Al finalizar este año, 2025, España habrá cumplido 40 años de pertenencia plena a la Unión Europea. Se trata de un largo e importante período que bien merece un balance en diversos aspectos, en el económico quizá más que en ningún otro. Es lo que trato de hacer, de forma muy breve, en esta entrada dedicada al crecimiento y la convergencia en renta per cápita con la UE, y en otra que me propongo ofrecer en los próximos días, orientada al análisis del bienestar y la distribución de la renta. En ambas se recoge el contenido de una presentación que realicé el 21 de noviembre en las LX Jornadas de Alicante de Economía Española, atendiendo a la amable invitación de sus organizadores, los catedráticos José Manuel Casado e Hipólito Simón, a la que se puede acceder (aquí) y que ofrece más información y análisis.
En el largo período señalado, la economía española ha aumentado su renta per cápita a una tasa media anual del 1,6 por 100, multiplicándola por 1,9 hasta 2025, es decir, casi duplicándola. Es un buen resultado, teniendo en cuenta las dos grandes crisis vividas, la Gran Recesión y la pandemia del coronavirus.
La comparación en niveles de PIB per cápita con la actual UE-27 o con la Eurozona para los años anteriores a 1995 no resulta fácil, porque se carece de información suficientemente fiable de los países que se adhirieron a éstas áreas en 2004 o en los años siguientes. Aún así, se pueden realizar aproximaciones aceptables, contrastando diversas fuentes. La que que yo he realizado, midiendo siempre el PIB en PPA, ofrece el resultado que se recoge en el Gráfico 1.
En el largo período considerado se ha producido sólo una leve convergencia en PIB pc con la UE 27, acortando la distancia existente en algo más de dos puntos. La Gran Recesión deshizo parte del acercamiento que se había producido en los años anteriores, de intenso crecimiento de la economía española. La elevada profundidad que alcanzó esta crisis en España, un asunto ya extensamente estudiado y en el que no cabe abundar aquí, fue en cierta medida el precio que nuestro país pagó por incorporarse a la moneda única, un escenario macroeconómico más exigente, al que se añadió el efecto de las políticas de austeridad que se aplicaron en plena crisis. Con todo, si nos fijamos en los dos países de mayor dimensión, Francia y Alemania (U-2), los líderes naturales del área comunitaria, la convergencia ha sido bastante más pronunciada (Gráfico 2): España ha recortado casi diez puntos de distancia con los niveles de renta per cápita de este destacado grupo.
Como es sabido, el valor del PIB se puede expresar como un producto del número de ocupados por la productividad media por trabajador, definida como PIB por ocupado. De esta identidad elemental, se desprende que su crecimiento posee una base extensiva, el aumento de la cantidad de ocupados, y otra intensiva, el incremento en la eficiencia media de estos. Al pasar del PIB al PIB per cápita, dividiendo por la población, el factor extensivo pasa a ser la ocupación con respecto a la población total, o empleo per cápita (EPC), mientras que el intensivo sigue siendo la productividad por ocupado (PV Trabajador). Pues bien, el crecimiento económico de España, y su convergencia con la UE, se ha basado sobre todo en el ascenso del empleo per cápita, que a su vez ha tenido lugar a través de dos vías: la primera es el incremento de la proporción de la población total en edad de trabajar (población en edad de trabajar sobre el total), y la segunda, el incremento en la tasa de ocupación (ocupados con respecto a la población en edad de trabajar). En cambio, la distancia en productividad del trabajo con la UE-27 se ha incrementado, en lugar de recortarse; sobre todo, si se mide en PIB por horas de trabajo (PV Hora). España tiene pues un problema de empleo, porque su tasa de ocupación todavía es más reducida que la media comunitaria, y tiene también un problema de productividad, porque registra niveles inferiores de ésta en comparación con la UE-27. Pero mientras que el problema del empleo ha tendido a resolverse de forma gradual, en particular en los últimos años, el de la productividad apenas lo ha hecho, debido a una insuficiente inversión en capital humano y en activos intangibles, en particular en innovación productiva y a un apreciable deterioro del marco institucional (ver más sobre factores explicativos aquí). Existen pues dos grandes retos para el futuro, de empleo y de productividad, pero el segundo se ha mostrado hasta ahora más difícil de resolver.
