Muy recientemente la OCDE ha publicado su informe anual Perspectivas del Empleo correspondiente a 2020, con el título en español de Perspectivas del empleo de la OCDE 2020 La seguridad de los trabajadores y la crisis de la COVID-19 (aquí). Este informe constituye una publicación de referencia en el ámbito del análisis laboral de los países avanzados, ya que ofrece sistemáticamente información de mucho interés. Tras el muy interesante informe de 2019 dedicado en exclusiva al futuro del empleo en el contexto de los importantes cambios estructurales que se derivan del efecto conjunto de la innovación tecnológica, la globalización y el envejecimiento de la población (aquí), la edición de 2020 retoma un formato más tradicional, con un extenso primer capítulo dedicado al análisis coyuntural (y centrado, como no podía ser de otra forma, en los efectos de la crisis económica asociada al covid-19) y el resto de capítulos centrados en cuestiones laborales más específicas (en el caso de la edición de 2020 dedicados a las prestaciones por desempleo para los falsos autónomos, las tendencias recientes en los sistemas de protección del empleo, los trabajadores con niveles intermedios de cualificación y las perspectivas de los graduados en formación profesional, respectivamente).
Obviamente, ofrece un especial interés en la coyuntura actual el análisis del intenso impacto que la crisis del covid-19 está teniendo en los mercados de trabajo de los países de la OCDE, así como la prospectiva a corto plazo que ha realizado la institución en dos escenarios distintos, uno pesimista bajo el supuesto de que se dará una segunda ola generalizada de pandemia durante 2020 y otro optimista, en ausencia de este evento. Desafortunadamente, incluso en el escenario más optimista, los efectos de la crisis durante 2020 van a ser muy destacados en la OCDE tanto sobre el empleo (con una caída prevista del 4,1%) como sobre el desempleo (previéndose que la tasa de desempleo promedio de los miembros alcance máximos históricos del 9,2%).
El informe destaca también cómo las políticas sociales y de empleo han ofrecido en la práctica totalidad de los países una respuesta sin precedentes tanto en escala como en alcance que ayudará a mitigar los graves impactos laborales y sociales derivados de la crisis. En el primer caso se trata esencialmente (aunque no solo) de la adopción de medidas masivas para aumentar el apoyo a los ingresos de los más vulnerables, mientras que en el segundo destaca la introducción o ampliación de los planes de retención del empleo. Una idea que se destaca en la publicación es que, si bien a corto plazo el apoyo continuo para algunos sectores sigue siendo vital para proteger el empleo y el bienestar, a medida que la actividad se recupere los mecanismos del mercado laboral deben reiniciar sus operaciones y las medidas de política deben establecer un equilibrio adecuado entre proporcionar un apoyo continuo y fomentar la actividad empresarial y la necesaria reestructuración. Finalmente, también se insiste en la necesidad de atender a los principios de reciprocidad y responsabilidad, de modo que todos los integrantes de la sociedad contribuyan por igual a la rehabilitación, incluyendo especialmente aquellos que se han beneficiado del apoyo público, y de la resiliencia, ya que la crisis ha impactado en mayor medida en colectivos vulnerables, por lo que es necesario fortalecer su resiliencia e inclusividad en el mercado laboral.
En el caso concreto de España (puede consultarse la nota de país aquí), el informe destaca ante todo dos cuestiones. La primera es el notable calado de las medidas extraordinarias adoptadas por el sector público en nuestro país para apoyar los ingresos de las personas en situación de vulnerabilidad y contener el aumento del desempleo. La segunda es que, a pesar de las mismas, en un contexto de importante heterogeneidad internacional del deterioro laboral asociado a la crisis (relacionada con cuestiones como la intensidad de las medidas de restricción a la movilidad, las características de la estructura productiva o la naturaleza de las medidas de respuesta), la magnitud del deterioro va a ser comparativamente muy importante en España.
Así, en relación con la primera cuestión, la OCDE destaca cómo entre las medidas extraordinarias adoptadas en España se encuentra aumentar las prestaciones por baja laboral para los trabajadores con covid-19, así como que nuestro país constituye el único miembro que reconoce el covid-19 como enfermedad profesional para todos los empleados. En el mismo sentido, se destacan los importantes cambios introducidos en los ERTE (simplificando procedimientos administrativos, ampliando condiciones de acceso de los trabajadores y proporcionando apoyo financiero a las empresas), hasta el punto de que en mayo de 2020 los ERTE cubrían al 18% del total asalariados (una proporción algo menor que el promedio de la OCDE), beneficiando a casi 3 millones de trabajadores. Otros aspectos que se señalan son la aprobación de medidas temporales relacionadas con la protección del empleo (como la prohibición explícita a las empresas despedir a los trabajadores mientras participan en un ERTE o en los meses subsiguientes, la introducción del requisito de que los despidos por motivos relacionados con la pandemia deben ser revisados por un juez y la prolongación de la duración de los contratos de plazo fijo que expiren durante la emergencia sanitaria), la mejora en el acceso a las prestaciones por desempleo (reduciendo los requisitos de cotización mínima, cubriendo a los grupos que no tenían derecho anteriormente, como los trabajadores que finalizaban un periodo de prueba, y prorrogando automáticamente hasta el final de la crisis las prestaciones que estaban por expirar), así como la introducción del Ingreso Mínimo Vital en beneficio de los colectivos más vulnerables.
Con respecto al impacto laboral de la crisis en nuestro país, la OCDE estima que los niveles de desempleo podrían situarse a finales de año claramente por encima del 20% en cualquiera de los dos escenarios contemplados y en torno al 26% en el peor de ellos, lo que supondría igualar el máximo histórico alcanzado en nuestro país en 2013 durante la crisis que amenazó con la fragmentación de la zona euro (gráfico 1). El desempleo medio proyectado para el año 2020 sería, por su parte, del 19,2% y del 20,1%, respectivamente. Alternativamente, los niveles de empleo podrían llegar a caer con respecto a los niveles de finales de 2019 entre un 9% y un 13%, en función del escenario (gráfico 2). Esto se debe, entre otras circunstancias a una drástica reducción en la contratación, asociada tanto a la no renovación de los contratos temporales como a la congelación de la contratación durante el cierre (que implicó, por ejemplo que las ofertas de empleo en línea en España fueran a principios de junio un 40% menores que a principios de febrero), y se va a traducir en un impacto muy heterogéneo a nivel regional (de modo que la fuerte concentración de las pérdidas de empleo en algunos sectores muy afectados por la crisis da lugar a que la proporción de empleos en riesgo sea mucho mayor en regiones turísticas como las Islas Baleares y las Islas Canarias). Para acabar de completar un escenario extremadamente preocupante, a estas expectativas laborales poco halagüeñas la OCDE añade la circunstancia de que, según sus estimaciones, España es el país miembro con una mayor proporción de trabajadores (en torno al 55%) cuyas características de los puestos de trabajo implican un riesgo alto de infección.
Gráfico 1.
Tasa de desempleo. Porcentaje de la población activa.
Fuente: OCDE (2020), OECD Employment Outlook 2020
Worker security and the covid-19 crisis Country note Spain
(https://www.oecd.org/spain/Employment-Outlook-Spain-ES.pdf).
Gráfico 2.
Crecimiento del empleo.
Cuarto trimestre de 2019=100.
Fuente: OCDE (2020), OECD Employment Outlook 2020
Worker security and the covid-19 crisis Country note Spain
(https://www.oecd.org/spain/Employment-Outlook-Spain-ES.pdf).
[…] de esperar conforme a todas las previsiones, incluyendo las de la OCDE y la Comisión Europea (ver aquí y […]