En una entrada anterior (ver aquí), hemos mostrado que durante los cuarenta años de pertenencia a la UE, España ha aumentado su PIB per cápita a un ritmo destacado entre las economías más maduras, convergiendo con éstas, a pesar de la gravedad de las dos crisis vividas (la crisis financiera, a menudo denominada Gran Recesión, y la pandemia del coronavirus). También hemos resaltado la mayor capacidad de crecimiento exhibida en los últimos 11 años, desde 2013, cuando se cierra la crisis financiera, así como los importantes equilibrios financieros logrados a través de costosos procesos de ajuste, que garantizan una mayor estabilidad en la expansión futura. Hemos de examinar ahora qué ha ocurrido con el bienestar colectivo.
El análisis del bienestar es un asunto bien complejo, porque, no sólo requiere combinar indicadores de niveles medios de renta de los hogares con otros que reflejen la equidad de su distribución entre ellos, como sugieren la funciones abreviadas de bienestar social (Ruiz Huerta, 2001), sino también contemplar la capacidad de acceso de los individuos a determinados bienes y servicios públicos o a otros fundamentales de carácter privado, como la vivienda. Una aproximación a este tipo de análisis más amplio para España la ofrece el INE con su Indicador Multidimensional de Calidad de vida (ver aquí ), en el que reúne información acerca de nueve aspectos de la calidad de vida de las personas, que convierte en índices y posteriormente agrega en un índice general. Los aspectos que considera son condiciones materiales de vida, de trabajo, salud, educación, ocio, seguridad, derechos básicos, entorno y experiencia de vida. Este indicador, del que se dispone desde 2008, ha experimentado un aumento sostenido desde 2013 hasta la pandemia, momento en que comienza a empeorar, hasta que en 2022 reinicia su ascenso.
Un análisis de los aspectos mencionados requiere mucha más información de la que este índice ofrece, y en todo caso, escapa a las posibilidades de una entrada de este blog, por lo que vamos a limitar nuestra mirada a los indicadores más clásicos, la renta disponible de los hogares y a su distribución entre diferentes grupos de población.
La renta real disponible de las familias
Disponemos para ello de la serie de renta disponible bruta y neta de los hogares que ofrece el INE desde 1995. Esta renta es la suma de las percepciones que reciben las familias procedentes de tres fuentes, trabajo, capital y subsidios públicos, de las que se restan los impuestos y cotizaciones que han de abonar. Tomamos el valor ajustado, que añade a las rentas antes mencionadas las transferencias públicas recibidas en especie, y expresamos la renta en valores reales per cápita, deflactándola por el IPC y dividiéndola por la población (Gráfico 1)
Así estimada, la renta de los hogares per cápita muestra una evolución algo más lenta que el PIB per cápita, de forma que sólo en 2023 se alcanza el nivel máximo anterior, el de 2007, que se supera ya claramente en 2024 y 2025.
La evolución de los ingresos familiares deja ver a las claras el sufrimiento que la población española ha experimentado como consecuencia de la crisis financiera vivida entre 2008 y 2013, que se tradujo en un notable encogimiento de la clase media española, definida de forma estándar como aquella cuyas rentas se encuentran entre el 75 por 100 y el 200 por 100 del valor mediano (ver aquí la evolución de la clase media comparada con los restantes países de la UE). El ascenso de la renta de las familias desde 2013 es algo más lento que el del PIB per cápita, porque el deflactor del PIB crece menos que el IPC, al recoger sólo las variaciones de las remuneraciones de los factores productivos y no los precios de los bienes importados, que también afectan a los precios de los productos que consumimos. No es sorprendente que la población no perciba las mejoras que se producen en el ámbito macroeconómico.
Las diversas fuentes de la renta de las familias no sufrieron por igual el impacto de la crisis financiera. Las más damnificadas fueron las laborales. La principal de ellas, la remuneración real de los asalariados, que representa dos tercios del total de las rentas percibidas por los hogares, se redujo cerca de un 21 por 100 entre 2008 a 2013, sobre todo como consecuencia de la disminución del empleo asalariado, aunque también de la de los salarios reales (de un 2,3 por 100, como media, aunque los percibidos por la decila de población con menores retribuciones descendieron nada menos que un 25 por 100). La remuneración real de los asalariados sólo consiguió superar el nivel de 2008 muy recientemente, en 2023, como resultado del aumento del empleo asalariado, y de un alza de los salarios reales desde 2018 (del 5,4 por 100). Pero el poder de compra se ha visto mermado también por la mayor progresividad fiscal derivada de la elevada inflación vivida en los años de postpandemia, aunque el efecto de ésta se ha visto compensado por mayores prestaciones públicas para los perceptores de menores salarios y para los desempleados. En todo caso, como consecuencia de la evolución descrita, los salarios reales de las diez decilas en que se puede dividir la población de asalariados poseen hoy un nivel real solo ligeramente superior al de 2008, con excepción de los integrantes de la decila segunda, en la escala inferior, beneficiados de las recientes mejoras del salario mínimo.