El aumento del empleo per cápita ha sido posible gracias a la entrada de inmigrantes, que ha aumentado la proporción de población en edad de trabajar, rompiendo su tendencia al descenso, y llevándola a niveles hoy superiores a los comunitarios. Ello también ha permitido a España ganar peso en PIB y en población dentro de la UE-27. En 1985, el PIB español era un 8,2 por 100 del total de esta área y hoy es el 9,7 por 100, mientras que la población ha pasado de un 9,3 por 100 a un 10,8 por 100 en el mismo espacio temporal. La entrada de inmigrantes explica el 50 por 100 del avance del PIB en los cinco últimos años (aquí) y aproximadamente el 15 por 100 del ascenso en el PIB per cápita (aquí).
Podemos preguntarnos ahora en qué medida se encuentra España en condiciones de continuar su proceso de convergencia con la UE. Para contestar a esta pregunta conviene considerar dos hechos. El primero es que desde la recuperación de la Gran Recesión en 2013, esto es, en los últimos 11 años, el PIB pc español ha aumentado a una tasa media del 1,6 por 100, por encima de la lograda por los grandes países europeos, de la Eurozona y de la UE-27, a pesar de la pandemia, que afectó a España de manera muy intensa (Gráfico 3). El segundo es que España ha conseguido un notable equilibrio macroeconómico tras el intenso ajuste que supuso el período de crisis financiera. En particular, la situación financiera de familias y empresas es muy holgada; ambos sectores han reducido sus niveles de endeudamiento, y ofrecen ahorro al resto de la economía y al resto del mundo, lo que se traduce en un superavit de la balanza por cuenta corriente y de capital del 4 por 100 del PIB en 2025. Sólo la Administración pública posee una deuda apreciable, aunque no superior a la de otros países como Francia o EE.UU.
En estas condiciones, el crecimiento del PIB español podría igualar o superar el 2 por 100 anual hasta 2030, situando a España como la economía de mayor crecimiento tras los EE.UU., tal y como prevé el FMI. De hecho, entre 2023 y 2025 su PIB ha crecido una media del 3 por 100, apoyándose en una expansión del PIB potencial superior al 2 por 100, fruto del aumento de la inmigración y de la reducción de la tasa de paro estructural. Con esta expectativa, el PIB per cápita lograría aumentar en los próximos años por encima del 1,5 por 100, una tasa superior a la esperable para la UE-27, continuándose así el proceso de convergencia con ésta área.
Con todo, las previsibles restricciones a la inmigración en los próximos años harán más necesario que nunca que el aumento del PIB per cápita se base cada vez más en incrementos de la productividad, el gran reto pendiente. El desempeño de esta variable en los últimos años no ha sido muy ejemplar, no ha crecido si se mide en términos de producto por ocupado, y si lo ha hecho cuando se mide como producto por hora trabajada, porque se han recortados las horas medias de trabajo por trabajador.
En conclusión, en los cuarenta años transcurridos desde que se incorporó a la UE, España ha logrado un crecimiento del PIB per cápita muy apreciable, superior al comunitario, a pesar de la mayor gravedad de las dos crisis económicas vividas (2008 y 2020). Ha conseguido así aproximarse un poco más a la renta media comunitaria, y lo ha hecho sobre todo mediante un importante incremento de su población y de la ocupación, que le ha hecho ganar peso demográfico y productivo en el conjunto comunitario. En cambio, la productividad del trabajo ha crecido a tasas modestas e inferiores a las del área de referencia. Pero España ha conseguido también, no sin dolor, un meritorio equilibrio exterior que ofrece una apreciable garantía de crecimiento estable para los próximos años, aunque dentro del convulso marco institucional.
En el período más reciente, entre 2023 a 2025, una vez lograda la recuperación de la pandemia, nuestro país ha exhibido un crecimiento económico sensiblemente superior a la media de los socios comunitarios, si bien de nuevo basado en la expansión de la población y el empleo, con una base firme en la inmigración. Las perspectivas para lo que queda de década son halagüeñas, de forma que España debería seguir acercándose a la media comunitaria. En cambio, el que lo logre más allá de 2030 depende de que afronte con éxito el reto del aumento en la productividad del trabajo. La modesta pero relevante experiencia lograda en política industrial a través de la gestión de los fondos NextGeneration debería ofrecer una base firme para que el Estado contribuya a ello a través del impulso de sectores avanzados de manufacturas y servicios, una intensa y transversal digitalización y apuesta por la IA y una mayor y efectiva innovación.
