La pandemia ha infligido un daño considerable a la industria española, superior al esperado en marzo de 2020, dada su menor exposición directa a las medidas de confinamiento. Ello se ha debido al gran impacto indirecto recibido de la caída de las compras de las empresas de los sectores de servicios y de las familias, de la intensa reducción de las exportaciones, a las que destina el 40% de su producción, y del colapso de la inversión en vivienda y en bienes de equipo.

El segundo trimestre del año, que coincidió prácticamente con el período de confinamiento del conjunto de la población española,  fue el más recesivo, con gran diferencia, registrando una disminución del VAB nada menos que de un 27,2% en términos anuales, superior a la del conjunto de la economía. Las exportaciones se hundieron en ese período un 36,7%, la demanda de bienes de consumo duradero un 32,6%, la de inversión en maquinaria, bienes de equipo y armamento, en un 32,6% y la inversión en material de transporte en un 51,7%. El mes de abril, con un cierre total de las actividades no esenciales durante sus primeros nueve días, anotó los máximos recesivos, como bien refleja la evolución del Índice de Producción Industrial de ese mes, siendo las manufacturas más afectadas las de bienes de equipo y las de bienes de consumo duradero, en particular, entre estas últimas, las más sensibles a las actividades presenciales de la población (automóviles y prendas de vestir).

Ya en el tercer trimestre del año, la tónica recesiva se moderó sustancialmente, anotándose una reducción del VAB con respecto al año anterior de sólo un 4,9%, que suponía una apreciable remontada de la actividad industrial, fruto de una paulatina normalización de las demandas ya anteriormente mencionadas. El cuarto trimestre  parece haber seguido una tónica similar, incluso más positiva, al menos durante octubre y noviembre, meses para los que ya conocemos el dato del Índice de Producción Industrial.

En el escenario más probable de los definidos recientemente por el Banco de España, el PIB habrá disminuido en España un 11,1% durante 2020, tomando como referencia el año anterior, un porcentaje sólo algunas décimas superior al que puede pronosticarse hoy para la caída del producto industrial (un 10,7%). Sin embargo, la evolución de éste durante la segunda parte del año 2020 ha sido más positiva que la del PIB nacional. De la misma manera, el nuevo ejercicio que empieza ahora ofrece perspectivas mejores para la industria que para el conjunto de la economía.

Pero aun suponiendo un escenario optimista de recuperación de la actividad industrial para  2021, con un aumento del VAB manufacturero en torno al 8%, al finalizar el año, España seguiría lejos del nivel de producción que había alcanzado antes de la Gran Recesión (ver Gráfico adjunto), y desde luego generaría un menor volumen de empleo. A diferencia del PIB español, que recuperó nueve años después, en 2017,  la cifra alcanzada antes de la crisis financiera, el VAB de la industria manufacturera era aún en 2019 un 5,4% inferior al de 2008. Aún se encontraba más lejos del alcanzado entonces el volumen de empleo (23% inferior, es decir, 600 mil trabajadores menos)

La importante recuperación de la industria española desde junio de 2020 es un reflejo de su elevada capacidad competitiva, que le ha permitido ir normalizando paulatinamente su nivel de exportaciones. Sin embargo, no ha evitado que pierda peso en la producción industrial comunitaria, debido a que los principales líderes europeos han sufrido menos con la pandemia. Es la segunda vez que esto ocurre durante el siglo actual. La primera fue durante la Gran Recesión.

A nadie puede escapar pues que revertir la evolución descrita y además lograr aumentar el peso de la industria en el PIB, es decir avanzar en la reindustrialización de España, es un reto de una formidable envergadura. Sólo puede afrontarse con ciertas garantías de éxito mediante la instrumentación de una ambiciosa y efectiva política industrial, ya reclamada, por lo demás, desde diferentes instancias políticas y económicas, antes de la aparición de la pandemia. Y no sólo, ni principalmente, en España. En 2019, Francia Y Alemania firmaron un Manifiesto reivindicando un mayor protagonismo en la actividad industrial del Estado, relegado a un papel pasivo durante las cuatro últimas décadas.

