué pasaría si se aplicaran en la actualidad.
Sacar a los depositantes de la ecuación sería otra medida alternativa que permitiría a las autoridades ganar tiempo en la busca de soluciones. Es verdad, como señalan sus defensores, que esto –proteger a la totalidad de los depositantes– es lo que vienen haciendo los gobiernos en todo el mundo si intuyen que la quiebra de un banco puede generar un pánico bancario. Lo es también que no tiene ningún sentido pedirle al “depositante tipo” que discipline con su conducta la de las entidades bancarias, ya que no dispone ni de la información ni de la formación suficiente para poder llevar a cabo esa tarea. Elevar a categoría lo hecho en el caso del SVB, se responde, supondría cambiar el sistema de incentivos que ha regido el funcionamiento de la banca minorista desde hace un siglo, esto es, que el resto de depositantes, dado su distinto perfil, deberían gestionar sus cuentas bancarias de forma prudente y profesional, complementando así, en su propio interés, la vigilancia que por el mismo motivo ejercen accionistas y bonistas.
Una alternativa menos radical sería cambiar el tratamiento aplicado a los depósitos que las empresas –grandes y pequeñas– mantienen en los bancos para llevar a cabo su actividad cotidiana. En lugar de imponerles quitas como al resto, lo que habría que hacer, argumentan los partidarios de la medida, es incrementar el grado de protección de estos depósitos elevando las primas que pagan los bancos (y en última instancia los clientes) por su aseguramiento o exigiendo como alternativa a las entidades que mantengan mayores niveles de liquidez y de pasivos susceptibles de asumir pérdidas distintos a los depósitos no asegurados.
Las declaraciones, posteriormente matizadas, de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmando que no descartaba volver a hacer lo mismo (garantizar la totalidad de los depósitos) en otros casos y la presentación en el Congreso de los Estados Unidos de propuestas en esa línea, ha llevado a los depositantes de ese país a asumir que sus ahorros estarán a partir de ahora protegidos en su totalidad. A la espera de ver si esto acaba siendo así, es evidente que a las autoridades estadounidenses les va a resultar más complejo gestionar la próxima crisis, más aún si deciden revertir lo hecho en el caso del SVB. No en vano, el volumen de depósitos no asegurados que mantienen los grandes bancos estadounidenses a finales de 2022 asciende a unos 8 billones de dólares, y esta es pues la cifra que los depositantes pueden intentar movilizar si consideran que pueden experimentar pérdidas.
Mayores niveles de protección y, por consiguiente, de supervisión y regulación parece que van a ser pues los vectores que van a enmarcar la actividad de los bancos en los próximos años; años en los que no van a faltar propuestas de reforma de su diseño y funcionamiento.