La evolución de los salarios reales resulta aún más lenta si se compara con los años anteriores a la Gran Recesión, con el decenio de 1990. En 2018, cuando se inició su reciente recuperación, no sólo tenían un nivel inferior al de 2008, sino también al de 1992. De esta forma el incremento de los salarios españoles en los últimos treinta años se sitúa en los niveles más bajos de los países de la OCDE (el cuarto por abajo, superando sólo a México, Japón e Italia y bastante por debajo de Grecia y Portugal), un 2,76 por 100 de 1994 a 2004, según esta organización (un 4,1 por 100, según nuestros datos), frente a una media del 30,88 por 100.
Detrás de esta sorprendente trayectoria se encuentra sin duda la particular gravedad de la crisis española, que el Gráfico 1 expresa bien. Pero también el comportamiento de los empresarios, que basan su competitividad en los costes laborales, en lugar de en la innovación y en el aumento de la productividad. Dos pruebas para ello, la primera es que el incremento de los salarios reales españoles no ha seguido el de la productividad, que ha sido bastante más elevado en el mismo período de los últimos treinta años, del 18,8 por 100. En esto España se parece a Italia y se diferencia de Francia o Alemania, donde salarios reales y productividad han marchado al unísono. La segunda que la rentabilidad de las empresas españolas ha estado siempre, excepto en la pandemia, pero incluso durante la crisis financiera, por encima de las empresas de los países citados (ver aquí para profundizar en este asunto).
La otra fuente de ingresos laborales, la percibida por los trabajadores no asalariados, cuya naturaleza es la de renta mixta de su trabajo y su capital, también experimentó una gran contracción con la crisis financiera. De 2007 a 2013, su montante real se redujo un 31 por 100, en este caso menos por la reducción del número de empresarios autónomos que por la bajada de sus rentas medias, de la que aún están lejos de recuperarse, pues hoy apenas supera el nivel de comienzo de la serie en 1995.
En cambio, las rentas no laborales experimentaron una evolución bastante más favorable. La recibida por las familias como compensación de sus propiedades (rentas de la propiedad), experimentó una reducción del 50 por 100 en términos reales, tanto si se mide en valor absoluto como en términos per cápita, pero había crecido muy considerablemente en los años anteriores. Los niveles reales conseguidos en 2024 se acercan a los de 2008, aunque sin llegar a alcanzarlos, pero superan en un 30 por 100 a los de 1995.
Por otra parte, los ingresos de los hogares provenientes de sus participaciones en el capital de las empresas (excedente bruto de explotación) no registraron ninguna reducción real en el período de crisis financiera, sino que, por el contrario, subieron en términos absolutos y en términos per cápita. En 2013, el nivel alcanzado era un 7 por 100 superior al de 2008 (un 6 por 100 en términos per cápita), aunque ello en parte se debió a que las familias recibieron un porcentaje creciente de los beneficios empresariales, que pasaron del 18,2 por 100 del total en 2008 al 22 por 100 en 2013. Es algo sorprendente, porque el excedente bruto de explotación de las empresas se redujo en términos reales un 11 por 100. En cambio, a partir de 2013, este excedente ha aumentado sin que la proporción dirigida a las familias lo haya hecho; antes al contrario, la proporción señalada ha disminuido, indicando quizá que las empresas quieren proteger su ahorro con fines de inversión.
Resulta obvio que la dinámica de rentas examinada, tan desfavorable para las rentas del trabajo, ha de cambiar de forma radical en el futuro si se quiere que la economía española crezca y que las familias españolas perciban ese crecimiento. El reto es el aumento de la productividad y para ello es inaplazable una apuesta por la innovación y por la política industrial que ha de apoyarla. Es el camino evitado desde hace ya mucho tiempo, pero es el único, no hay otro.
Distribución personal de la renta y niveles de pobreza
Cuando se examinan los niveles de distribución personal de la renta y los de pobreza, la percepción de la evolución del bienestar de nuestra economía durante los cuarenta años de pertenencia a la UE arroja nuevas sombras.