Se abre pues una oportunidad para dar un giro radical a la política industrial en España, no sólo porque los demás países europeos lo harán, liderados con gran empuje por Alemania, brindado proyectos comunes a los que incorporarse, y buenas orientaciones que seguir (no se olvide que España cuenta con una importante presencia de multinacionales europeas en su territorio), sino también porque España va a recibir una ayuda de gran cuantía del fondo Next Generation EU para poder hacerlo, compensando la precariedad de su presupuesto público.

Por otra parte, no cabe albergar dudas acerca de los importantes réditos que se derivan de un firme apoyo a los sectores industriales. Por encima de otros posibles y más discutibles beneficios que a menudo se citan, como la introducción de nuevos modelos de gestión, o una cualificación de la mano de obra superior, destaca su gran importancia en la exportación (en España suponen casi el 60% del total), en la que, no obstante, probablemente tenderán a perder peso en los próximos años, debido a la rápida internacionalización de los servicios, los digitales en particular,  y sobre todo, el hecho de que ejecutan un elevado porcentaje del gasto empresarial en innovación. En 2018, de las 100 primeras empresas del mundo, ordenadas según su esfuerzo tecnológico, 83 eran manufactureras, y su gasto representaba el 42% del total, de forma que puede muy bien decirse que no hay esfuerzo innovador donde no hay industria.

La reindustrialización de España debe perseguir tres objetivos fundamentales. En primer lugar, aumentar y diversificar el tejido industrial, avanzado hacia actividades más sofisticadas, donde no se compite en precios con los países de Europa del Este y otras economías emergentes.  Ha de contarse para ello con la ayuda de la inversión extranjera, para la que se ha  perdido algo de atractivo en los últimos años. En segundo lugar, aumentar la dimensión del mercado exterior para nuestros productos, penetrando más en los países más desarrollados, como los del Norte de América o Japón, pero también en Latinoamérica, aprovechando las ventajas que ofrecen los nuevos acuerdos de comercio de la UE. Y en tercer lugar, incrementar la productividad del trabajo, base de la competitividad de las empresas.

La política industrial tiene un gran espacio por cubrir, porque las acciones que deben de emprenderse para conseguir los objetivos citados generan grandes externalidades positivas, de forma que, sin la ayuda del Estado, los resultados que pueden obtenerse son mucho más limitados. El Estado y las administraciones regionales deben liderar la transición hacia modelos de movilidad sostenibles medioambientalmente, y gestionar la transformación de la producción energética. Deben además promover con determinación la transformación digital de las empresas, e impulsar el desarrollo de la economía de los datos y la Inteligencia Artificial. Así mismo, han de coordinar la cooperación entre los sectores y empresas que se agrupan en sistemas productivos locales, con el fin de aprovechar sus interdependencias y complementariedades. Finalmente, y sobre todo, deben hacer una puesta decisiva por la ciencia y la tecnología, la atracción del talento y la innovación tecnológica, logrando que España deje de ser ubicada en el pool de países “innovadores moderados” en el que actualmente  se encuentra. La política industrial para un país desarrollado como España es sobre todo política tecnológica.

Para abordar un programa semejante, las Administraciones Públicas han cambiar radicalmente la concepción acerca de su papel en la industria, dejando de considerarlo meramente pasivo y dependiente de las demandas de las empresas privadas, puesto que, en un país como España, con un marco tan estrecho de cooperación entre empresas, ello necesariamente conduce a una atención preferente a los lobbies y a las grandes compañías. Por otra parte, en consonancia con un papel más activo y de liderazgo, deben dotarse de más personal y menor equipado técnicamente, así como multiplicar los organismos de cooperación y de conexión público-privada especializados, imitando a algunos ya existentes que funcionan bien, el ICEX, el CDTI o ENISA, resucitando algunos de los muchos eliminados en los últimos años y creando otros nuevos. En este sentido, hay que dar la bienvenida a la eliminación reciente de las restricciones impuestas en 2015 para la creación de nuevas agencias públicas, ya que éstas son los instrumentos idóneos para intervenciones horizontales bien definidas. La concepción pasiva de la Administración Pública ha privatizado, en las grandes consultoras y en otras muchas más pequeñas, parte del trabajo de diagnóstico, prospectiva, estrategia y diseño de políticas que corresponde a una Administración de nuevo cuño, que quiere saber y entender de industria, e intervenir de forma decisiva en su desarrollo.

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