Por María Teresa Costa-Campi, Cátedra de Sostenibilidad Energética (UB-IEB) Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y Universidad de Barcelona (UB); Elisenda Jové-Llopis, Cátedra de Sostenibilidad Energética (UB-IEB) y Universidad de Barcelona (UB) y Elisa Trujillo-Baute, Universidad de Lleida y Cátedra de Sostenibilidad Energética (UB-IEB).


Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable y sostenible a los ciudadanos se considera el eje central de la transición energética. Sin embargo, el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética estima que más de 50 millones de hogares europeos no pueden permitirse servicios energéticos esenciales para garantizar un nivel de vida saludable, digna y de plena participación en la sociedad moderna. 

La pobreza energética es un problema generalizado en toda Europa si bien presenta una notable heterogeneidad entre los distintos países miembros. En concreto, en 2019, encabezaban el ranquin, con mayor número de hogares incapaces de mantener una temperatura adecuada, Bulgaria (30,1%), seguida de Lituania (26,7%), Chipre (21,0%), Portugal (18,9%), Grecia (17,9%) e Italia (11,1%). Por el contrario, los porcentajes más bajos (alrededor del 2%) se registraron en Finlandia, Austria, Suecia, Eslovenia, Luxemburgo, Estonia y Alemania (Figura 1). 

Dentro del contexto europeo, España no ocupa una posición favorable. Esta se posiciona como el undécimo país con mayor incidencia de hogares en situación de pobreza energética. Un 7,5% de la población española manifestó que no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno y el 6,5% tuvo retrasos en el pago de las facturas de los suministros de su vivienda. Ambas cifras fueron en 2019 ligeramente superiores a la media de la Unión Europea, que se ubicaron en 6,9% y 6,2% respectivamente.

La pobreza energética ha entrado de lleno en el panorama sociopolítico en los últimos años a partir de la última gran crisis financiera de 2008 y es muy probable que continúe presente, dada la actual crisis socioeconómica provocada por la Covid-19 y la reciente escalada del precio mayorista del gas y la electricidad.  

Si bien es cierto que los países de la Unión Europea avanzan hacia un mismo destino bajo el paraguas del paquete de medidas “Energía limpia para todos los europeos”, la lucha contra la pobreza energética a nivel político y social se encuentra en diferentes estadios de desarrollo dentro del marco europeo y refleja los distintos contextos institucionales y territoriales de cada país. Aunque la mayoría de los países reconocen la problemática de la pobreza energética y la necesidad de abordarla para garantizar una transición energética justa e inclusiva, no todos los Estados miembros definen ni miden esta realidad socioeconómica de manera similar y, por consiguiente, existe una gran variedad de políticas y medidas implementadas en los diferentes países europeos (Costa-Campi et al. 2020; Mastropietro et al. 2020). 

En términos generales, las actuaciones para abordar la pobreza energética pueden clasificarse según su efecto en las condiciones de renta, gasto o conductuales de los hogares (Figura 2). Las medidas de renta son intervenciones de carácter paliativo, a corto plazo, con el propósito de proporcionar alivio financiero a aquellos consumidores más vulnerables. En cambio, para lograr impactos de largo plazo se requiere una solución estructural al problema de carácter multidimensional que se oriente al gasto energético de la unidad familia2; dichas actuaciones pueden agruparse en medidas de eficiencia energética (rehabilitación térmica, los dispositivos eficientes y los certificados energéticos) y de energías renovables. Por último, las iniciativas conductuales persiguen modificar el comportamiento de los consumidores a partir de la promoción del debate sobre esta problemática, la concienciación social acerca buenos hábitos de consumo energético y el acceso a la información relevante para apoyar la toma de decisiones.

España, al igual que sus vecinos europeos, empieza a abordar la pobreza energética, si bien más tarde, a través de mecanismos paliativos de ingresos tratándose pues, de medidas a corto plazo, reactivas y encaminadas a proporcionar un alivio financiero entre los colectivos más vulnerables. En 2009 establece el bono social eléctrico que consiste en un descuento que se aplica directamente a la factura del consumidor, aunque no es diez años más tarde cuando se publica la primera Estrategia integral de lucha contra la pobreza energética. 

Sin duda, la aprobación de la Estrategia Nacional para la Pobreza Energética ha marcado un punto de inflexión en el panorama español. Por primera vez se establece una definición formal de esta problemática, se confirma el uso de cuatro indicadores oficiales para cuantificar su magnitud, se realizar una monitorización de su evolución, se definen los objetivos mínimos de reducción de aquí al año 2025 y, por último, se pone sobre la mesa un plan de ejecución basado en acciones a corto plazo como a medio y largo plazo para mitigarla (Tabla 1 y 2).

Las medidas de ingresos han supuesto un avance en el tratamiento de la pobreza energética, no obstante, el reto actual pasar por refinarlos y coordinar adecuadamente con medidas estructurales. Aunque la pobreza energética se asocia principalmente a la existencia de bajos ingresos en los hogares siempre ha sido vinculada al estado de conservación de los edificios. En esta línea, ganan terreno aquellos mecanismos orientados a reducir el gasto energético de los hogares a través de la eficiencia energética. A pesar de la relevancia de estos mecanismos, en España, a diferencia de otros países europeos –Reino Unido o Francia–, se observa una falta de medidas públicas en materia eficiencia energética específicas para personas identificadas en situación de vulnerabilidad energética. No es hasta mediados de 2020 cuando el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), de gestión descentralizada, introduce por primera vez un apoyo especial a colectivos vulnerables y afectados por la pobreza energética. 

En la actualidad comienzan a tomar fuerza las políticas de mejora de la eficiencia energética en los hogares y las políticas de carácter conductual para tener una menor dependencia de la energía. Frente una etapa de transición energética justa donde se busca la configuración de un sistema energético resiliente con menor impacto ambiental es necesario que cada vez más la atención a la pobreza energética se aborde desde la perspectiva de la prevención e incorpore soluciones de largo plazo.

Referencias:

Costa-Campi, M.T., Jové-Llopis, E., Trujillo-Baute, E. (2020) “Pobreza energética en Europa. Un análisis comparativo. ¿Qué hacen los países europeos para afrontar la pobreza energética?”. Edita Fundación Naturgy. 

Ministerio para la Transición Ecológica (2019). Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 2019-2024. https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-pobreza-energetica/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica_tcm30-502982.pdf

Ministerio para la Transición Ecológica (2020). Actualización de Indicadores de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/20201106_actualizaciondeindicadores2020_final__tcm30-516466.pdf

Mastropietro, P., Rodilla, P., Batlle, C. (2020). Emergency measures to protect energy consumers during the Covid-19 pandemic: a global review and critical analysis. Energy Research & Social Science, 68 (101678): 1-6.

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