En efecto, la equidad actual en la distribución personal de la renta, medida por el índice de Gini, es inferior a la de 1985, el año de incorporación de España a la UE, con un índice por encima del alcanzado ese año, 0,312 frente a 0,289, un 7,6 por 100 superior, como muestra el Gráfico 2, tomado del capítulo 19 del libro Lecciones de Economía Española (Civitas, decimoctava edición, 2024) cuyos autores son Juan Ignacio Palacio y Luis Ayala, al que se ha podido añadir el dato de 2024 (gracias a la disponibilidad del original, amablemente facilitado por sus autores). La comparación entre años resulta difícil porque se hace a partir de tres encuestas diferentes, las dos primeras son Encuestas Continuas de Presupuestos Familiares (ECPF), pero utilizan diferentes metodologías, y la tercera es la Encuesta de Calidad de Vida (ECV). Las separaciones entre las líneas indican las rupturas de la serie que estos cambios en las fuentes conllevan.
Prescindiendo de estas rupturas, a lo largo de todo el período, pueden observarse algunas mejoras en la equidad, que coinciden con los períodos de disminución del desempleo, en particular desde 2015, y aún más claramente en los últimos cuatro años. Estas últimas mejoras han sido mayores que en la UE, pero nuestro nivel de desigualdad es superior al medio de los países que integran esta área, y, como es sabido, ello no se debe a que la actividad económica genere una desigualdad primaria mayor en España, sino a una política redistributiva de menor alcance.
También puede observarse el aumento de la desigualdad asociado a la crisis financiera, debido al incremento del desempleo que generó, al descenso de los salarios, y sobre todo a la mayor reducción de los más bajos, ya comentada. Por cierto, que la positiva relación entre disminución del paro y mejora de la equidad distributiva que está muy bien documentada por Rafael Doménech (ver aquí ) no se observa el período de la burbuja inmobiliaria, entre 2002 y 2007, algo que resalta la peculiaridad de ese problemático período, y que merecería una investigación profunda,
Cuando pasamos al análisis de la pobreza, de nuevo la valoración de nuestra evolución económica se ensombrece. Olga Cantó y otros investigadores (Cantó et al, 2001) ofrecen valores de la tasa de pobreza relativa para 1985 en torno al 20 por 100, tanto para el conjunto de la población como para los menores de 18 años. Sorprendentemente, los valores que ofrecen para 2023 J.I. Palacios y Luis Ayala en la publicación anteriormente citada son de un 19,7 por 100 para el conjunto de la población y del 29,2 para los menores de 18 años. De esta forma, las tasas del conjunto de la población serían las mismas, con la diferencia de que habrían crecido para las edades comprendidas entre 18 y 65 años y descendido para los mayores de este último umbral, aproximadamente desde el comienzo de este siglo, y también habrían aumentado para los más jóvenes desde 1990 (ver aquí).
Adicionalmente, cuando se considera la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, denominada tasa AROPE (At risk of poverty and/or exclusión), que recoge la pobreza, la escasez material y la intensidad laboral de las familias, España se sitúa en los primeros lugares de la UE (Gráfico 3) con más de 12 millones de personas afectadas, y debiendo reducir para 2030 esa tasa al 14,3 por 100 para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030 (ver informe aquí)
En conclusión, a pesar de haber conseguido crecer a un ritmo apreciable, superando los elevados costes de la crisis financiera y de la pandemia, España se enfrenta en los próximos años al importante reto de hacer llegar de forma más clara su crecimiento a las familias, mejorando la distribución de la renta, y sobre todo, reduciendo la tasa de pobreza de la población de menor edad, lo que exige sostener el crecimiento económico, reducir el paro y la precariedad laboral y ampliar el impacto de las políticas redistributivas, cuidando en particular la educación, principal motor de progreso individual y social. Atender a los más jóvenes es un objetivo primordial, porque no sólo poseen mayores riesgos de pobreza, sino que se han quedado atrás en la acumulación de riqueza y se enfrentan a un serio problema de vivienda, un activo clave para su seguridad y bienestar.
Referencias
Cantó, O., del Río, C. y Gradín, C., 2001. La evolución de la pobreza estática y dinámica en España en el período 1985-1995, Universidad de Vigo, PT nº 24/02, Instituto de Estudios Fiscales.
Ruiz Huerta-Carbonell, J.(2001). Comparaciones internacionales de bienestar. Una aplicación con datos LIS. Papeles de Economía Española, nº 88, pp. 29-42.
